El Congreso de Uruguay aprobó este miércoles un nuevo impuesto a los bienes rurales para evitar la concentración de tierras y financiar inversiones en infraestructura, una medida que podría desalentar la llegada de capitales extranjeros al sector agropecuario. 

La normativa, avalada por el presidente José Mujica, fue sancionada en la Cámara de Diputados únicamente con los 50 votos del oficialismo (sobre 71). En el Senado había sido aprobada a comienzos de mayo.

"Evidentemente tiene razones políticas la decisión de desalentar la concentración de la tierra (...) y creer que los

que más tienen son los que más deben pagar es también una opinión política con aspectos ideológicos muy profundos incorporados", dijo el diputado oficialista Gonzalo Mujica.

"En el mundo hay una corriente de opinión extendida y de larga data que dice que gravar al capital, imponer a los más ricos, enlentece el desarrollo de la sociedad porque impide la inversión. (...) Yo estoy totalmente en contra de esa opinión", agregó.

El tributo sería aplicado sobre unos 1.500 propietarios y generaría una recaudación algo superior a los u$s60 millones, que serán utilizados en la reparación de rutas nacionales y caminos rurales, así como en la instalación de una nueva universidad tecnológica en el interior del país.

Críticas

"Esta es una forma de gobernar que implica cambiar las reglas de juego, sorprender a los navegantes, dar señales

equívocas, en este caso concreto de la política fiscal, y eso es lo que a nosotros nos parece que no está bien, que está mal", advirtió el diputado Pablo Abdala, del opositor Partido Nacional.

"No he visto un estudio serio que diga que esto realmente apunta esencialmente a evitar la concentración. El único estudio que hay al respecto lo hicieron las Cooperativas Agrarias Federadas. Y justamente el resultado de lo que dice esa investigación es al revés: lo que hacen estos impuestos es aumentar la concentración", añadió el también nacionalista Ricardo Berois.

Detalles

La posesión de tierras, maquinaria y animales será gravada con el Impuesto al Patrimonio siempre que los bienes superen los 12 millones de unidades indexadas a la inflación (unos u$s1,6 millones), en función del valor catastral más una alícuota de un 40 o un 80 por ciento.

Se implementarán franjas progresivas para el tributo, cuya tasa básica será de un 1,5% y una máxima de un 3% en función de la cantidad de hectáreas.

No obstante, el Poder Ejecutivo podrá reducir los aportes discrecionalmente cuando lo considere conveniente.

En el sector rural, hasta ahora pagaban Impuesto al Patrimonio las sociedades cuyos accionistas no eran personas físicas, como los fondos de pensión extranjeros.

La medida fue impulsada por el Poder Ejecutivo luego de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR).

Mujica incentivó la aplicación del impuesto alegando que el valor de la tierra se ha multiplicado en los últimos años de forma exponencial, hasta un monto promedio actual de unos u$s3.500 por hectárea.

Enfriamiento de inversiones

Aunque el nuevo impuesto sólo implicaría un cambio de rótulo respecto al antiguo ICIR, derogado por el Parlamento en la noche del martes, los especialistas se mostraron cautos acerca de los efectos que podría tener sobre las inversiones agropecuarias.

"Es un costo más en la estructura del negocio, y en negocios que dependen del clima y de aspectos que uno no puede manejar, si te va un año medio mal, te puede pegar un golpe importante", explicó Federico Camy, socio del estudio Guyer & Regules.

El especialista explicó que los efectos dependerán de las características de cada emprendimiento, pero ejemplificó de acuerdo a estudios realizados que en algunos casos el Impuesto al Patrimonio puede llegar a ser un 50% más caro que el ICIR. Ello sin considerar exoneraciones del Poder Ejecutivo.

Para Camy, la medida estará presente entre los agentes a la hora de evaluar invertir en Uruguay: "Va a pesar en la decisión. No creo que por esto dejen de invertir (pero) saben que ganarán menos".

Diego García, director de Integración Agropecuaria, una firma dedicada al asesoramiento y gestión de inversiones en el sector, dijo que el enlentecimiento de los negocios ya se vio con la implementación del ICIR y que ahora el costo recaerá sobre la imagen del país.

"Lo importante a nivel de cualquier emprendimiento es justamente que haya transparencia, una situación previsible en cuanto al desarrollo de los negocios", apuntó.

"El impacto ya se tuvo cuando se propuso y se votó la ley anterior (...), cuando se planteó el ICIR", precisó García.

Al respecto, las gremialistas rurales manifestaron su desacuerdo con la ley desde la implementación del anterior tributo, argumentando el efecto sobre las inversiones.

Uruguay, cuya economía está basada en la actividad agrícola-ganadera y el turismo, creció un 3,9 por ciento en 2012, luego de expandirse un 6,5 por ciento en 2011, recordó Reuters.