Pese a los escándalos de corrupción y lavado de dinero que salpican a figuras del kirchnerismo, la presidenta Cristina Kirchner recibió ayer en la Casa Rosada a una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que llegó al país para verificar avances en materia de legislación penal, procesos judiciales y mecanismos administrativos de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El último plenario del GAFI en París, celebrado en junio último, sacó a nuestro país de la categoría de seguimiento intensivo, o "lista gris", en la que permaneció por cuatro años. Pero tal como se estila con todos los países, el GAFI envió a un grupo de revisión "in situ" para constatar la aplicación real de la nueva ley de lavado de dinero, sancionada hace un año, y otras reformas.

Esa ley modificó y endureció las figuras penales y le otorgó más facultades a la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otras cosas.

"Ellos tienen que verificar los elementos que presenta la Argentina y en función de ello se confirma la decisión del plenario del GAFI en junio de disponer la salida del país del seguimiento intensivo que nos pesó durante cuatro años. Para eso es la visita in situ al país", dijo a La Nación una alta fuente del Gobierno.

La reunión entre Cristina Kirchner y el GAFI fue protocolar y duró 30 minutos. Según fuentes oficiales, la misión del GAFI le expresó a la Presidenta un "reconocimiento contundente por el compromiso de la Argentina por mejorar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo". Pero los representantes del GAFI no hicieron declaraciones a la prensa.

La Presidenta, por su parte, se comprometió a "mantener la vigencia y la eficiencia del sistema".

Entre las reformas, además de la nueva ley antilavado, se destacaron novedades tales como una decena de condenas judiciales firmes por lavado de dinero, en contraste con la anterior legislación, que tuvo un período de diez años sin una sola condena. De todos modos, ninguna sentencia afectó hasta ahora a figuras de la política vinculadas con casos de corrupción pública.

También se registraron diversos procesamientos judiciales y se aplicaron multas y procedimientos administrativos a bancos y entidades financieras y de seguros por no cumplir normas antilavado; se amplió la cantidad de sujetos obligados a informar a los bancos, se dictaron diversos decretos y resoluciones de la UIF, del Banco Central (BCRA), de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y del Ministerio de Economía.

La misión "in situ" se reunió además con otros actores involucrados en la lucha contra el lavado de activos para verificar la utilidad de las reformas y confirmar así la salida del país de la categoría del seguimiento intensivo por parte del GAFI.

La representación se encontró con jueces, fiscales, camaristas y con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). También tuvo audiencias con organismos de fiscalización como el BCRA, Ministerio de Economía y la CNV, y hoy tendrá una entrevista con representantes de la UIF.

Además, tiene previstas reuniones con asociaciones de empresarios, bancos, seguros, expertos del sector privado, incluyendo ex funcionarios, oficiales de cumplimiento y abogados especializados.

Del encuentro entre la Presidenta y el GAFI participaron el canciller Héctor Timerman; el ministro de Justicia, Julio Alak; el presidente de la UIF, José Sbattella, y el jefe de Gabinete de Justicia, Juan Martín Mena, entre otros funcionarios.

Por parte del GAFI asistieron Darlene Boileau (Canadá), María García (Perú), Sabina Min Jung Kook (Estados Unidos) y los directivos Gonzalo González de Lara Sáenz, Kevin Vandergrift, Esteban Fullin, Andrea Garzón y Alejandra Quevedo.

Durante las reuniones con jueces y fiscales, en Cancillería, la misión del GAFI se limitó a hacer preguntas y tomar notas. Interrogaban, en particular, sobre opiniones respecto de la nueva ley antilavado, su aplicación práctica, posibles lagunas y puntos fuertes. Del otro lado de la mesa, entre otros, estuvieron el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky, jueces del fuero en lo Penal Económico y varios fiscales.