Economía
Argentina post saqueos: estalla puja de ingresos y se diluye plan K de ajustar por salarios
11-12-2013 Sindicatos de empleados públicos piden aumentos iguales a los obtenidos por gremios policiales. Queda en claro que no habrá margen político para usar a los sueldos como ancla antiinflacionaria. Se buscan paliativos para sectores marginales y la clase media se resiste a perder beneficios
Por Fernando Gutierrez
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"¡La Metropolitana cobra 12.500 pesos en mano y nosotros queremos lo mismo. Ni un peso menos, queremos un sueldo y no migajas!", gritaba un indignado policía bonaerense durante la asamblea en la cual se consideraba el ofrecimiento del gobernador Daniel Scioli, que había anunciado un salario de $8.570.

Y si hubiera que elegir una única frase -entre las cientos que se han escuchado en los últimos días para analizar el estallido social- tal vez no haya una que exprese de manera más clara, sintética y contundente, en qué consiste la situación por la que hoy atraviesa el país: el tema central es la puja distributiva y cada uno afronta esa pelea con las "armas" que tiene a mano.

Desde el punto de vista del "gremio" policial, el argumento estaba servido en bandeja. Una vez que está visible un referente del mismo gremio -un "benchmark", dirían los expertos en management-, entonces todos los demás de la misma actividad pugnan por acercarse a ese nivel.

Tanto, que el reclamo central ya no pasa a ser la recomposición del salario erosionado por la inflación, sino la puesta en igualdad con otro sector que tuvo mejor capacidad negociadora.

En definitiva, en eso consistió el "efecto contagio" que se produjo en las policías provinciales luego de la huelga ocurrida en Córdoba -que, por cierto, dejó mal parado al discurso kirchnerista sobre que estos desórdenes sólo ocurrían en las mal administradas tierras de De la Sota-.

"El que no llora no mama, como dice el tango. Es el efecto demostración. Si la policía consigue un aumento tan significativo gracias al conflicto, lo que está generando es un incentivo para que los demás hagan lo mismo", define Sergio Berensztein, director de la consultora Poliarquía.

Y pronostica que, como segundo capítulo, una vez firmados los acuerdos por los aumentos policiales, será inevitable que haya reclamos similares en otros sectores, en particular el de los empleados estatales de las provincias.

Varios hechos ya parecen darle la razón: la Federación Sindical de Profesionales de la Salud convocó a un paro de actividades en varias provincias, en reclamo de mejoras remunerativas.

"Si bien el aumento salarial a las fuerzas de seguridad es justo, lo que es indigno es que los gobiernos provinciales permitan el vaciamiento del sistema público y desoigan el reclamo de los trabajadores de la salud", dijo Jorge Yabkowski, presidente de la agremiación.

Queda claro entonces cuál será el desafío de las próximas semanas, tanto para el Gobierno nacional como para las provincias: plantear un argumento convincente para ofrecerle a un empleado un aumento de sueldo sensiblemente inferior al que acaba de darse a la policía.

Una tarea que no va a ser fácil: ¿cómo se le podrá decir a un gremio, como podría ser el de maestros o enfermeros, que el presupuesto sólo permite una mejora de -por ejemplo-18%, cuando se acaban de firmar incrementos que llegan a casi 100%, tal como ocurrió con la policía de Catamarca?

Un plan sin margen político
Lo que los analistas económicos empiezan a ver con claridad es que resultará muy difícil llevar a cabo el plan oficial de usar al salario como principal variable de ajuste para combatir la inflación y bajar el déficit generado por el gasto público.

En los últimos días trascendió que el Gobierno apuntaba a cambiar la lógica de la negociación salarial, abandonando el índice inflacionario pasado como referente de la misma e incorporar el análisis de productividad.

Es algo que el año pasado se había propuesto para todos los sectores, pero que finalmente se aplicó a no más de tres -electricidad, metalúrgicos y choferes de colectivos-, todos bajo regulación estatal.

Con el argumento (ya varias veces usado por el Gobierno) de que a la hora de las paritarias se necesita moderación para no poner en riesgo el nivel de ocupación, el equipo de Axel Kicillof se propone que los incrementos no superen el 18%.

Pero este plan parece muerto antes de nacer: los gremios ya tienen un nuevo "benchmark" luego de las huelgas policiales.

"Queremos el mismo aumento que tuvo la policía. Muchos de los afiliados a UPCN también tienen sueldos de 3.000 pesos", señaló Patricia O'Grady, secretaria general de UPCN Bariloche.

Y, por si quedaban dudas de cuál será el criterio de negociación, planteó que los estatales de esa ciudad deberían ganar "lo mismo que se le aumentó a la fuerza policial, 10 mil pesos".

De la misma manera, en Córdoba, el titular del gremio docente, Juan Monserrat, consideró que, después de la mejora de 33% negociada por la policía provincial, "hay un piso del 30%", para empezar a negociar las paritarias de 2014 para los maestros.

Y todo indica que las negociaciones por las remuneraciones se adelantarán en el calendario. Por lo pronto, ya hay dirigentes de la CTA y de la CGT liderada por Hugo Moyano que están convocando a paros nacionales "para romper el autismo del Gobierno".

El deporte nacional: tirar de la cuerda
En ese clima, cualquier intento por "topear" los ajustes salariales debajo del 20% parece reñida con la realidad, esa realidad de un país donde impera la puja distributiva en la que todos intentan defenderse de la inflación y no perder la porción de la "torta" que tenía asignada.

El 2011 fue el último año en el que hubo una ganancia real de salarios. Este año, los incrementos fueron, en promedio, de 24% para los privados y de 22% para los públicos, mientras que la inflación de los últimos 12 meses ya está en torno de 26% y en ascenso, de acuerdo con las consultoras privadas que conforman el "índice del Congreso".

No parece ser un momento en el que exista margen político para plantear una política de incrementos de sueldos con metas nominales a la baja.

"No sería viable en este contexto que los gremios acepten ajustes regresivos, escalonados, y que tengan por fin retrotraer la inflación. Sería un retroceso para los dirigentes", afirma Julián de Diego, abogado experto en relaciones laborales.

Y agrega: "Les marcaría una clara pérdida de los logros de los últimos once años, y sobre todo, una fuente de innumerables quejas, reclamos y hasta controversias con los disidentes, con los grupos opositores. Principalmente con los grupos de izquierda que, por primera vez en más de cincuenta años, avanzan sobre las estructuras sindicales justicialistas tradicionales".

Este argumento adquiere más fuerza cuando el propio titular de la Unión Industrial, Héctor Méndez, expresa sus dudas respecto de las posibilidades de éxito que pueda tener el enésimo intento de controlar la inflación por la vía de congelar precios y analizar los márgenes de la "cadena productiva".

Hay más ingredientes potencialmente conflictivos, claro, como el hecho de que el Gobierno prepara una reducción de subsidios a los servicios públicos.

Es algo que supone también una reducción salarial. Tanto que el propio Axel Kicillof siempre ha reivindicado que el subsidio debe ser considerado una forma indirecta de incremento de los ingresos.

Es una de las contradicciones más fuertes que enfrenta el kirchnerismo: tiene claro que el sector social que más se ha beneficiado por la política de tarifas es el medio-alto, que tiene acceso a la red de cañería mientras la población del conurbano bonaerense debe comprar la garrafa a precios de mercado.

En consecuencia, su política de subsidios choca de frente con el relato oficial de la redistribución de renta.

Sin embargo, hasta ahora, cada vez que se ha fijado el objetivo de reducirlos en aquellos sectores que no los necesitan, el plan quedó desactivado por temor a que el clima político pudiera generar protestas.

Lo que ha quedado en claro es que la clase media, con buena parte de sus integrantes que no vota al kirchnerismo (pese a haber sido la principal beneficiada por el atraso cambiario y la política de tarifas) ha demostrado una notable fuerza para defender sus intereses en la puja distributiva.

Primero, mediante acciones legales y con su presión política, mantuvo el subsidio tarifario.

Luego, logró que el propio Gobierno adoptara el discurso del dólar barato como un elemento reactivante de la economía, aun cuando eso implicara echar por tierra con el tipo de cambio pro-industrialización de los primeros años del kirchnerismo.

Y, más recientemente, en la campaña electoral por las legislativas, logró que el tema central de la agenda política fuera el impuesto a las Ganancias, al punto en que el Gobierno, luego de su derrota en las primarias, accediera a elevar el "piso" a partir del cual se empieza a tributar.

Fue una de las más notorias "marcha atrás" del kirchnerismo bajo la presión de un sector social, tanto que muchos intelectuales afines al Gobierno la criticaron por contradecir la redistribución.

Es que esa medida había llegado después de haber asegurado durante dos años que no era posible subir el piso de Ganancias porque ello implicaría un costo fiscal infinanciable; tras haber advertido que hacerlo pondría en riesgo los programas de asistencia social; después de haber argumentado que apenas una minoría de privilegiados eran alcanzados por el tributo o de haber acusado de falta de solidaridad a quienes ponían el foco en este reclamo.

Los marginales también están en la puja
En estos días en los que todo el mundo busca una explicación plausible a los saqueos -desde la tesis conspirativa que sostiene Cristina Kirchner hasta la tesis del estallido social de los opositores- convendría tener presente que nada de lo que ocurre en el país puede ser considerado fuera del contexto de la "puja distributiva" y del intento por defender lo obtenido.

Observa Berensztein: "Estamos viendo en estos días la consecuencia del saqueo que hizo la política del Estado mediante la inflación".

A fin de cuentas, en los últimos años se generó una notable diferencia entre los niveles de ingreso de los gremios, según la capacidad de presión de cada uno.

Esa situación dejó ganadores y perdedores, y por eso el salario de los camioneros creció respecto del de los docentes. Tanto que Moyano se terminó transformando en el principal vocero en contra del impuesto a las Ganancias, un tema que no afecta a la enorme mayoría de los maestros.

En estos días, el líder camionero alude al bono de fin de año que pagan las empresas transportistas no como un premio sino como un derecho adquirido. "El Gobierno les baja línea a los empresarios para que no paguen el bono, pero no lo vamos a aceptar. No perderemos esa conquista", afirmó.

Esa misma convicción que tienen todos los argentinos, en el sentido de que cada ventaja obtenida es una conquista a defender mediante la presión, es lo que se ha visto, de la forma más brutal, con los saqueos.

A su modo violento, los marginales expresan su voluntad de recibir el bono de fin de año, el subsidio estatal, el estímulo al consumo.

En fin, una prueba material de que la "inclusión social" no vive solamente en los discursos de la Presidenta.

 

 

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