Lo que todos consideraban imposible es ahora, definitivamente, el escenario con mayores probabilidades de ocurrencia: todo apunta a que en exactamente una semana la Argentina caerá en default.

O, mejor dicho, ya casi nadie en el mercado tiene dudas en el sentido de que el Gobierno no hará ninguna propuesta de pago a los "fondos buitre" y apostará a que, a último momento, el juez Griesa vuelva a suspender su fallo para permitirle al país pagarle la cuota a los bonistas que habían entrado en los canjes de 2005 y 2010.

Pero esto último no parece lo más probable, al menos si se toma en cuenta el comportamiento que tuvo hasta ahora el juez, quien declaró que los temores argentinos son infundados y que no es necesario reponer la medida cautelar para que el país pueda seguir normalmente con su cronograma de cancelaciones.

El humor del mercado se expresa no sólo en las declaraciones de los expertos sino también en el frío lenguaje del dinero.

Primero, el dólar blue se disparó ($12,70), como suele ocurrir en situaciones de incertidumbre, y tocó su nivel más alto en seis meses.

Y, además, hay bonos que están cotizando a niveles que denotan las malas expectativas. "Es una paridad de default", grafica el analista Salvador Di Stefano, en alusión al Bonar 2017, que se ubica en torno al 70% de su valor nominal.

En definitiva, por cómo está dada la situación hoy, el panorama parece claro: ninguna de las partes está dispuesta a dar el brazo a torcer. Y, si alguien cede, difícilmente sea el Ejecutivo.

De manera que el 30 de julio, cuando venza el plazo para que los acreedores perciban su cuota correspondiente por el bono Discount, se encontrarán con que los u$s539 millones que el Gobierno argentino depositó en el Bank of New York no podrán ser cobrados.

Hay abogados que opinan que, además, tampoco podrían cobrar los acreedores regidos por ley argentina que, en teoría, no eran alcanzados por las medidas del juez Griesa.

A partir de ese momento, la pelea, que ya tiene su faz financiera, su costado jurídico y su plano político, también empezará a jugarse en el campo de la semántica: habrá una disputa por ponerle nombre a esta nueva situación.

Cristina Kirchner ya dejó explícitamente clara su postura: sólo se puede considerar default si un deudor desconoce o no puede afrontar su obligación. Y como la Argentina pagó, el país no puede ser catalogado como tal. 

Tampoco, puede ser responsabilizado por el accionar de un juez que congela una cuenta bancaria e impide el pago. Ergo, a ojos de la mandataria, la Argentina no estará en default.

La propia Cristina desafió a que los analistas de bancos de inversión, de calificadoras de riesgo que operan a nivel global, economistas y consultores del ámbito local vayan buscando una nueva denominación para esta situación atípica.

En el mercado ya circulan algunas propuestas, algunos hablan de "default técnico", otros de un "default transitorio" y es probable que las agencias calificadoras recurran a la categoría del "default selectivo".

Los más optimistas han usado el apelativo de "default controlado".

Naturalmente el tema ya dio para chascarrillos en las redes sociales. Apenas terminado el discurso de Cristina, empezaron a circular propuestas de nombres tales como "diferimiento transitorio de desembolsos obligatorios, con inclusión social".

Argumentos irreversibles

Pero el verdadero objetivo del Gobierno es que, tenga el nombre que tenga, lo que ocurra verdaderamente sea un "default light", un período de cinco meses en el cual el país siga depositando puntualmente el monto correspondiente a cada vencimiento de deuda -sabiendo que ese dinero será congelado por el juez- y esperando a que llegue el ansiado 2015.

A partir de enero, habrá pasado el peligro de la temida cláusula RUFO -por la cual los bonistas que aceptaron el canje pueden reclamar el mismo trato que se le dé a los "buitres" y así disparar un efecto dominó que llevaría al país a enfrentar reclamos por u$s120.000 millones-.

El discurso oficial, durante ese interín, quedó explicitado por las últimas intervenciones públicas de la Presidenta: la Argentina deposita el dinero, por lo que no está en default. Además, no ha hecho propuestas de pago a los "buitres" que puedan ser consideradas como violatorias de la cláusula RUFO.

Y, sobre todo, hay un argumento que ha terminado de convencer al mercado de que la postura del Gobierno no es apenas una sobreactuación "para la tribuna" sino que la dureza negociadora es real: los funcionarios, empezando por la mismísima Presidenta, creen que pueden quedar expuestos personalmente y ser objetos de acciones legales si estampan su firma en cualquier papel que implique una propuesta a los "buitres".

El abogado Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly, y con vasta experiencia en reestructuraciones de deuda, ha sido el principal impulsor de esta tesis, que el Ejecutivo se ha tomado muy en serio.

"Es un riesgo grande y deja poco ‘upside' para el o los funcionarios que negocien", dice Etchebarne a iProfesional.

El letrado destaca que en el documento que presentó el Gobierno ante Griesa, cita sus argumentos sobre por qué podrían responder penalmente si se llegara a activar la cláusula RUFO.

Claro que agrega que su consejo no es caer en la cesación de pagos sino la negociación, y descree de la posibilidad de un default "ordenado".

"Argentina puede apelar y pedir un ‘emergency stay' a la cámara. O mostrar verdadera voluntad de acordar para que Griesa ponga un ‘stay'. Improbable pero no imposible", afirma.

"La vida continúa"

Lo cierto, sin embargo, es que hoy por hoy son pocos los que apuestan a que un acuerdo sea posible.

Se han ido acumulando varias señales al respecto. El hecho de que Cristina haya decidido que Axel Kicillof no viajara a Nueva York, sino que fuera una delegación de segunda línea quien se reuniera con el mediador Daniel Pollack, es elocuente al respecto.

La fuerte argumentación sobre que "sólo defaultea quien no paga" y además la cuestión de la responsabilidad penal de los funcionarios dejan muy poco margen para que el Gobierno cambie su postura.

De hecho, lo que se ha notado en las últimas horas ha sido un operativo destinado a preparar el terreno para el día después del 31 de julio.

Tanto funcionarios como analistas afines al kirchnerismo han empezado a hacer declaraciones tranquilizadoras, en el sentido de que este "default light" no tendría consecuencias graves, ni desde el punto de vista jurídico ni desde el económico.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, hizo un repaso de las inversiones externas que se están concretando, "porque hay estímulos para la actividad económica", independientemente de la "extorsión de las agencias calificadoras de riesgo" que el Gobierno ya está descontando.

En el gremio de los economistas, Agustín D'Atellis, referente de la agrupación "La Gran Makro", también apoyó esa línea argumental: "Es necesario quitar el fantasma que se intenta instalar de que pasado el mes de julio, si se da una situación de default técnico, va a venir un gran cimbronazo económico, porque no es cierto y no va a ocurrir".

También Aldo Ferrer, el padre intelectual del "Vivir con lo nuestro", y de fuerte prédica en el kirchnerismo, pone paños fríos.

"Hay que abandonar esta idea de que si no hay arreglo se viene el mundo abajo. Y también la fantasía de que si Argentina cede, nos van a llenar de dólares y de inversiones", sostiene el veterano economista, quien cree que la postura inflexible del Gobierno es la que corresponde en este momento. 

"Si cede, se desarma toda la reestructuración de la deuda y entramos en un caos", afirma. También otros economistas habitualmente críticos del Ejecutivo han salido a relativizar las expectativas de desastre para el caso de default.

Si bien no minimizan los inconvenientes, ponen el foco en marcar las diferencias con el traumático evento de cesación de pagos del 2001.

Es el caso de Jorge Remes Lenicov, que ocupó el Ministerio de Economía cuando el país recibía el embate post incumplimiento y decretó el final de la convertibilidad.

"Yo no veo una catástrofe, como tampoco veo que si se arregla la economía se recupere. Bajarán un poco las reservas y habrá presiones cambiarias, pero no veo que sea como en 2001 cuando oficialmente declararon el default", argumenta Remes.

Costos subestimados

Hay indicios de que la dureza con Griesa y los "buitres" le rendirá rédito político a la Presidenta.

Es sintomático que pocos dirigentes opositores hayan salido a criticar explícitamente la estrategia oficial.

En las últimas horas circularon resultados de encuestas que marcan una suba en el nivel de apoyo a la jefa de Estado, que cuenta con 47% de aprobación frente a un 25% que la critica en este tema. 

Pero claro, la jugada es arriesgada, tanto a nivel jurídico como en el plano económico, porque parte de tres supuestos bastante discutibles.

•El primero es que no se dispararán las consecuencias legales de un default.

•El segundo es que las principales variables de la economía aguantarán hasta comienzos de 2015 sin episodios traumáticos como una nueva devaluación o una crisis de desempleo.

•El tercero es que el año que viene por fin se reabrirá el crédito externo.

La verdad es que hay quienes ponen sus serias dudas en que estas premisas puedan ocurrir. El abogado Etchebarne es contundente respecto de que, sea cual fuere el nombre que se le ponga, lo que ocurrirá la semana próxima será un default.

"Es una cuestión fáctica. Si los fondos no llegan al tenedor de los bonos en Estados Unidos e Europa dentro de 30 días de la fecha de pago, entonces hay un evento de default que, además, dispara incumplimientos cruzados", sostiene.

El fantasma al que le temen abogados y economistas es al de la "aceleración": esto implica que el 31 de julio los bonistas que en su oportunidad entraron al canje pasen a reclamar que se haga efectivo todo el pago del capital, que originalmente estaba previsto para realizarse en 2033.

El tema es materia de debate, pero nadie se anima a descartarlo por completo. Además, está la cuestión económica, que es la que en definitiva terminará moldeando el humor social en los próximos meses.

Y ahí es donde surgen las mayores dudas.

Para el economista Federico Muñoz, un default echaría por tierra el gran objetivo de volver al crédito externo para aliviar la castigada caja estatal.

"Si se llegara a esta instancia, entonces todo el esfuerzo de normalizar la relación financiera que se ha venido haciendo no tendría sentido. Y tengo serias dudas de que se pueda transitar el 2015 sin una crisis financiera", advierte.

También Mario Blejer, ex titular del Banco Central argumenta que la jugada no será gratis: "La Argentina no podría volver al mercado de capitales para conseguir crédito a una tasa razonable. Y se vería aun más afectada la reputación del país al momento de buscar créditos e inversiones externos".

En el interín, claro, habrá que seguir pagando cuentas. Según Di Stefano, si se suman los intereses de la deuda pública, las obligaciones con los organismos internacionales y las letras que vencen, habrá que desembolsar u$s2.700 millones sólo en el cuarto trimestre.

Será la prueba para ver hasta dónde llega el poder del "relato".