Así, el cierre de la imprenta Donnelley -que dejó a 400 empleados en la calle- y se erigió en símbolo del momento recesivo, fue mencionado como un cierre inducido por motivaciones geo-políticas, con la mano de Paul Singer forzando una quiebra fraudulenta.

Además, el desplome de la inversión y las suspensiones de empleados, según la visión presidencial, no obedecen a problemas reales de la economía sino a un manejo interesado de las expectativas, por parte de medios de comunicación y de asesores económicos que quieren sabotear al Gobierno.

Esta no es, por cierto, una estrategia nueva en la política comunicacional del kirchnerismo: ante cada evidencia de problemas derivados de la política económica, el "relato" siempre se las ingenió para encontrar un nuevo culpable. 

Así, cuando el ajuste vino por la vía de la devaluación, se dijo que era una conspiración de los bancos que intentaban un "golpe de mercado".

Luego, cuando la caída en el nivel salarial fue por una aceleración inflacionaria, se argumentó que era por causa de "los grupos concentrados" y las cadenas retail que aprovechaban el contexto de nerviosismo para aumentar su tasa de ganancia. 

Y ahora, cuando ya es inocultable el fantasma de la recesión-lo cual se traduce en forma preocupante con el aumento del desempleo-, se instaló un nuevo argumento: la culpa es de las empresas, que son desagradecidas, porque antes ganaron mucho dinero y ahora se niegan a incrementar su nivel de inversión.

Parecía que ese punto ya no podía ser superado. Pero Cristina encontró la forma de que la teoría conspirativa ya no quedara dentro de fronteras sino que se globalizara. 

Fue inestimable, para esos fines, el aporte del fondo Aurelius y de Mark Brodsky con su declaración: "El pueblo argentino ya pagó un significativo precio por la desmesura de sus dirigentes. Con la Argentina defaulteando sus bonos otra vez, tememos que lo peor está por venir".

El tono amenazante vino como anillo al dedo para consolidar el "relato" conspirativo.

Y el caso de la imprenta estadounidense Donnelley terminó siendo una suerte de "bálsamo": gracias a esta situación, la Presidenta se las ingenió para dar un extenso discurso sobre la situación económica sin tener que hacer mención a que la siderúrgica Acindar suspendió su personal por segunda vez en un mes.O que Paraná Metal -propiedad del empresario oficialista Cristóbal López- suspenderá 150 trabajadores durante tres semanas en las que la planta permanecerá cerrada, ante la caída de las ventas.

En este contexto, la mandataria anunció este jueves que denunció penalmente a Donnelley y aplicó por primera vez la Ley antiterrorista por "alterar el orden económico y financiero".

Durante un acto en la Casa Rosada, afirmó que la empresa creó "un