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Tarjetas: ¿puede el Gobierno imponer cupos o subir las percepciones para gastos en el exterior?

Ante la falta de dólares, el Ejecutivo analiza distintas alternativas para evitar que se acentúe la caída de reservas. ¿Son constitucionales esas medidas?
06/11/2013 - 09:00hs
Tarjetas: ¿puede el Gobierno imponer cupos o subir las percepciones para gastos en el exterior?

En esta época del año, muchos argentinos ya están pensando en sus vacaciones y no son pocos los que miran con entusiasmo la posibilidad de realizar un viaje al exterior.

Esto es algo que el Gobierno sabe perfectamente y es por eso que se siente cada vez más fuerte el rumor de que podría aplicar medidas para frenar la "fuga de dólares".

Entre las posibilidades que afirman los expertos consultados por iProfesional que el Ejecutivo tiene bajo análisis se encuentran la de fijar cupos para gastos realizados con plásticos fuera de la Argentina y la de aumentar el recargo del 20%, que hoy rige para las adquisiciones con tarjeta fuera del país.

De esta forma, el Gobierno trataría de poner un freno no sólo para las referidas operaciones sino, además, respecto de las compras que realizan los argentinos vía Internet, a través de portales de comercio electrónico del extranjero tales como Amazon, eBay o las tiendas de Facebook, entre otros.

En este contexto, de aplicarse nuevas restricciones, los especialistas advierten que "toda la presión se iría al dólar paralelo, lo que generaría una mayor brecha con el oficial y afectaría aún más el nivel de actividad".

La implementación de cupos

Así las cosas, de cara al verano, se dice que una de las medidas que podría llegar a aplicar el Gobierno -para tratar de "cerrarle" la canilla a la salida de billetes verdes- es la de fijar un cupo máximo para ello, como ya funciona en Venezuela.

Éste funcionaría como un tope anual para la realización de gastos en moneda extranjera financiados con tarjetas de crédito.

Así, cada persona contaría con un "cupo" disponible para "tarjetear" al tipo de cambio oficial más el 20% de recargo, de modo que una vez excedido dicho límite no tendría más opción que cubrir los gastos en el exterior con dólares del colchón o adquiridos en el circuito informal.

Según pudo saber este medio, la propuesta que evalúa por estos días el Gobierno contemplaría un tope mayor que el que se permite hoy en el país caribeño, a lo que se suma que los tickets aéreos no serían considerados dentro del referido cupo.

En consecuencia, los límites sólo regirían para las operaciones con plásticos.

En este contexto, advirtieron expertos consultados por este medio, una medida de esta naturaleza podría terminar gatillando múltiples acciones judiciales por parte de argentinos que se vean perjudicados.

En diálogo con iProfesional, el abogado constitucionalista Félix Loñ, alertó al respecto y dijo que "una decisión que limite las libertades individuales, como esta que se rumorea, iría en contra de la Constitución".

"Tendría que promulgarse una ley la cual, además, debería justificar por qué el Gobierno decide avanzar con una medida de esta índole. Caso contrario, se abriría un terreno fértil para los reclamos legales", añadió.

Asimismo, los expertos, sumaron un detalle no menor: tomar decisiones drásticas requiere de una gran "espalda" y de un fuerte apoyo político, tal como sucedió luego de los comicios de 2011 cuando el Ejecutivo, apalancado en el 54% de los votos, aplicó el cepo al dólar.

En cambio, ahora que las elecciones fueron adversas para la administración K, aplicar cupos -con el consecuente impacto en un universo de 5 millones de argentinos-, implicaría un gran desafío para un Gobierno que arrancaría noviembre con síntomas de desgaste, puntualizaron los especialistas.

En tanto, desde el estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Artsen y Martínez de Hoz (PAGBAM) sostuvieron que esta clase de normas "podría llegar a ser objetable desde el punto de vista del derecho de disponer de la propiedad".

Esto se debe a que "asumiendo que la actividad no está prohibida en la jurisdicción de destino, no se trata de un acto prohibido por la legislación argentina y, por lo tanto, no se diferencia de cualquier otro consumo que pueda realizar un residente del país en el exterior".

"Existe una zona difusa entre el legítimo ejercicio de la potestad tributaria y cambiaria y un irrazonable cercenamiento de las libertades individuales", remarcaron.

Por otra parte, el consultor Alberto Romero fue contundente: "No es la primera vez, ni la última, que se amenaza con aplicar controles más allá de lo que dicen las resoluciones generales".

"Sin embargo, la normativa no podría habilitar a la AFIP o al BCRA a frenar la compra al exterior de manera anticipada", advirtió.

"Sería conveniente, entonces, que se limiten a implementar los controles que surgen de las normas publicadas, que ya son una gran cantidad", concluyó el experto.

¿Es posible un aumento de las percepciones?

El recargo o percepción del 20% a las compras online en dólares, que abarca a las adquisiciones que se realicen en moneda extranjera por Internet o con tarjetas de débito, parece que no fue suficiente.

En la actualidad, dichas percepciones -que surgen de los extractos bancarios y/o de los comprobantes respectivos- tienen el carácter de "impuesto ingresado".

Para quienes las soportan, constituyen un pago a cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales o de Ganancias. Y deben ser computadas en las declaraciones juradas (DDJJ) correspondiente Ganancias al período fiscal al cual pertenecen. En este sentido, Romero explicó que esta práctica se profundizó en los últimos meses con la implementación del cepo cambiario.

En tanto Esteban Aguirre Saravia, abogado del estudio Aguirre Saravia & Gebhardt, explicó que en este contexto la AFIP no podría crear un impuesto sino, por ejemplo, ampliar la percepción al 40% para disuadir a los compradores o a los turistas respecto de sus gastos en el exterior.

"La Constitución Nacional solo reserva al Congreso la facultad de crear tributos. Ni siquiera un decreto lo puede hacer", aclaró el especialista.

De esta forma, Aguirre Saravia no descartó la posibilidad de que la AFIP comience a corroborar la capacidad económica del adquirente para efectuar esa clase de operaciones. "Después habrá que ver si se puede cuestionar la constitucionalidad", concluyó.