Fiel a su naturaleza, el Gobierno no deja de actuar pensando cada jugada en términos de "costo político".

Es algo que quedó en claro con el anuncio del pago adelantado a los bonistas sin hacerlo extensivo a los "fondos buitres".

La decisión tuvo el marco formal que el kirchnerismo suele darle a sus medidas "épicas", al difundir un documento en el cual recalca que la postura argentina cuenta con el apoyo de toda la opinión pública internacional.

Desde el economista Nobel Joseph Stiglitz hasta el conservador Financial Times, desde las Naciones Unidas hasta parlamentarios británicos, desde Pepe Mujica hasta los bancos de inversión, los funcionarios argentinos parecen desafiar al juez Thomas Griesa a que se anime a quedar como el villano que empuja a la Argentina al default."Argentina paga" fue el escueto pero expresivo mensaje de Cristina Kirchner en su cuenta de twitter. Toda una definición. Resume la imagen que la Presidenta quiere transmitir por estas horas: el país no quiere aislarse sino que busca normalizar su relación con el mundo.

Y, si llegara a incumplir, no es porque se lo haya propuesto, sino porque -tal como dijo el ministro Axel Kicillof ante la asamblea del G77- "no lo dejan".

"El Gobierno stá redoblando la apuesta nuevamente, diciendo que le tienen que hacer caso porque si no lo que viene para ustedes y para el resto va a ser peor", argumenta el politólogo Rosendo Fraga, quien se declara poco optimista respecto del éxito de la estrategia argentina.

En todo caso, los hechos de las últimas jornadas frenéticas revelan que lo que más preocupa ahora al Ejecutivo es impedir que se hable de un default voluntario.

Así se explica el "partido de truco" que viene jugando con el juez estadounidense desde que el pasado 12 de junio la Corte Suprema de Justicia estadounidense dejara en firme la sentencia a favor de los "fondos buitre".

"El Gobierno le pasó el costo político a Griesa, que deberá decidir cuánto cobran los holdouts y cuánto los bonistas, de los u$s539 millones que irán desde el Banco Central al Bank of New York", afirma el economista José Luis Espert.

Eduardo Levy Yeyati, ex ejecutivo del banco Barclays y director de la consultora Elypsis, considera previsible que el juez estadounidense responda a la movida argentina con un embargo, lo cual estaría dentro de lo previsto por los funcionarios K.

"Si el Gobierno pensara en defaultear, haría un canje de jurisdicción; dejándose embargar sólo eleva el costo de salirse de la negociación", afirma el economista.El riesgo de jugar a la víctima

Ese desafío al juez Griesa es el argumento al que se aferran los funcionarios y analistas afines al kirchnerismo: suponen que, llegado el momento, el magistrado estadounidense no se expondrá al repudio de la opinión pública internacional."El costo político de avanzar en un embargo de los fondos depositados, que no son de la Argentina, sino de los bonistas, es muy alto", resume Fernanda Vallejos, economista de "La Gran Makro", quien celebra la estrategia del Gobierno porque "de ahora en más, la responsabilidad política está del otro lado, en manos de la Justicia de los Estados Unidos".

Claro, hay un problema para quienes sostienen esta postura: es que Griesa, a lo largo de todo el extenso "juicio del siglo", demostró no preocuparse demasiado por la imagen de corrección política tal como se la entiende por estas latitudes.

Más bien al contrario, parecería que la dureza le sienta bien.

Y no son pocos los analistas que creen que cada jugada política argentina puede terminar volviéndose en contra, algo que, de hecho, se vio con el rechazo de la Corte Suprema a tomar el caso.

El documento leído por Kicillof en conferencia de prensa insinúa con bastante claridad que el juez no tiene la imparcialidad necesaria para manejar este caso. Un argumento que sólo puede irritar al magistrado, luego de dos fallos condenatorios.

Además, la exposición del ministro ante el Grupo 77 dio también algunos argumentos servidos para favorecer la postura de los litigantes."Es contradictorio, porque por un lado afirma que la deuda pública nunca fue tan baja, un 8% del PBI., Pero, por otro, dice que si se duplica vamos al caos. Y el que está del otro lado se ríe", sostiene Alfonso Prat Gay, ex presidente del Banco Central y uno de los críticos más ácidos de la estrategia argentina desde el canje de 2005. Para Prat Gay, este tipo de argumentación del Gobierno tiene la intención de enviar mensajes hacia su base interna de apoyo político, pero le juega en contra en los tribunales.

"Los fondos buitres toman estos argumentos a su favor. En una carta a Griesa le dicen que Argentina alega no tener fondos para pagar, pero que en el último mes resolvió con Repsol y el Club de París por más de 16.000 millones de dólares. Y la sentencia a favor de estos fondos es la décima parte", agrega.

Prat Gay considera que la iniciativa correcta debería ser pagarles a los litigantes no con efectivo sino con los mismos bonos del canje de 2010.

De manera que, tal como están las cosas, la pregunta no parece ser si el juez embargará o no el pago, sino cuál será el criterio para tomar esta medida. Es decir, si tomará la totalidad del dinero que la Argentina deposite en el Bank of New York y se la dará a los "buitres", o si tomará la mitad o algún monto proporcional.La consecuencia, en todo caso, es que el país corre el riesgo de caer en default técnico, dado que se estarían alterando las condiciones contractuales que se acordaron en el canje de 2010.¿A tiempo para negociar?

Quedan tres días, que pueden ser poco, pero también mucho, si se observa la velocidad a la que se han sucedido los hechos en esta última etapa del conflicto.

Y es allí donde surge el gran interrogante: ¿queda todavía margen para negociar, después de las posiciones extremas que han demostrado ambas partes y dado el escaso tiempo antes de la fatídica fecha del 30 de junio?Otro de los temas de debate de las últimas horas es si, en el fondo, detrás de la pirotecnia declarativa de los funcionarios K no había una estrategia dual: mostrarse firmes ante la opinión pública argentina, al mismo tiempo que se busca un camino intermedio para arreglar con los "buitres".

Por lo pronto, parecen esfumarse las especulaciones respecto de que la Argentina estaría dispuesta a hacer un depósito en garantía como señal de buena voluntad, a condición de que el juez Griesa prolongue el "stay" que le permitiría pagarles a los bonistas sin sufrir embargos.

Sin embargo, en el mercado hay una expectativa de que el Gobierno muestre una actitud negociadora.

"Argentina está arriesgándose, lo que pasa es que no se sabe qué hay por debajo", observa Miguel Kiguel, director de la consultora Econviews y ex secretario de Finanzas.

Mientras que Prat Gay se muestra más irónico en sus declaraciones: "Kicillof pide a gritos que le embarguen u$s300 millones...huele a pago encubierto a los buitres".

En tanto, otro influyente ex titular del Central, Aldo Pignanelli, se mostró confiado en que, pese a lo escueto del tiempo, hay todavía chances de evitar un default."La etapa que falta ahora, y espero que de acá al lunes se concrete, es que Argentina tenga alguna propuesta para dar una garantía o depositar algún activo o dinero para que el juez estadounidense vea la voluntad del país de llegar a una solución y poder levantar el embargo", afirma.

Y la misma visión aporta Jorge Todesca, titular de la consultora Finsoport, quien recuerda que este nivel de tensión es habitual en estas pulseadas financieras.Cara a cara

Las últimas noticias de anoche parecen dar la razón a quienes se esperanzan sobre una última posibilidad negociadora: el juez Griesa citó para hoy viernes a ambas partes, en busca de una salida negociada.

Los dos llegan a la mesa después de haber "mostrado los dientes". La Argentina, con su campaña ante la opinión pública internacional y con el anuncio del depósito para los bonistas; y los "buitres", con un pedido al juez para que declare al país "en desacato".

Cuando se vean las caras buscarán una fórmula que implique un pago sin que se dispare la posibilidad de reclamos por parte de aquellos que entraron en la primera etapa del canje.

Se descuenta que el Gobierno propondrá la entrega de bonos en un cronograma relativamente extenso. Desde ya que el nivel de reservas de u$s29.000 millones -y las flojas perspectivas del segundo semestre para las finanzas- hacen imposible cualquier salida que implique un pago sólo en efectivo.

"El stock de deuda externa, sumando los nuevos compromisos tomados con Repsol, Club de París y eventualmente al total de los holdouts, pasaría de unos u$s80.000 millones a u$s110.424 millones. Esta suma no es desproporcionada en relación al tamaño de la economía argentina. El problema central es el calendario de pagos", analiza Todesca.

Pero lo cierto es que la perspectiva de un cronograma de cancelaciones parece, por estas horas, algo muy lejano. Antes, habrá que definir si se evita o no la situación de default. Y allí no está tan claro que a los litigantes les desagrade esa situación tanto como a la Argentina.

De hecho, analistas como Prat Gay sostienen que, dado que los "fondos buitres" han estado comprando seguros de default en el mercado internacional de deuda, no debe pensarse que necesariamente ese escenario les resulte perjudicial.Se vienen horas agitadas. Y no se descarta ninguna posibilidad. Desde un acuerdo amistoso hasta la probabilidad de que el país vuelva a ser un "paria" de las finanzas y hasta que se presente como querellante en el Tribunal Internacional de La Haya. Todo puede suceder.

Lo que es seguro en medio de tanta incertidumbre es que, sea cual fuere el resultado, el Gobierno se las ingeniará para presentar la situación como el producto de una lucha por los intereses nacionales.

Como cuando se arregló el pago de u$s6.000 millones a Repsol como indemnización por YPF o se aceptó cancelar por u$s10.000 millones con el Club de París.El "relato" del desendeudamiento está resultando caro de sostener.