Con una economí­a más frágil, Cristina ya ajusta su relato para la nueva etapa de la "resistencia"

El Gobierno se considera bajo ataque y, en consecuencia, cree que debe adoptar una actitud defensiva.

Ese es, en síntesis, el contundente mensaje que Cristina Kirchner ha estado enviando en sus recientes apariciones públicas.

Y dejó en claro que, en esta nueva fase de su proyecto político, no hay lugar para neutrales, de manera que se debe descartar cualquier pacto o apoyo a quienes deseen encarnar un "kirchnerismo light". Más bien, se respaldará a aquellos que garanticen una adhesión total a su liderazgo y a su programa.

Los discursos de las últimas semanas han sido elocuentes respecto del estado de humor de la Presidenta.

"Si no se organizan, van a venir por ustedes", "no soy eterna ni lo quiero ser", "estoy un poquito cansada de que algunos se hagan los idiotas o me tomen a mí por idiota". Estas afirmaciones forman parte de la lista de frases "bomba" que lanzó recientemente la jefa de Estado.

En todo caso, lo que queda claro es que, fiel a su estilo, no sólo no va a cambiar las aristas más criticadas de su programa de gobierno sino que las piensa profundizar.

"La Presidenta está tratando de mantenerse en el centro de las escena pública de forma muy agresiva. Y la manera que elige de ser protagonista es recordando lo que ella considera las medidas más relevantes de su gestión y generar la duda sobre si alguien las quiere revertir", analiza Sergio Berensztein, director de la consultora Poliarquía.

El politólogo hace referencia a las advertencias de Cristina respecto de qué podría ocurrir si el proyecto kirchnerista llegase a sufrir una derrota electoral.

Con su reconocida habilidad discursiva, la Presidenta ha insinuado que podrían ser revertidas medidas tales como la expropiación de YPF y de Aerolíneas Argentinas, así como las negociaciones salariales en paritarias o la instauración de la Asignación Universal por Hijo y otros planes de asistencia social.

La realidad es que ningún opositor ha planteado en sus plataformas políticas la posibilidad de avanzar en un cambio en este sentido.

Y es que, tanto los críticos del Gobierno como los propios kirchneristas saben que algunas de estas iniciativas han contado con amplio respaldo de la opinión pública.

En su momento, la nacionalización de YPF obtuvo una adhesión del 72%, y una encuesta de Ipsos Mora y Araujo demostraba que un 80% de los argentinos eran proclives a la propiedad estatal de los servicios públicos.

Es decir, fueron medidas cuya aprobación trascendió largamente la base de apoyo electoral del kirchnerismo. Luis Costa, director del área de opinión pública en Ipsos, destacaba que esto denotaba un cambio de visión generalizado, que contrastaba fuertemente con el de la década de los '90, cuando sólo un 20% de la gente quería que el Estado gestionara los servicios.

Polarizar para ganar
Los opositores son conscientes de esta situación y por eso es que hasta los más abiertamente "noventistas", como Mauricio Macri, han evitado referirse públicamente a la eventualidad de derogar estas medidas.

Más bien, al contrario, Jaime Durán Barba, el asesor de imagen del jefe de Gobierno porteño, le ha recomendado emular a Cristina en temas tales como los programas de asistencia social, de manera de "generar impacto" en la agenda política.

De hecho, la única iniciativa reciente sobre la cual la oposición adelantó que sí promovería una derogación es la referida al blanqueo de capitales, una medida "antipática", no sólo para la opinión pública sino hasta para la propia "tropa" oficialista.

¿Por qué entonces la Presidenta agita el fantasma de una "regresión" de las más emblemáticas medidas, en caso de que obtenga un resultado negativo en las urnas?

Los analistas apuntan a que se trata de un comportamiento típico de los gobiernos argentinos de los últimos años.

Así como en los '80 Raúl Alfonsín tendía a mostrarse como garante de las instituciones democráticas, luego en los '90 Carlos Menem generaba inquietud con un eventual regreso de la hiperinflación, si se interrumpía su ciclo.

"No es cierto que ahora se esté pensando en dar marcha atrás con todas las políticas de Cristina. Pero ella quiere instalar esa creencia, para así generar empatía con el público y que su figura sea vista como garante de estas medidas", afirma Berensztein.

Por otra parte, esa postura va en línea con lo que ha sido una preocupación del kirchnerismo: generar una polarización social, como estrategia política y electoral.

Como afirma Artemio López, el más notorio encuestador y politólogo cercano al oficialismo, la próxima elección tendrá una importancia que trascenderá al mero recambio legislativo, a punto tal que implicará un verdadero plebiscito respecto del proyecto iniciado en 2003.

Y advierte que sólo una victoria holgada le permitirá al kirchnerismo pensar en una continuidad más allá de 2015.

Para ello, plantea dos condiciones que debe lograr: la primera es "nacionalizar" la elección, ya que el oficialismo pierde fuerza cuando el protagonismo se desplaza desde Cristina hacia los dirigentes locales.

La segunda condición es polarizar la campaña.

Artemio López cree que para que el Gobierno logre un gran caudal de votos en las urnas debe apuntar a un cambio en el comportamiento del electorado, y para eso debe generar escenarios de polarización.

Es ahí donde la estrategia del kirchnerismo hace entrar, como protagonistas con los cuales "polarizar", a los enemigos preferidos de la Presidenta: las "corporaciones", la Justicia y los multimedios.

En una nueva muestra de habilidad retórica, Cristina ya no sólo critica al Poder Judicial con argumentos "de izquierda", como la supuesta tendencia de los jueces a favorecer a los "grupos concentrados".

Ahora, en cambio, el discurso presidencial empieza a incorporar frases típicas de la derecha. Hace unos días, en un acto junto con el intendente de Lomas de Zamora, se quejó de cómo "se desbaratan bandas delictivas que entran por una puerta y salen por la otra".

Es decir, muy lejos de la postura "garantista" que tradicionalmente ha defendido el kirchnerismo.

Por otra parte, el renovado énfasis del "relato" al acusar a las corporaciones supone también un "reaseguro" para el caso de que las actuales políticas económicas no den los resultados esperados.

Un ejemplo de ello es el congelamiento de precios: la Presidenta ya dejó en claro que no considera que la inflación sea causa de la política económica del Gobierno (fuerte emisión, elevado gasto público, déficit fiscal) sino, más bien, que responde a la "codicia" de los empresarios.

Los analistas, fuertemente escépticos sobre la gestión K, se preguntan cuál será la reacción de Cristina ante una crisis inflacionaria o de su gestión económica.

"Lo único previsible son los chivos expiatorios a los que recurrirá la Presidenta: una presunta crisis internacional y la denuncia de un ‘golpe de mercado' ejecutado por especuladores enemigos del modelo nacional y popular", imagina el economista Federico Muñoz.

En la misma línea, Federico Sturzenegger, titular del Banco Ciudad, advierte que la propia lógica kirchnerista de profundizar su receta de intervención y controles lleva a una "venezuelización de la economía".

La fórmula anti-Lanata
Está claro que, además de defender sus políticas o diseñar estrategias electorales, una de las apuesta más importantes de esta nueva fase del kirchnerismo tiene que ver con la manera de hacer frente a las denuncias de corrupción.

Las encuestas son contundentes al mostrar que los escándalos le han valido una caída de no menos de 10 puntos a la imagen presidencial.

La estrategia elegida por la Presidenta ha sido la de no contestar en forma directa las acusaciones de enriquecimiento ilícito o de vínculos con empresarios favorecidos por la obra pública.

Más bien, ha preferido ocupar el rol de víctima de una campaña mediática, a la que atribuye el objetivo de querer minar los logros de modelo K.

Fue sugestivo el paralelo que trazó entre el clima político de los años '50 con su propia situación actual: "No te imaginás las cosas que dijeron de Eva y Perón porque habían incorporado derechos", afirmó en un reciente acto.

Fue allí cuando planteó el argumento de que, detrás de las acusaciones hay en realidad una intención oculta de promover un proyecto político que intenta distraer la atención sobre las mejoras en el empleo y en la asistencia social.

"Podrán poner titulares, zócalos en los televisores, pero no podrán borrar la vivencia de miles de argentinos en esta década; eso es imborrable", sostuvo.

Este argumento fue posteriormente tomado por el grupo de intelectuales de Carta Abierta, quienes fustigan al programa de Jorge Lanata por distraer con "acusaciones sin pruebas".

Esta argumentación se complementa con otro fuerte mensaje de la Presidenta hacia la interna kirchnerista: no se tolerará a los "neutrales".

Por eso, el nuevo test de fidelidad oficial pasa por la vehemencia con la cual se contrataque a las acusaciones de corrupción.

Como destaca el analista Jorge Asis, ya se están viendo señales de esa nueva consigna, por ejemplo en la actitud del ministro Julio de Vido.

"Van siempre al frente. Aunque sean atacados por el fuego cruzado -dice- de ‘los verdaderos corruptos'. Los que se resisten a ‘pagar la Asignación Universal por Hijo'. Pero ellos -prosigue el embale de De Vido- ‘no pagan las cargas sociales'", describe Asis.

Los analistas manifiestan dudas respecto de si esta estrategia será eficiente en cuanto a disipar el efecto negativo de las denuncias de corrupción. Por lo pronto, sirve para disciplinar a la propia tropa.

Uno de los deportes actuales dentro del kirchnerismo, consiste en pegarle a aquellos que mantienen buenas relaciones con los medios que atacan a la Presidenta.

Como hizo la nueva jefa del bloque de diputados K, Juliana Di Tullio, quien apeló a los códigos barrabravas cuando dijo que el gobernador Daniel Scioli tenía que "aguantarle los trapos" al Gobierno.

O como Julián Domínguez, que prefirió la cita bíblica para dar el mismo mensaje que su colega: "Hay que acompañar los tiempos que ella va marcando y defender a la Presidenta. En esto se es evangélico: o se es frío o se es caliente, a los tibios los vomita Dios".

Es en este contexto en el que se especula sobre el giro más radical de Cristina: el repliegue sobre su base política más leal, corporizada en la agrupación La Cámpora.

A esto contribuyeron las apelaciones de la Presidenta respecto de "empoderar a la sociedad" para defender las conquistas de la "década ganada", así como su entusiasmo por la militancia juvenil que permite pensar en un recambio generacional para su proyecto.

Mientras coordina a los militantes que controlan los precios en los supermercados, el diputado Andrés "Cuervo" Larroque se prueba el traje de ministro de Desarrollo Social.