Después de la seguidilla de malas noticias que desde junio le deparó la justicia estadounidense y el mercado financiero global, el Gobierno vuelve a esperanzarse con un golpe de suerte que alivie su situación.

El 18 de septiembre es la nuevo día "fetiche" para los funcionarios K: la Corte de Apelaciones de Nueva York decidirá si corresponde que los bonos no regidos por legislación estadounidense puedan quedar eximidos del "congelamiento" que dispuso el juez Thomas Griesa.

En otras palabras, existe la posibilidad de que se pase de un default por el total de los bonos del canje a un default parcial, sólo por los papeles que están regidos por la ley de New York.

La Argentina cuenta, esta vez, con aliados de peso, como el fondo de inversiones de George Soros, que tiene en su portafolios títulos argentinos del canje, y que exige cobrar inmediatamente, porque sus bonos están regidos por legislación británica.

Es decir, planteó un punto de vista alineado con el de la Argentina, en el sentido de que el juez Griesa se excedió en sus atribuciones al impedir el cobro a acreedores cuyos títulos están bajo otras legislaciones.

Sería una victoria para el Gobierno, que afronta el 30 de septiembre vencimientos por u$s183 millones, de los cuales u$s116 millones -un 63% del total- podrían quedar liberados para el pago, al ser títulos emitidos bajo leyes de Londres y Tokio.

Esto sería tomado como un "pequeño gran triunfo" por el Gobierno nacional, en su dura batalla.

Porque aunque no se saldría de la situación de default -y, por cierto, no se revertirá el fallo favorable a los "buitres"-, sí implicaría un reconocimiento tácito de que Griesa se había extralimitado.

Sobre todo, el ánimo optimista en el kirchnerismo se sustenta luego de que el pasado miércoles, en una audiencia efectuada en los tribunales de Nueva York, el magistrado estadounidense desestimara una demanda del fondo buitre NML Capital contra Citibank, agente de pago de bonos reestructurados emitidos bajo ley argentina.

"La expectativa por estos días se concentra en que el duro fallo de Griesa pueda quedar limitado únicamente a los títulos con legislación Nueva York, y así liberar al resto de los acreedores con bonos de otras jurisdicciones, ya que estarían fuera de su competencia", afirma Gustavo Ber, director del Estudio Ber.

Objetivo: desbloqueo

De momento, se mantienen bloqueados los u$s539 millones que Argentina depositó en el Bank of New York, destinados a pagar el vencimiento del 30 de junio pasado correspondiente a los bonos Discount, que están en manos de los inversores que ingresaron a los canjes de deuda en 2005 y 2010.

Por lo tanto, este impedimento a girar el dinero involucró también en la disputa, aunque de forma indirecta, a los bonistas que no estaban en conflicto con el Ejecutivo nacional.

El objetivo de esta medida fue presionar a que la Argentina pague la sentencia judicial, que recibió en contra en junio por u$s1.330 millones, beneficiando a los holdouts que se opusieron a los canjes de deuda desde el 2001.

Más allá de estos bloqueos de los giros de dólares y del "default selectivo", el Gobierno no está dispuesto a cumplir con la deuda de los fondos buitre, ya que su misión principal es evitar la posibilidad de sufrir cualquier reclamo o demanda multimillonaria del resto de los bonistas (los que ingresaron a los canjes y otros que no lo hicieron), que exigirían un igual trato y recompensa similar (la famosa "pari passu").

Esta contemplación hacia los tenedores de papeles emitidos en 2005 y 2010 fue incluida en las condiciones de emisión de dichos papeles, en la clausula denominada "RUFO", derecho que vence el próximo 31 de diciembre.

El Gobierno apunta a esquivar, de cualquier forma, que se "dispare" dicha reglamentación y afrontar una catarata de demandas.

A raíz de esto, tanto Cristina Kirchner como todo su Gabinete siempre justificaron que no convalidarían bajo ningún punto de vista un pago diferencial y ventajoso hacia los holdouts, respecto al que recibiera el resto de los ahorristas que canjearon deuda.

Por lo que sólo les propusieron a los fondos buitre las mismas condiciones que al resto.

Bonos afectados...y montos

Los próximos vencimientos de bonos que el Estado argentino debe cancelar tienen fecha el 30 de septiembre, correspondientes al bono Par bajo las legislaciones de Nueva York, Londres, Asia y Argentina, por un monto total de 183 millones de dólares.

De esta cifra, u$s99 millones corresponde a la normativa inglesa y, en segundo lugar, a la norteamericana, equivalente a u$s67 millones.

Justamente, esta última sería la única que se mantendría "bloqueada" (ver cuadro).

Peligro de "aceleración"En caso de que Griesa no permita el pago de los vencimientos de los cupones de los bonos argentinos, muchos ahorristas podrían exigir la "aceleración" del pago de toda la deuda de los papeles afectados, cuyo valor residual acumularía un total de más de 35.000 millones de dólares (ver cuadro).

El Discount emitido en euros y yenes representa el 42% del total de dicho título público, lo que significa unos u$s2.000 millones de monto exigible.

En tanto, en el Par esas emisiones fuera de Estados Unidos y Argentina ascienden al 50%, alrededor de 2.200 millones de dólares.

La salida argentina

Para sortear las "trabas" y pedidos de Griesa, e intentar cumplir con los compromisos mantenidos con los tenedores de bonos que sí entraron en los canjes de deuda, el Gobierno argentino armó en tiempo récord "su propia salida" a estos obstáculos, que puede valerle ser acusado de desacato en Nueva York.

En síntesis, el 11 de septiembre la Presidenta promulgó una ley para modificar el domicilio de pago a estos bonistas que ingresaron al canje, y que fuera publicada en el Boletín Oficial al día siguiente.

"Significa que Argentina quiere pagar, puede pagar y va a pagar todas sus deudas", afirmó Cristina Kirchner.

Y señaló: "No sólo asegura el pago al 92,4% de acreedores que confiaron en la Argentina y aceptaron el canje sino también contempla los intereses de los tenedores que no ingresaron, ya que se les va a depositar lo que corresponde a esos bonos", explicó ante la mirada atenta del ministro de Economía, Axel Kicillof.

Y prosiguió: "A mí me tocó vivir no como Presidenta de la República sino como senadora sentada en mi banca un 31 de diciembre con un Parlamento que aplaudió el default, cuando se anunció que no se iba a pagar la deuda externa".

"Estamos en una situación inversa, a 180 grados de aquel momento. Ahora el Parlamento argentino asegura el pago y la Presidenta promulga la ley que lo garantiza", aseguró. 

Con la firma del decreto, el Gobierno activó el cronograma de cambio de jurisdicción, con salida de Nueva York y cualquier otro territorio donde tenga alcance el juez Griesa, para intentar demostrar la intención de pago a los bonistas.

La ley autoriza al Poder Ejecutivo a remover al Bank of New York (BoNY) como agente fiduciario, que fue contratado por decreto para la cancelación a acreedores del canje de 2005.

Esta rescisión de contrato, de acuerdo con la misma ley, se hará por incumplimiento de las obligaciones del BoNY, lo que según los dirigentes opositores no libra al país de futuros juicios que pueda hacerle esa entidad a la nación por la ruptura contractual.

Igualmente, el Gobierno debe comunicarles a los bonistas que el BoNY ya no es el pagador.

En su reemplazo, el Ejecutivo estableció a Nación Fideicomisos como nuevo agente de pago, que tendrá una cuenta especial en el Banco Central con el nombre de "Fondo Ley - Pago Soberano de Deuda Reestructurada".

Mediante este canal, el Poder Ejecutivo podrá depositar las divisas correspondientes a cada vencimiento de los títulos públicos, como los u$s200 millones del bono Par en dólares en todas las legislaciones, que tiene fecha de cobro el 30 de septiembre, y que rendirá una tasa del 7% anual, una rentabilidad que no se encuentra en cualquier otra jurisdicción.

Asimismo, los tenedores de títulos que ingresaron al canje que no acepten el pago en Buenos Aires, podrán designar a un nuevo agente fiduciario que garantice "un canal de cobro", que no sea Nueva York.

Y, finalmente, el Gobierno no dejó afuera a los holdouts y les volvió a ofrecer el canje de bonos, pero obviamente bajo las mismas condiciones que los efectuados en años anteriores.

La ONU se sumó al reclamo

En medio de esta disputa entre Argentina y los holdouts, la última semana se sumó otra novedad, que fue la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU de la resolución impulsada por Argentina y el G77 y China para redactar un marco legal que regule las reestructuraciones de deuda soberana.

Esta iniciativa fue aprobada por 124 votos a favor, 11 en contra (entre ellos de Estados Unidos) y 41 abstenciones en una reunión en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

El texto resuelve "elaborar y adoptar a través de un proceso de negociaciones intergubernamentales, con carácter prioritario durante la 69º sesión (de la Asamblea General), un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional".