La nueva ley que propone que las declaraciones juradas (DDJJ) de los funcionarios de los tres poderes del Estado se suban a Internet, no deja en claro qué rol tendrá la Oficina Anticorrupción (OA).

"Tememos que con la información disponible que estipula la nueva ley, no se pueda investigar, que se pierda la razón de ser de la oficina", manifestaron desde la entidad al diario La Nación. "Pueden destruir a un organismo que, aunque perfectible, ha funcionado bien. No sabemos qué va a pasar, pero no queremos transformarnos en data entry", agregaron.

La Oficina Anticorrupción se encarga de recopilar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Intima a quien no cumpla con esa presentación e investiga posibles irregularidades en la evolución patrimonial de, entre otros, la Presidenta y sus ministros. Cualquier ciudadano puede requerir esos documentos con un trámite sencillo, de manera personal.

"En los nuevos formularios no figuran trabajos anteriores, con lo cual no se pueden analizar conflictos de intereses", señalaron.

La nueva ley de "Carácter público de las declaraciones juradas", que forma parte del paquete de la reforma judicial impulsada por Cristina Kirchner, todavía no fue reglamentada y deja muchas dudas.

En principio, permitirá que la ciudadanía acceda a las declaraciones juradas a través de Internet e incluirá a los legisladores y a los jueces entre quienes deban ser observados. Los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial ya estaban obligados por la Ley de Ética pública a presentar sus DDJJ, pero su acceso era más engorroso.

La nueva ley, no obstante, introduce una modificación clave: el cambio de formulario de la declaración jurada. Ya no se presentará el detallado informe que requería la Oficina Anticorrupción, sino que, según el texto del proyecto, los informes "serán iguales a aquellos que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)", agregó el matutino.

"Va a ser mucho más difícil saber si utilizarán a los parientes como testaferros", remarcaron desde la entidad, donde todavía no saben si se tratará del formulario de Bienes personales o el de Ganancias, ni con cuáles datos contarán.

El diputado de la UCR y ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido alertó sobre las posibles consecuencias de la nueva ley. "No podrá conocerse la totalidad de los bienes de ningún funcionario y por lo tanto tampoco estarán a disposición los datos para saber qué incremento patrimonial tiene", señaló al matutino.

"En el caso de las sociedades, no se conocerán el porcentaje de acciones", remarcó.

"Le ponen nombre de transparencia a un sistema que en la realidad va a recortar la publicidad del patrimonio de los funcionarios", aseguró a La Nación. Y ejemplificó: "Con estos formularios, por caso, no nos podríamos enterar del préstamo que de 8 millones y medio que Lázaro Báez le hizo al ex presidente Néstor Kirchner".

Respecto de los bienes a nombre de familiares, la nueva ley habla de un "anexo reservado" y señala: "Las declaraciones juradas públicas tendrán un anexo reservado que contendrá la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes a los funcionarios, su cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados".

Es decir: los datos del núcleo familiar que hasta ahora estaban abiertos en el formulario de la OA, pasarán a formar parte de un "reservado" que no estará disponible en Internet.