Comienzan los 70 dí­as que marcarán a fuego a la economí­a local

La firma del acuerdo definitivo con Repsol por la expropiación de de la petrolera estatal YPF podría interpretarse como una señal de cambio de rumbo en lo que respecta a la relación de la Argentina con los mercados internacionales.

Claramente, el Gobierno espera que la resolución de este conflicto sea interpretada en el mundo como una señal de buena voluntad para devolver la confianza de los inversores. Incluso el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, precisó al respecto que mejorarán las posibilidades de acceso a nuevas inversiones "sea a través de asociación de capitales con otras empresas o sea a través de estrategias de acceso a financiamiento".

Pero el acuerdo con la petrolera española es solo el principio del "rally" de 70 días en los cuales el Gobierno definirá si es posible o no retornar al mercado financiero mundial de colocación de deuda voluntaria.

Según recordó el diario Ámbito Financiero, para esto las autoridades deberán tomar pronto la decisión política de aceptar definitivamente un cambio de rumbo en la relación con los organismos financieros internacionales, ya que en los próximos días, los funcionarios de Cristina Kirchner deberán presentar su propuesta tanto en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Club de París (CP), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

La semana del 17 de marzo se reunirán nuevamente en París los integrantes del CP para analizar si se avanza definitivamente o no con la propuesta que presentó personalmente el ministro de Economía Axel Kicillof en persona hace algo más de un mes, para regularizar la deuda por u$s10.000 millones que se le deben a los países miembros.

En principio, según indicó el matutino, habría acuerdo de los estados acreedores de aceptar un plan de pagos a 10 años, incluyendo la alternativa de títulos públicos de deuda, algo que no está permitido ni avalado por el estatuto del organismo, pero que podría negociarse. Se le aceptaría al país además una liquidación al contado de menos de los u$s2.000 millones que se reclamaban originalmente, los que además podrían pagarse recién en 2015.

No obstante, los dos mayores acreedores -Alemania y Japón, a los que se le deben más de u$s4.000 millones- exigen el aval del FMI. Esto implicaría que el Gobierno acceda a una revisión de las cuentas internas previstas en el artículo IV de la Carta Orgánica del organismo multinacional.

Kicillof y el presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, también concurrirán el 27 y el 30 de marzo a Costa do Sauípe, Brasil para la Asamblea Anual del BID. El organismo de crédito fue el único que durante años mantuvo las líneas de préstamos habilitadas para el país, y la intención del organismo que maneja Luis Alberto Moreno es ampliar los dólares disponibles para la Argentina, hasta llegar a u$s2.000 millones para este año, adelantó Ámbito Financiero. De conseguirse el financiamiento, el dinero se destinaría a obras públicas y reformas administrativas, aunque también existe la posibilidad de que se liberen fondos para luego reforzar las reservas.

También en esa Asamblea se buscaría analizar las alternativas reales de colocación de deuda voluntaria en el segundo semestre, con representantes de grandes bancos. La intención oficial es que no se pague una tasa no mayor a lo que ayer se acordó con Repsol: un 8,75 por ciento.

Asimismo, entre el 11 y el 13 de abril se concretará otra Asamblea Anual de Primavera del FMI en Washington, donde se evaluará la nueva metodología de medición de la inflación que presentó el gobierno argentino el 13 de febrero pasado. De ser así, en Buenos Aires descartan que en la siguiente reunión del Fondo en septiembre definitivamente la Argentina este fuera de la calificación de "moción de censura".

Aunque para ello la administración de Cristina Kirchner deberá aceptar la apertura de los números y estadísticas argentinos a una auditoría del artículo IV del FMI. El Fondo incluyó en su listado del 3 de febrero pasado al país dentro de los estados que no permiten estas inspecciones, junto con Venezuela, Ecuador y Eritrea. Somalía, Madagascar, Siria y Egipto.

El cronograma internacional terminará el 21 de abril, cuando los abogados que representan al país en el juicio contra los fondos buitre tengan la última oportunidad para convencer a los jueces de la Corte Suprema de EE.UU. de tomar el caso. De tener éxito, el juicio continuará hasta bien entrado 2015. Si no, antes de junio habría sentencia contra la Argentina, probablemente desfavorable, al rechazar la Corte tratar el caso y dejar firmes los fallos negativos de primera y segunda instancia.