Esta vez no se eligió el argumento de la conspiración, como el que utilizó hace un año el ministro Julio de Vido.

Tras un día bochornoso de calor, cortes de luz y caos de tránsito, con semáforos fuera de servicio, el ministro había afirmado en ese entonces sin dudar que una "mano negra" había bajado una palanca.Ahora el enfoque fue otro. Parece que todas las palancas siguieron en alto, pero el problema fue la dificultad para seguirle el ritmo a una economía que crece a toda velocidad.

Es decir, se optó por otro clásico del relato K, el de los "dolores de crecimiento". Un argumento que sirvió para justificar la caída de las reservas de petróleo y gas (porque como en los '90 había crisis industrial, entonces había margen para exportarle gas a Chile).

Pero el argumento no se agota ahí, sino que también sirvió para explicar otros colapsos, como el del sistema ferroviario. Como argumentó la propia Cristina Kirchner luego del trágico accidente de Once, si antes los vagones no estaban tan abarrotados era porque el desempleo era alto y entonces la gente no tenía a dónde ir.

Ahora, De Vido actualizó el guión de los "dolores de crecimiento" del modelo K: se explica que el récord ocurre por la combinación de altas temperaturas, la mejora en la economía que eleva la demanda industrial y, además, el alza en la calidad de vida de la población, que ahora usa masivamente equipos de aire acondicionado.

En definitiva, un nuevo capítulo del relato, según el cual cada situación negativa es síntoma de lo bien que andan las cosas.

Y, como siempre, aparece alguien dispuesto a cuestionar el guión. Como Alieto Guadagni, uno de los ex secretarios de energía que desde hace años viene advirtiendo sobre un colapso del sistema.

"El récord no es por la economía pujante. De hecho, no conozco ningún país que no aumente año a año su consumo energético, y es algo que se explica simplemente por el crecimiento de la población", afirma Guadagni.

Además, para reforzar la contradicción del argumento oficial, destaca que ante cada emergencia se corta el suministro eléctrico a las industrias, lo cual pone en riesgo la producción y el empleo, en una tesitura que no parece en línea con la de un Gobierno con discurso pro-industrialista. Buscar al villano ya no es tan fácil

Por las dudas que a los afectados por los cortes, en medio de su calor y malhumor, no les alcance con la explicación oficial, se aclaró desde el Gobierno que el déficit no está en la generación eléctrica sino que los problemas corresponden exclusivamente a los privados que tienen a su cargo el servicio de distribución a la red domiciliaria.

En ese caso, habría que explicar mejor por qué fue necesario recurrir de urgencia a un pedido de importación energética desde Uruguay.

El país vecino, que se ubica en la misma latitud que la mitad norte de la provincia de Buenos Aires, tuvo hasta el lunes pasado una temperatura similar a la registrada en la zona donde se produjeron los cortes.

Y la cantidad de energía que vendió a la Argentina deja en evidencia la existencia de un importante "colchón" de reserva, ya que los 500 megavatios cedidos representan una cuarta parte de los 1.829 megavatios que se consumieron en el último récord durante el invierno.

En tanto, para calmar el enojo popular, De Vido adelantó duras sanciones y multas contra los villanos de turno, Edenor y Edesur, principalmente.

El anuncio recordó a las situaciones post accidentes ferroviarios, que terminaron en estatizaciones del servicio, aunque en esos casos sin la aureola épica de la expropiación de YPF, porque se trataba de prestaciones en las que el Estado ya estaba prácticamente a cargo.

No explicó el ministro, tampoco, cómo se llega a esta situación luego de que Axel Kicillof hubiera anunciado, hace un año, un nuevo sistema de regulación para el sistema eléctrico, en el cual el Estado determinaría las inversiones a realizar, el precio a cobrar por parte de las empresas y un margen de rentabilidad."Por la plata no se preocupen, es problema mío", fue la recordada frase del ahora ministro de Economía, cuando los empresarios le preguntaron cómo sería posible incrementar las inversiones, en un contexto en el cual sus costos subían al ritmo de la inflación pero sus tarifas estaban congeladas en niveles de 2002.

En ese contexto, las críticas de De Vido hacia Edenor y Edesur implican casi una tácita admisión de que fracasó el plan de Kicillof.

Para peor, ni siquiera queda el atractivo de generar un hecho político de alto impacto, con una reestatización de estas empresas que cayeron en default con sus proveedores y que, al decir de Guadagni, "están técnicamente quebradas".

"El problema de fondo es simple: no hay inversión suficiente. Como lo que recaudan no les permite cubrir los costos, apenas sí hacen inversión de mantenimiento", señala.La redistribución al revés

Como en cada apagón masivo, resurge el debate sobre quién es culpable por la falta de desembolsos, lo cual inexorablemente lleva al tema tarifario.

Si hay algo que sobran, a esta altura, son los diagnósticos.

• En Uruguay, el país que asistió a la Argentina en su emergencia, una familia tipo, residente en un departamento de Montevideo, paga el equivalente a 100 dólares por mes (no por bimestre, como se estila localmente).

•La factura de UTE, la empresa estatal uruguaya, marca que el costo por kilowatio/hora es de 16 centavos de dólar en el primer escalón de consumo -hasta 100 kwh- y de 21 centavos por el resto.

•Un típico consumo familiar es de algo más de 300 kwh por mes, lo cual implica una tarifa efectiva promedio de 19 centavos de dólar por kwh.

•En contraste, en Buenos Aires la tarifa es de 5,7 centavos de dólar -si se lo calcula al tipo de cambio oficial- o de 3,7 centavos de dólar si se lo toma al blue. Pero a eso hay que aplicarle el subsidio, que puede llegar hasta dos tercios del costo de la factura total.

En definitiva, una familia porteña paga por la luz aproximadamente un 15% de lo que abonaría en Montevideo.

Dentro del territorio argentino, las diferencias también son notables. Como informa la propia factura de Edesur, un usuario porteño tendría que multiplicar por ocho (¡sí, por ocho!) su pago de electricidad para ponerse a tono con lo que gasta una familia en Córdoba.

Todo lo cual supone un fuerte cuestionamiento al discurso kirchnerista que propugna el federalismo y la redistribución de la renta.

Según estimó Jorge Gaggero, un economista del Plan Fénix, sólo un 6,4% del monto que el Estado destina a subsidiar el sistema eléctrico llega al quinto estrato más pobre del país. En contraste, el quinto más rico recibe un impactante 42,6%.

La evidente inequidad de la situación ya no es negada ni siquiera dentro del sector más duro del oficialismo.

El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, informó a la población, el mismo día de su primera conferencia de prensa, algo que todos sabían desde hace una década: que un chaqueño paga mucho más que un porteño por sus facturas de luz y gas.

La dificultad para desarmar la bomba

Lo cierto es que, en este momento, el problema del Gobierno no es de tipo ideológico (ya nadie defiende la actual política de subsidios) sino cómo desarmar este esquema sin que esto derive en un estallido de malhumor social.

Todos en el Gobierno tienen muy presente lo ocurrido este año en Brasil, donde una aparente situación ideal terminó en un caos a partir de una suba de 20 centavos en el boleto de colectivo.

Y lo cierto es que, ante cada colapso del sistema, en vez de reaccionar con un recorte de subsidios que permita mejorar la inversión, el Gobierno ha tenido la reacción exactamente inversa.

La primera vez fue en 2008, cuando se produjo un fuerte descontento en sectores de la clase media por el impacto de más de 200% de aumento en las tarifas de gas y electricidad.

En aquel momento, el ministro De Vido explicó que la medida sólo afectaría a una minoría de altos ingresos, que el recorte sería gradual y progresivo. Pero el malestar social y las acciones legales de los consumidores obligaron a dar marcha atrás.Tres años después, a fines de 2011, con el enorme respaldo político del recién logrado triunfo electoral de Cristina Kirchner, se anunció un recorte de subsidios para todos aquellos que no pudieran demostrar una necesidad real de contar con ayuda estatal para pagar los servicios públicos.

Pero, una vez más, la Presidenta temió por las consecuencias políticas. Lo que en un comienzo iba a ser una aplicación "casi universal" terminó siendo un plan delimitado a los habitantes de los countries y algunas zonas. 

La explicación: el accidente ferroviario de Once había cambiado súbitamente el clima social.

Hoy el monto destinado a los subsidios de servicios públicos representa un 20% del presupuesto estatal y casi un 5% del PBI nacional.

Si se recortara por completo, desaparecería el déficit fiscal, algo nada desdeñable para un Gobierno que debe hacer frente a una oleada de reclamos salariales en el sector público.

Pero está claro que eliminarlos es algo que, a esta altura de las circunstancias, Cristina Kirchner no puede permitirse ni en sus fantasías más alocadas.

Más bien al contrario, todo hace suponer que el tímido plan para recortarlos gradualmente pueda ser, una vez más, colocado en el freezer luego de los cortes de estos días.

Hasta los más acérrimos críticos del Gobierno admiten lo difícil que es sincerar las tarifas en este momento social del país.

Es el caso del ex ministro Ricardo López Murphy, que admite que "es muy difícil persuadir en la Argentina de que los costos de los servicios tienen que ser pagados por los usuarios".

Y advirtió que "volver a cobrar lo que las cosas cuestan va a ser traumático".

En definitiva, hoy parecería que hay más incentivo para dejar los subsidios que para quitarlos. A fin de cuentas, un Gobierno que los elimine deberá afrontar el malhumor social y el mote de haber hecho un "tarifazo", mientras que las ventajas del aumento de la inversión recién se notarán en el mediano plazo, para que las disfrute otro.Lo más paradójico del caso es que quienes más se enriquecieron en la especulación bursátil este año fueron todos aquellos inversores que apostaron a las acciones de Edenor.

Sólo durante el mes previo a las elecciones legislativas este papel tuvo un alza de 63%, con una jornada donde la ganancia fue de 18% y que en lo que va del año subió un 337%.

Parece mucho para una empresa técnicamente quebrada, que tiene tarifas congeladas, que cayó en default con sus proveedores y que necesita del Estado para pagar los sueldos.

Pero esta es la paradoja del proyecto nacional y popular: a contramano del resto del mundo, no ganan plata aquellos que apuestan a empresas con buenos negocios, sino quienes especulan con la fecha en que ocurrirá el inevitable tarifazo.