EE.UU., Europa, Rusia y la India "alambran" Internet y crean sus versiones de "Gran Hermano"

Junio de 2013 pasará a la historia como el mes cuando la censura y la vigilancia de las actividades de los usuarios de Internet quedó como nunca antes expuesta ante la opinión pública y cuando los gobiernos de las grandes potencias justificaron sus propósitos de profundizar el control de la red.

Una frase de un alto funcionario del oficialismo de Turquía, país sacudido desde hace casi un mes por revueltas organizadas a través de redes sociales, refleja la razón de estas medidas:

“Un ‘tuit’ con mentiras y calumnias es mucho más peligroso que un coche bomba. La explosión de un vehículo cargado de explosivos puede tener un impacto limitado, pero un ‘tuit’ cargado de mentiras y calumnias puede contribuir a crear un ambiente conflictivo”.

La mecha del escándalo fue encendida el 5 de junio por el diario británico The Guardian, que publicó una orden emitida por el Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera de los EE.UU., que exigía a la compañía telefónica Verizon la entrega a la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA, sigla en inglés) del registro de decenas de millones de llamadas de sus clientes. 

El mandato no autorizaba a conocer el contenido de las comunicaciones ni los titulares de los números de teléfono, pero sí permitía el control de la duración y el destino de esas llamadas.

The Guardian y The Washington Post revelaron el 6 de junio la existencia del programa secreto de vigilancia PRISM, que autorizaba a la NSA y al FBI a acceder a los servidores de nueve de las empresas de Internet más importantes de EE.UU., entre ellas Microsoft, Google, Facebook y Apple. 

Mediante esta práctica, instaurada en 2008, el Gobierno podía acceder a archivos, chats, audios, videos, correos electrónicos o fotografías de sus usuarios. 

La Administración Obama aseguró que únicamente se investigaron los datos relativos a extranjeros que residían fuera de Estados Unidos. 

Sin embargo, varias de las compañías negaron tener conocimiento de ese programa y haber cedido datos al Gobierno.

Los dos diarios revelaron el 7 de junio una directiva de la Casa Blanca por la que el presidente Obama ordenó a sus agencias de inteligencia establecer una lista de posibles países susceptibles de ser ciberatacados por EE.UU.

El Post indicó que ese país había comenzado a colaborar con naciones vecinas de Irán ante la potencial amenaza para la seguridad informática que suponía el país asiático.

En tanto, The Guardian filtró el 15 de junio la existencia de otro programa que permite a la NSA clasificar los datos que recopila en función del origen de la información. 

Esta práctica está orientada al ciberespionaje en el exterior y sólo en marzo permitió recopilar 3.000 millones de datos de computadoras en EE.UU. 

El mayor volumen de información obtenido por este mecanismo proviene de Irán, seguido de Pakistán, Jordania y Egipto.

Tráfico de datos
Miles de empresas de tecnología, finanzas y manufactureras trabajan en estrecha colaboración con las agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos, proporcionándoles información sensible sobre sus usuarios a cambio de recibir beneficios que incluyen el acceso a datos clasificados, dijeron cuatro personas familiarizadas con el proceso a la agencia Bloomberg.

Estos programas van mucho más allá de lo que fue revelado por Edward Snowden, el técnico en computación que trabajaba para la NSA, a The Guardian y el Post.

Muchas de estas mismas empresas de telecomunicaciones e Internet ofrecen voluntariamente datos adicionales a los organismos de inteligencia de dicho país, como especificaciones del tipo de equipo usado, que no incluyen las comunicaciones privadas de sus clientes, afirmaron las cuatro personas.

Fabricantes de hardware y software, bancos, proveedores de seguridad de Internet, compañías de telecomunicaciones por satélite y muchas otras firmas también participan en los programas de gobierno. 

En algunos casos, la información obtenida puede ser utilizada no sólo para la defensa nacional, sino para ayudar a infiltrarse en los ordenadores de sus adversarios.

Junto con la NSA, la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y las ramas del ejército de EE.UU. tienen acuerdos con estas empresas para recabar datos que pudieran parecer inofensivos, pero podrían ser muy útiles en las manos de la inteligencia de esa nación o de las unidades de guerra cibernética, de acuerdo con las personas consultadas que, o bien han trabajado para el gobierno o están en las firmas que tienen estos acuerdos.

Alemania
Mientras se sucedían las revelaciones sobre el espionaje de la actividad de los usuarios en los Estados Unidos, en Alemania el Servicio Federal de Inteligencia (BND, por sus siglas en alemán) planea aumentar desde el cinco hasta el 20 por ciento el control sobre las comunicaciones por Internet entre el país y otras naciones, con la puesta en marcha de un plan que costará 100 millones de euros, según reveló el semanario Der Spiegel.

Esta fuerte inversión de dinero público estaría destinada a aumentar las capacidades técnicas del BND, que actualmente solo permiten controlar el cinco por ciento de estas comunicaciones, para abarcar hasta el límite legal del 20 por ciento.

Así, de acuerdo con el semanario alemán, la puesta en marcha de este plan gubernamental permitirá ampliar "la división de reconocimiento" del BND y contratar a 100 nuevos empleados para ocuparse del control a servidores y ordenadores.

Esta revelación se enmarca en el escándalo que se ha desatado después de que Snowden revelara que nueve empresas de Internet han permitido a la Inteligencia del país norteamericano acceder a sus servidores para recabar datos.

En este escenario, el ministro de Interior de Alemania, Hans-Peter Friedrich, justificó el espionaje en Internet. “Tenemos que equilibrar la pérdida de control sobre las comunicaciones de criminales a través de formas legales y tecnológicas”, sostuvo.

Rusia
El Parlamento ruso sigue impulsando más limitaciones en Internet a pesar de las fuertes críticas que la iniciativa suscita.

La Duma (el poder legislativo ruso) aprobó en primera lectura una ley por la que se permitirá cerrar sin orden judicial foros de Internet “en los que haya una sospecha inicial de que su contenido infringe la ley”, señala la información.

“Es como si las autoridades quisieran capturar a un terrorista y para ello van a bombardear toda la ciudad”, dijo el diputado de la oposición Dimitri Gudkov.

También grandes portales rusos de Internet como Yandex y Mail.ru criticaron la iniciativa porque consideran que existe un peligro de censura. 

Sin embargo, los defensores de la ley argumentan que la medida es un paso contra la piratería. 

En Rusia existe desde hace un año una norma que ya permite cerrar páginas web a partir de la protección infantil, según indicaron las autoridades. 

La oposición criticó la iniciativa ya que considera que obstaculizará cualquier activación de movimientos de protesta.

Después de que los medios informaran de la vida disoluta de cargos públicos rusos, el Parlamento aprobó en segunda lectura una enmienda de ley que penalizará en el futuro ese tipo de revelaciones. “Se trata de una bofetada para los periodistas”, criticó Gudkov.

Turquía
El Ministerio de Justicia de Turquía comenzó a trabajar sobre un proyecto de ley para restringir el uso de las redes sociales, en respuesta a la relevancia de estos espacios en la convocatoria de las manifestaciones antigubernamentales que sacuden al país desde hace varias semanas.

Fuentes del ministerio, citadas por el diario turco Hurriyet, han indicado que “las implementaciones internacionales en torno a este asunto están siendo investigadas”.

Este lunes, el ministro del Interior, Muammer Guler, remarcó que varias personas fueron detenidas en la localidad de Izmir en respuesta a lo que se describió como “’tuits’ provocativos”.

“Tenemos un estudio sobre aquellas personas que provocan al público a través de manipulaciones con noticias falsas que desencadenarían acciones que podrían amenazar la seguridad de la vida y las propiedades a través de Twitter, Facebook y otras redes sociales”, dijo Guler.

La semana pasada, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), liderado por el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, reclamó una “regulación legal” de las redes sociales.

En tanto, el responsable de prensa del AKP, Alí Sahin, reclamó un marco regulatorio para las redes sociales a fin de que “la gente sea responsable de lo que escribe”. 

"Como resultado de un ‘tuit’, la gente saquea comercios y quema vehículos, y el que los escribe debe asumir las consecuencias", agregó.

El propio Erdogan calificó recientemente a Twitter de "plaga" a causa del impacto de la red social en las actuales manifestaciones antigubernamentales.

India
La India lanzó un sistema de monitorización de llamadas, mensajes, correos electrónicos y conversaciones de redes sociales parecido al programa de espionaje de las telecomunicaciones del escándalo de Estados Unidos. 

El Sistema de Monitorización Central (SMC) ofrece a las agencias de seguridad indias una “única ventana” para "interceptar legalmente Internet y los teléfonos", según el informe anual de 2013 del Departamento de Telecomunicaciones de la India.

El SMC empezó a ponerse en marcha en mayo sin un debate público o parlamentario, su cuartel general está en Nueva Delhi y tiene un presupuesto de u$s73 millones, según la prensa local. 

Hasta ahora, las agencias de seguridad indias tenían que realizar peticiones individuales a las compañías de telecomunicaciones para hacer un seguimiento de la actividad de una persona.

Pero el nuevo sistema, al que están conectadas las compañías de teléfono e Internet, permite a las agencias de seguridad interceptar y analizar cualquier comunicación directamente. Todo ello en nombre de la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos.

En 2011, el Gobierno indio estableció que las compañías de Internet deben eliminar contenidos ofensivos en un plazo de 36 horas. 

Así, Google y Facebook se encuentran en los tribunales indios por supuestamente negarse a borrar contenidos inapropiados y se han detenido a personas por criticar al Gobierno en redes sociales.

La Argentina
Un día antes del inicio del escándalo en los EE.UU., el 5 de junio, hubo una reunión en el Senado argentino para debatir regulaciones sobre Internet.

El encuentro, llevado a cabo en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, tuvo como principal objetivo debatir proyectos de ley para la neutralidad de la red y la protección de los usuarios. 

Participaron los especialistas en medios Martín Becerra y Glenn Postolski, el ex secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar y el director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Eduardo Bertoni.

La cita fue parte de una serie de debates para lograr un proyecto en común de las cuatro iniciativas presentadas por este tema: una de María Eugenia Estenssoro (CI) y Ernesto Sanz (UCR), enfocada a la protección a los usuarios.

Otra de la justicialista chubutense Graciela Di Perna que propone los principios de neutralidad, una tercera del peronista salteño Juan Carlos Romero sobre el derecho a la libertad de expresión a través de Internet y una cuarta de la senadora justicialista jujeña Liliana Fellner. 

Uno de los puntos en los que se pusieron de acuerdo los disertantes fue que los prestadores de servicio de telecomunicaciones y proveedores no podrán bloquear, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario para utilizar y ofrecer contenido a través de Internet. 

“Ningún mecanismo de discriminación de contenidos debe ser usado sin consentimiento expreso del usuario. En Argentina, diferentes niveles de intermediarios ya ejercen discriminación, porque no hay una ley. Es fundamental que haya una política”, expresó Becerra, según informó el grupo Convergencia.

Becerra solicitó un ente estatal que sea la autoridad de aplicación. “Cualquier mecanismo de filtrado debe ser autorizado previamente”, dijo. 

En tanto, Aguiar propuso que sea la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) el órgano de aplicación a la ley de neutralidad. 

En este caso, para Bertoni, la autoridad de aplicación centralizada debe ser autónoma: “La CNC debe gozar de independencia y autonomía necesaria para sancionar a quienes no están cumpliendo normativa relativa a contenidos”, afirmó. 

Por este motivo, para Aguiar es peligrosa que la pena por la reincidencia sea la caducidad de la licencia ya que “puede dar demasiado poder al regulador y ser usado de manera abusiva”.

Además los integrantes coincidieron en que estas medidas no tienen que exceptuar a los proveedores de conectividad móvil, principales impulsores de normas que los excluyen del deber de cumplir con la neutralidad.