El ministro de Economía, Axel Kicillof, reiteró este miércoles que la Argentina "está dispuesta a negociar de buena fe" y a pagar sus compromisos, pero que esto no será posible si en los próximos días el juez de Nueva York, Thomas Griesa, no pone un "paraguas legal", en referencia al pedido de una nueva medida cautelar elevado por el gobierno argentino.

"Pedimos no tener que resolver esto en tres días", señaló, al tiempo que volvió a decir que "la Argentina quiere seguir pagando su deuda reestructurada, pero no la dejan. Eso es un caso inédito, insólito".

Desde Nueva York, el ministro dijo "los fondos buitre avanzaron en bloquear una reestructuración de deuda exitosa".

Kicillof hizo estas declaraciones durante una presentación en la sede de las Naciones Unidas sobre el proceso de reestructuración de deuda, las recientes decisiones de la justicia estadounidense y las acciones que lleva adelante Argentina.

Este martes los holdouts rechazaron el pedido del gobierno de Cristina Kirchner de obtener más tiempo para negociar. La Argentina busca suspender el fallo dictado por Griesa que obliga pagarle u$s1.330 a los acreedores que no entraron al canje. De lo contrario, advirtió Kicillof, el país podría enfrentar juicios millonarios y "dejar de funcionar".

"Si de aquí al lunes que viene 30 de junio, el juez que ha marcado esta sentencia no pone un paraguas legal y no nos da una suspensión de la sentencia, la negociación se daría en condiciones muy complejas", señaló.

Sin embargo, reconoció que "por ahora, no hemos tenido respuesta", y recalcó que "la negociación tiene que ser justa y equitativa para al 100 por ciento de los acreedores y eso no puede darse en un plazo de tres días".

Frente a este panorama, Kicillof planteó a los asistentes: "¿Díganme si este fallo no puede ser una forma de tirar abajo la reestructuración que fue exitosa?".

El ministro explicó que la sentencia de Griesa "obliga al país" a pagar unos u$s1.500 millones que, inmediatamente se ampliarían a 15 mil millones ante el reclamo de bonistas con títulos similares "de forma tal que si Argentina paga, se enfrenta a servicios de deuda que le impedirán seguir funcionando". Y detalló que la cifra representa "más de la mitad de las reservas" que posee el Banco Central.

El funcionario consideró que la sentencia es una "interpretación inédita, completamente novedosa, de una cláusula estándar que pone en riesgo no sólo a esta reestructuración sino a (las de) otros países emergentes".

"Este fallo nos empuja a una situación de default técnico. A un sufrimiento para el pueblo argentino", alertó.

"Nadie esperaba que la Corte Suprema de los EE.UU. dejara firme este fallo con esta interpretación novedosa de la cláusula Pari Passu", se quejó Kicillof, a pesar de que la presidenta Cristina Fernández había expresado el lunes 16 por cadena nacional que la decisión "no" la había sorprendido.

El ministro afirmó que "nos impusieron determinadas condiciones que ponen en riesgo, no ya la reestructuración, sino la economía en su conjunto" y añadió que "empujan a la Argentina a un nuevo default".

"El negocio de los fondos es litigar en los Tribunales, para que le reconozcan el 100% de lo que reclaman. Entonces, se da la paradójica situación de que un solo bonista pueda poner en riesgo toda la reestructuración completa", señaló el ministro.

Presión externa

En las últimas horas, los acreedores metieron mayor presión al notificarle a Griesa se negativa a que se reponga la medida cautelar que resguarda los activos argentinos de eventuales embargos, tal como solicitó el gobierno.

"Si la Argentina quiere negociar de buena fe, tuvo un amplio tiempo", señaló un representante legal de los acreedores.

Los holdouts entienden que una medida de este tipo "no tiene ninguna base legal ni sería equitativa".

El caso argentino despierta preocupación dentro del G77 más China por las repercusiones que podría tener su resolución en las reestructuraciones de deuda de los países en desarrollo así como en el sistema financiero en general.

Hace pocos días, el grupo por unanimidad se refirió al tema y reiteró la importancia de "no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a sus pueblos conforme al derecho internacional".