Con la exposición de los representante del Estado y del Grupo Clarín, concluyó la audiencia pública en la Corte Suprema por la ley de medios, y ahora el máximo tribunal deberá fallar sobre su constitucionalidad.

El encuentro organizado por los propios jueces se realizó sin la presencia de Eugenio Zaffaroni. El magistrado se retiró el miércoles a pocas horas de empezar el primer encuentro en el que se presentaron los "amigos" de Clarín y el Gobierno. Se levantó y se fue. Es que tenía programado un viaje a Alemania. Tampoco estuvo presente en todas las exposiciones su compañera María del Carmen Argibay que se retiró casi al final. Pero se estima que esta mañana estará presente para escuchar a las partes.

Esta audiencia es el paso previo para que la Corte defina su fallo sobre la ley que fue aprobada por el Congreso en 2009 y cuestionada judicialmente por el grupo de medios liderado por Héctor Magnetto, quien interpuso un recurso de amparo sobre dos artículos de la norma.

El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reanudó la reunión informativa para resolver sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la norma y afirmó que desde el cuerpo que preside tienen "la necesidad de indagar sobre cuestiones concretas".

"Lo que tiene la Corte aquí es un caso, las posiciones son claras, pero nosotros tenemos la necesidad de indagar cuestiones concretas, y por eso lo que hemos hecho es discutir este tema y elaborar 50 preguntas que fueron consensuadas entre todos los ministros de la Corte", informó Lorenzetti al abrir la audiencia de hoy.

El Grupo Clarín fue el primero en responder las preguntas de la Corte y aseguró que la ley de medios de aplicarse afectaría la sustentabilidad de la empresa y afectaría la libertad de expresión, al tiempo que negó que se pueda hablar de monopolio su situación.

Por el Estado, Graciana Peñafort Colombi explicó que el Grupo Clarín "tiene la posición dominante y marca precio". Además, defendió el límite máximo de participación de 35% -que aclaró es tanto para operadores satelitales como por cable- y consideró que "es suficiente" para que los operadores sean "más que sustentables".

"Ninguno de los competidores de Cablevisión llegan al 35%", remarcó.

Consultada sobre el tope de 24 licencias que establece la ley, respondió que ese número se tomó debido a que "para mantener la pluralidad hay que poner un límite".

En tanto, el director de Gestión, Administración y Desarrollo del AFSCA, Daniel Larrache, precisó este jueves ante una consulta de la Corte Suprema de Justicia que se presentaron al proceso de adecuación 29 grupos de medios de los cuales 14 ya se adecuaron y 15 están en proceso.

En ese marco, Larrache precisó que también se presentaron otros grupos que no necesitaban adecuación a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que el "único" grupo que no lo ha hecho es Clarín.

Además aseguró que está garantizada la continuidad del servicio en aquellos lugares donde el Grupo Clarín deba dejar de prestarlo. "Los nuevos participantes podrán ser empresas nacionales, tenemos 650 licencias que pueden crecer, todos los que no pueden entrar hoy en este mercado concentrado se van a beneficiar", explicó.

Cruce calienteEl miércoles, los tribunales se convirtieron en escenario de un debate político y legal caliente. Se cruzaron los cinco representantes que defienden la postura del Gobierno con los cinco que apoyan a Clarín. Cada uno tenía 15 minutos para expresar su opinión ante los jueces.

Entre los "amicus curiae" que presentó el Estado Nacional se encontraron la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el periodista y director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, Damián Loreti, también del CELS, Florencia Saintout, decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, la defensora del Público, Cynthia Ottaviano, los rectores de las universidades nacionales de San Martín y Lanús y Miguel Rodríguez Villafañe de Confederación Cooperativa de la República Argentina.

Uno de los discursos más encendidos fue el de Gils Carbó que en el que reclamó a la Corte Suprema que "dicte un fallo histórico" respaldando la aplicación "completa" de la ley de Medios Audiovisuales. "No puede haber derechos adquiridos ni violación a la propiedad privada a través de una posición construida violando derechos humanos", insistió la procuradora, al mencionar que una de las partes en litigio, el Grupo Clarín, representa una "concentración de medios que pone en jaque el poder de los gobiernos democráticos".

Además aseguró que la "desinversión" que establece el artículo 161 de la ley no equivale a un daño patrimonial sino a "un reembolso" y explicó: "Para que haya daño, además, ese daño debe ser injusto".

Concluyó con un llamado a la Corte a contrarrestar el "inmenso poder de lobby" del Grupo Clarín, al que calificó como "poder extorsivo" que obtuvo "un beneficio patrimonial a costa de los consumidores".

Si bien Cynthia Ottaviano fue presentada como parte "independiente", la defensora del Público hizo una de las exposiciones más duras contra el Grupo Clarín. En este sentido, consideró que se trató de "un grupo que silenció el genocidio".

"La inconstitucionalidad del artículo 161 equivaldría a la imposibilidad de elegir, de informarse con libertad. Una democracia acotada", aseguró. "Es tiempo de terminar con las posiciones dominantes. La Corte debe decidir quién es David y quién es Goliat".

Verbitsky, por su parte, calificó la antigua Ley de Radiodifusión como un "resabio de la última dictadura".

Para su defensa, el Grupo Clarín presentó al semiólogo Eliseo Verón, quien argumentó que la Ley de Medios "ya era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial", porque jamás tuvo en cuenta el nuevo paradigma que desató la irrupción de Internet.

Su compañero de la Comisión del Consumidor, Andrés Gil Domínguez, explicó que con los avances tecnológicos "no hay razón para limitar ciertas voces para que vengan otras, porque hay lugar para todos". Aseguró: "Está en juego el derecho de los consumidores para elegir bienes y servicios, para el acceso a la información. Las restricciones del artículo 45 son inconstitucionales porque quienes hoy acceden a la TV por cable en determinadas localidades no podrán seguir accediendo. Igual que los periódicos no han tenido regulación especial, la TV por cable tampoco debe tenerlos".

El venezolano Asdrúbal Aguiar del Observatorio Iberoamericano de la Democracia manifestó que la Ley de Medios es una gran restricción a la libertad de prensa: "La nueva ley propone un régimen de intervención estatal. Las restricciones a los medios son restricciones a la libertad de expresión. No se debe afectar la pluralidad de los medios existentes de seguir operando".

En tanto, Juan Vicente Solá del Centro de Estudios en Derecho y Economía de la UBA, cuestionó los límites que establece la ley para la TV por cable: "Sin daño no hay monopolio. El cable no utiliza el espacio radioeléctrico. Allí debe actuar la ley del mercado".

Además, dio vuelta el argumento del Estado Nacional, al que terminó acusando de "monopolio": La cláusula de desinversión obliga a vender rápido cuando probablemente no existe un mercado al que vender. Existe de hecho un monopolio institucional. Todo gobierno es monopolista. La libertad de expresión crea inseguridad en el gobierno porque debe competir en elecciones".

Cuáles son los artículos en pugna

Cuatro artículos de la Ley de Medios fueron cuestionados judicialmente por inconstitucionales: el 41, que establece que las licencias son intransferibles; dos apartados del número 45, que fija un límite a la cantidad de licencias concentradas; el 48, que descarta la figura de un "derecho adquirido" por parte de las empresas que tienen más licencias de las permitidas y el 161, que da un año de plazo para que aquellos que tengan que adecuarse a la ley.

Para el Grupo Clarín, los artículos 45 y 161 "vulneran varios derechos constitucionales y tratados internacionales de Derechos Humanos, que prohíben afectar la libertad de expresión por vías indirectas".

Ante la Justicia, el holding de medios gestionó una medida cautelar que se había interpretado que vencía el llamado "7-D" (siete de diciembre pasado) para que la Justicia diera una respuesta sobre la validez de los puntos cuestionados. El 14 de diciembre, el juez en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso consideró que la Ley era constitucional.

En segunda instancia, en abril pasado, la Cámara en lo Civil y Comercial declaró inconstitucionales parte de los artículos 45 y 48, mientras que validó el 41 y 161.

Ese fallo, firmado por los jueces Susana Najurieta, Francisco De las Carreras y Ricardo Guarignoni, advirtió que el conflicto planteado entre el grupo Clarín y el Poder Ejecutivo involucraba directamente "el derecho de propiedad, pero también la libertad de expresión e información".

La presidenta Cristina Kirchner, vía Twitter, sostuvo: "Nunca pensé en un fallo tan burdo o como lo definió el titular del AFSCA, fallo a la Carta,Justicia Delivery" y volvió a impulsar los proyectos de ley de reforma judicial que, más tarde se aprobaron en el Congreso y que, en recientes fallos, la Corte Suprema dejó sin efecto.