Apartan a Oyarbide de la investigación de la "mafia de los medicamentos"

El juez federal Norberto Oyarbide fue apartado de la causa de la "mafia de los medicamentos" y su caso enviado al Consejo de la Magistratura, por haber sobreseído a los ex funcionarios kirchneristas supuestamente vinculados al financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.

Fuentes judiciales informaron este martes que la Sala Dos de la Cámara Federal reprochó a Oyarbide no haber enviado ese tramo de la causa a su par Ariel Lijo, tal y como había ordenado el tribunal de alzada, para, en vez de ello, resolver a favor de los acusados de supuesto "lavado de activos".

Entre los beneficiados por Oyarbide estuvieron Héctor Capaccioli, ex jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud; Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional; Sebastián Gramajo, ex legislador porteño kirchnerista; y Gabriel Brito, ex mayorista farmacéutico.

Ahora la Sala Dos, compuesta por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, revocó esos sobreseimientos al entender que Oyarbide no debió resolver en ese tramo de la investigación y debió remitirla a su par Lijo, a quien la Cámara había atribuido el caso en 2012.

Por ello, los camaristas declararon la "inexistencia" del fallo y remitieron lo ocurrido a la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura para "ponerla en conocimiento" del asunto.

Además de los aportes a la campaña presidencial de 2007, Cappacioli y el ex sindicalista bancario Juan José Zanola, entre otros, irán a juicio oral acusados de asociación ilícita, adulteración de medicamentos, defraudación, fraude en perjuicio de la administración pública y comercialización de productos con marca registrada falsificada.

El juicio será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y
Oscar Hergott, pero aún no tiene fecha de iniciación.

La investigación de la llamada "mafia de los medicamentos" comenzó en realidad a partir del "triple crimen de General Rodríguez", como se conoció a los asesinatos de los jóvenes empresarios del rubro de los remedios Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.

Las pesquisas abiertas a partir de ese hecho llegaron hasta un importante número de personas vinculadas con ese negocio, pero también a funcionarios y gremialistas, entre ellos Capaccioli y Zanola.

En ese tramo de la causa se investiga la venta de fármacos adulterados y la defraudación al Estado por parte de droguerías y de obras sociales para cobrar por remedios y tratamientos médicos que nunca se realizaron, según consignó DyN.

Brito, ex propietario de la empresa de auditoria médica, "Global Farmacy Service S.A.", figura como aportante de 310 mil pesos -en cuatro cheques - a la campaña de Cristina Fernández.