De pronto, bajó la temperatura. Justo cuando parecía que el debate político era una olla a presión que se aproximaba peligrosamente a su punto de máxima resistencia.

Pero, como en tantas otras ocasiones en las que los analistas daban por seguro que el kirchnerismo iba a mantener una determinada actitud, se produjo un viraje de último minuto.

En otros momentos, la sorpresa estuvo determinada por un súbito giro agresivo hacia el mercado de capitales cuando todos daban por descontado que se volvería a pedir crédito.

Ahora, en cambio, la última sorpresa es un repentino intento por despejar el clima de tensión con los empresarios que se había generado en los últimos días.

Tras cinco jornadas en las cuales parecía que el tema central en la agenda política era la posibilidad de que cualquier empresa en dificultades pudiera ser pasible de una acusación de terrorismo, el Gobierno mandó a "pinchar" el tema.

Fue el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, el encargado de sacar de los medios de comunicación el caso Donnelley, la imprenta que, según el Gobierno, había incurrido en un acto terrorista al pedir su quiebra "de manera injustificada".

Una tarea para nada fácil, ya que el funcionario debió hacer un delicado equilibrio retórico, de forma tal de persuadir que todo el mundo había entendido mal una frase que Cristina Kirchner había explicado con claridad extrema."Hubo una confusión de algunos, porque cuando se habla de terrorismo se habla de terrorismo económico. En este caso, la AFIP ha admitido la situación de delitos económicos y no la del financiamiento del terrorismo", afirmó.

En definitiva, en las últimas horas los ejecutivos argentinos pudieron borrar uno de los temas de la agenda que les preocupaba: no parece que haya directivos de Donnelley que vayan a ser acusados de incurrir en un acto terrorista.

En la oposición, se festejó un avance para dar de baja la ley aprobada en 2011.

"La firma del dictamen para derogar la Ley Antiterrorista es un gran paso en el camino para suprimir esta ley que es un despropósito", sostuvo la diputada Patricia Bullrich, de Unión PRO.

Desde el Gobierno, también el ministro de Justicia, Julio Alak, intentó suavizar los efectos de los dichos de la Presidenta.

"Ella, como funcionario público, tiene la obligación de denunciar cuando ve un hecho delictivo", sostuvo el ministro, y dejó en claro que serán los jueces quienes determinarán cuál es el delito y cuál la ley que deba aplicarse. No obstante, adelantó su opinión en el sentido de que el tema no encuadra en la situación de "financiación al terrorismo" sino en el de "manipulación del mercado".

Más allá de las aclaraciones y la cuestión semántica, lo que quedó en claro fue un intento de contrarrestar el temor. En los comentarios periodísticos y en las redes sociales, la actitud fue interpretada como la de un claro "zig-zag".

De hecho, era evidente que hasta en los propios medios afines al kirchnerismo, la situación resultaba de por sí incómoda. Como expresó Mario Wainfeld, uno de los principales columnistas de Página 12, el hecho de haber mencionado la ley antiterrorista podía jugar un efecto boomerang, en el cual una empresa que dejó 400 trabajadores en la calle se terminaría victimizando.

"La ley antiterrorista abre puertas a la arbitrariedad, su aplicación puede ser inconstitucional", advirtió el analista.Diluyendo la "sovietización"

Pero no fue ese el único elemento de descompresión. Hay otro tema que tiene en vilo a las agremiaciones empresariales y es el de Ley de Abastecimiento. Es que empezaron a abundar las señales en el sentido de que podría ingresar en un proceso de ser "diluida".

El propio Augusto Costa, secretario de Comercio, se sintió en la obligación de salir a dar un mensaje tranquilizador: que el paquete de leyes dejaría sin efecto las aristas más cuestionables de la vieja Ley de Abastecimiento de 1974 -como la que prevé penas de prisión- y que, lejos de fomentar el intervencionismo estatal, pretende atenuarlo.

"Con esta ley, estamos eliminando la capacidad de que el Gobierno intervenga directamente en empresas", afirmó el secretario, indignado por las comparaciones que en los últimos días se han hecho entre el nuevo proyecto de ley y la normativa vigente en Venezuela.

Otra demostración de acrobacia retórica, tratándose de un funcionario de un Gobierno que se ha ufanado de incrementar la presencia estatal en todos los eslabones de la cadena productiva. Y que, de hecho, se ha sentado en los directorios de las empresas a través de la estatización de las participaciones accionarias de las fenecidas AFJP.

No obstante, Costa ha preferido no prometer que, luego de esta ley, los funcionarios podrán vetar proyectos de inversión o forzar cambios en la estrategia de las compañías, como Axel Kicillof hiciera en su momento en el directorio de Techint.

Por el contrario, tanto Costa como los principales legisladores kirchneristas que defenderán este proyecto en el Congreso argumentaron que, en realidad, el objetivo central era que la Justicia contara ahora con un fuero específico para las cuestiones que atañen a los derechos de los consumidores.¿Debe interpretarse esta actitud como una toma de conciencia sobre un rechazo generalizado de esta iniciativa? ¿O, más bien, se trata de una mera estrategia negociadora?

La respuesta estará más clara en el día de hoy, cuando los directivos de las cámaras empresariales que conforman el llamado G6 -la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos y la Bolsa de Comercio- concurran al Senado para dar su punto de vista, durante el debate previo a nivel de las comisiones.

Así, se dará la posibilidad de que, en el ámbito legislativo, los empresarios formulen los cuestionamientos que ayer dejaron establecidos en un comunicado.

La propia Cristina Kirchner, en una frase que pasó algo inadvertida durante su último discurso -el mismo día en el que acusó de terrorismo y connivencia con los "buitres" a la imprenta Donnelley- ya había dado una señal en el sentido de que su intención no era chocar con los empresarios.

Aclaró que los aspectos cuestionables del proyecto podrían ser revisados. Y recordó que no pretendía imponer "un bando presidencial" sino someter una iniciativa al debate legislativo.

En el ámbito empresarial se percibe nerviosismo, lo cual quedó evidenciado en las múltiples advertencias sobre cómo el nuevo proyecto podría empeorar los problemas de falta de inversión y de aumento del desempleo.

El hecho de que, justo ayer, se haya difundido el nuevo dato sobre el mercado laboral -con una tasa de desocupación que subió a un 7,5%- implicó un "timing" perfecto para darle mayor dramatismo a la declaración.

"Lo que estamos poniendo en riesgo es la generación de empleo. Estamos dando un remedio que no es para esta enfermedad", afirmó el ex presidente de la UIA, José de Mendiguren.

También Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Argentina, tuvo palabras muy duras: "Hay párrafos de la ley que son casi iguales a la de Venezuela".

Y en un rapto de ironía afirmó: "Esto me recuerda a la historia de la bicicleta en la Unión Soviética".

En ese clima, trascendió que las agremiaciones empresariales analizaban "recrear la 125". Es decir, una campaña de comunicación tendiente a comparar la situación actual con el conflicto de 2008 por la imposición de retenciones móviles a las exportaciones de soja.

Por cierto que las situaciones guardan grandes diferencias, y no parece hoy factible que el sector rural reaccione en forma masiva ante un debate parlamentario que luce todavía demasiado abstracto.

Entre los hombres de negocios, sin embargo, existe el temor de que ambas situaciones puedan terminar pareciéndose si, una vez aprobada la ley, el Gobierno interpreta que está habilitado para intervenir en los silobolsas y forzar a los productores a vender la soja que mantienen retenida a modo de reserva de capital.

"Las autoridades quedan facultadas para incautar, consignar y vender bienes y servicios sin juicio de expropiación", advierte Salvador Di Stefano, consultor influyente en la zona sojera, quien considera "un espanto" la iniciativa oficial y no descarta que pueda haber un intento por intervenir sobre los stocks agrícolas.No está del todo claro si una medida de ese tipo estaría contemplada dentro de las facultades del Gobierno para garantizar el normal funcionamiento del mercado, dado que estos stocks no generan distorsiones en el abastecimiento interno sino que tienen destino de exportación.Lo cierto es que la intervención sobre las "silobolsas" es un reclamo que el núcleo duro del kirchnerismo viene realizando desde hace tiempo como una medida que el Gobierno debe tomar, de forma tal de impedir tensión en el mercado cambiario.¿Una ley sin futuro?

En todo caso, ninguno de esos temas parece ser, hoy por hoy, la cuestión de fondo. Porque aunque el polémico proyecto llegara a aprobarse tal como lo presentó el Gobierno, lo que parece claro es que su aplicación será difícil y breve.

En primer lugar, porque las agremiaciones empresariales ya adelantaron que recurrirán a la Justicia por un planteo de inconstitucionalidad.

A juzgar por las declaraciones de juristas destacados, hay una fuerte corriente de opinión a favor de la postura empresaria.

Pero, acaso más importante, se están dejando entrever señales de oposición política en el propio kirchnerismo, lo cual habilita a pensar que la ley difícilmente sobreviva al año 2015.

Ayer, el senador Miguel Pichetto, uno de los más connotados impulsores de la candidatura de Daniel Scioli, marcó diferencias con la línea dura y prometió que los cambios no se harían sin obviar la opinión de los empresarios.

"Yo tengo una mirada, indudablemente, de un capitalismo de mercado más abierto, y esto ha sido una línea de pensamiento", afirmó.  

Mientras que Scioli, con su reconocida habilidad para hacer equilibrismo declarativo, afirmó: "No me imagino a este Gobierno, que busca sostener el empleo y la actividad económica, que quiera entorpecer la actividad económica y las inversiones".

Es decir, una frase que puede ser interpretada como un apoyo al proyecto de ley... o como un mensaje codificado, en el sentido de que él no permitiría una "sovietización" de la economía.