La cuenta regresiva ya empezó.

Se acerca la definición de la pelea entre el Gobierno y los fondos buitre y la Cámara de Apelaciones de Nueva York será la que tenga la última palabra con su veredicto.

De esta manera, estaría próxima a terminar una batalla legal que lleva unos largos once años, con ambos bandos alegando victorias parciales.

Según las fuentes consultadas por iProfesional, el desenlace sería en los próximos días y las especulaciones sobre el resultado parecen ir en una sola dirección: un fallo adverso para el país.

En tal sentido, un reconocido abogado, que prefirió el "off the record", sostuvo que "lo más probable es que se confirme la polémica sentencia dictada por el juez Thomas Griesa, que obligaría a pagarle a aquellos bonistas que no ingresaron en los dos canjes de deuda".

"No obstante, queda la duda respecto a qué se resolverá sobre la situación del Bank of New York en su condición de agente pagador", agregó.

Chances de acordar

Una de las salidas que propuso el Gobierno argentino fue anunciar un nuevo proceso de canje de deuda, para lo cual el Congreso debería reabrir la denominada "Ley Cerrojo", que impide cualquier acción en esa dirección sin aprobación legislativa.

Se estima que, en caso de concretarse esta reapertura el porcentaje de aprobación sería muy elevado, si bien existe un factor que puede echar por tierra esa iniciativa: el fallo del juez neoyorkino, que ordenó al Gobierno pagarle a todos sus acreedores, más allá de si aceptaron o no la reestructuración de deuda.

Curiosamente, éste se basó en una cláusula incluida en las condiciones de emisión de los bonos en el año 1994, según las cuales todos los acreedores deberán ser tratados en un pie de igualdad (pari passu).

Como consecuencia de ello, una reestructuración sólo sería posible si todos los acreedores muestran su conformidad.

"Basta con que una persona no esté de acuerdo para que la negociación se caiga", afirmó el representante argentino ante el FMI, Claudio Loser.

Cabe recordar que el pasado 20 de abril, los holdouts rechazaron ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York la oferta de la Argentina para cancelar la deuda y exigieron que se les abone la totalidad de los u$s1.300 millones.

El Gobierno nacional ofertó para resolver el conflicto:

•Un bono (Par) a 25 años de plazo, con amortización íntegra en 2038 y tasa de interés creciente, del 2,35 al 5,25 por ciento.

•Otro bono (Discount) a 20 años de plazo, con vencimiento en 2033 y tasa del 8,25 por ciento.

"Años de desafío de Argentina no pueden ser curados con una retorcida oferta por la que se les den a los demandantes aún más bonos de dicho país, que valen centavos de dólar", indicaron los fondos de riesgo NML Capital y Aurelius en su documento presentado ante el Tribunal de Apelaciones de Nueva York.

La Cámara de Nueva York tiene la palabra

Por lo pronto, ambas partes elevaron sus planteos. Las cartas ya están sobre la mesa y ahora le toca el turno al máximo tribunal neoyorquino, que definirá qué sucederá con la Argentina.

Las previsiones de los expertos consultados por iProfesional son poco favorables, ya que anticipan un revés para el país.

"Estamos ante la inminencia de una resolución judicial, prevista para fines de junio. En las ultimas semanas la balanza se está inclinando hacia la posibilidad real de un fallo contrario ´completo´ contra la postura argentina", resume Eugenio Bruno, abogado experto en el caso de los holdouts y partner de Garrido Law Firm.

"Es decir- añade-hacia un rechazo de la formula de pago presentada por el Gobierno, así como de la no afectación del Bank of New York".

Esta perspectiva es corroborada por Federico Tomasevich, presidente de Puente, la única entidad en presentarse como Amicus Curiae del país en esta disputa legal.

"Hoy hay consenso en Nueva York de que el fallo va a ser negativo para la Argentina. Y esto ya está descontado en el precio de los bonos locales. Por esta razón, las tasas de interés que ofrecen todos ellos son tan altas, es decir, pagan más porque implican un mayor riesgo, remarca el ejecutivo.

Cabe recordar que la entidad que preside es la mayor estructuradora y colocadora de deuda de la Nación, ya que en el 2012 sumó operaciones por cerca de $7.600 millones.

La presunción de una sentencia adversa ocasionó que los bonos emitidos bajo legislación extranjera se transformen en los más riesgosos y, por lo tanto, los que deben ofrecer mayor rendimiento.

No obstante, para Diego Martínez Burzaco, economista en Jefe de Inversor Global, en términos concretos de riesgo ambos títulos (los de ley local e internacional) corren con la misma suerte, ya que el emisor es el Estado y sus cuentas "están complicadas".

Pero existen coincidencias en que los primeros no se verían tan afectados, siempre que el Gobierno de muestras de su voluntad de pagarlos.

Respecto a la posición de Griesa, el presidente de Puente la calificó como muy extrema: "No es justa ni para la Argentina, ni para los argentinos".

Penalidades y salidas

De acuerdo con la opinión de los expertos, la sanción que debería afrontar el país sería la de pagarle absolutamente todo a los demandantes, situación extremadamente difícil de concretar, ya que sumaría el reclamo de otros fondos buitre.

"El monto de la deuda en default es de u$s6.600 millones de capital más de u$s15.000 millones de intereses. Es una suma impagable", sentencia Bruno a iProfesional.

Si el Gobierno optase por no convalidar este monto, tiene una alternativa para poder salir del problema: intentar acordar la cancelación con algunos tenedores a través de una jurisdicción que no sea la de Nueva York.

No obstante, este proceso es sumamente engorroso y difícil de coordinar.

"Requiere consentimiento del 85% del capital, con un mínimo del 66% en cada serie y que la Corte de Apelaciones no bloquee este intento bajo la figura del desacato", aclara Bruno.

Otra iniciativa por la que puede optar Argentina -en caso de afrontar un revés- es "pagar aun sin consentimiento, lo que requiere el cobro de los acreedores, pero los bonos quedarán vigentes en Nueva York", dice el abogado especialista en deuda del estudio Garrido.

Finalmente, la última salida para resolver la situación es un canje por nuevos bonos sujetos a ley argentina o europea, mediante papeles vigentes. "Es fácil decirlo pero muy difícil hacerlo", advierte Bruno.

Y agrega: "El problema es que con un fallo completo negativo, si esto no se soluciona a tiempo, podría haber también un default de pago (no sólo técnico)".

Puntos pendientes

Más allá de esto, "lo que aun no se sabe es si la sentencia va a afectar al fideicomiso (BONY) que se encarga de pagarle a los tenedores de bonos argentinos que hoy están cobrando en tiempo y forma", especifica Tomasevich.

"Si la Cámara falla embargando los activos del fideicomiso (BONY), el precio de los bonos argentinos caería aún más. Pero esta situación sería muy extrema de tomar para la Cámara de Apelaciones, ya que afectaría los derechos de terceros, y las consecuencias serían demasiado adversas", completa el presidente de Puente.

Aunque existe un aliciente: "Si la sentencia es negativa pero no afecta al BONY, seguramente los activos argentinos subirán de precio", aclara Tomasevich.

Por lo pronto, la discusión entre los integrantes del tribunal se basa más en cómo afectará la condena los derechos de terceros que sobre las consecuencias que traería para la Argentina.

Reacción de inversores

Una de las mayores preocupaciones es saber cuál será la reacción del mercado ante una sentencia negativa.

"Obviamente, un fallo adverso con embargo sobre el BONY tendría consecuencias negativas no sólo para el precio de los bonos y acciones, sino para la economía en su conjunto. Aumentaría el riesgo país, y eso no es nada bueno por todo lo que traería aparejado", concluye Tomasevich.

Horacio Corneille, director de Corneille Sociedad de Bolsa, coincide: "No se pronostica un buen panorama y pueden darse fuertes bajas de precios".

"Una sentencia en contra del país traerá aparejado un fuerte descenso del mercado local. Hay muchas empresas en el Merval, en particular YPF, que necesitan captar capitales para poder realizar inversiones", recalca Mauro Morelli, analista financiero de mercados de Rava.

En definitiva, las cartas están echadas. El impacto en el mercado dependerá de la gravedad de la condena y de cómo reaccionará el Gobierno ante las nuevas obligaciones que deba afrontar.