Si hubiera que elegir un solo indicador sobre las dificultades políticas del momento, basta con este dato: la denuncia presidencial sobre una conspiración en curso generó más reacciones irónicas que de preocupación.

Las expresiones más escuchadas entre los dirigentes de la oposición fueron "alucinación" y "ridículo", tras la advertencia de Cristina Kirchner respecto de que la conspiración en su contra no se limitaba a una desestabilización política sino que podría llegar a corporizarse en un atentado con la complicidad de Estados Unidos.

La frase "si me pasa algo" fue trending topic en twitter, donde quedó en evidencia el mayor riesgo de la comunicación política en los tiempos que corren: que el discurso pueda rápidamente ser parodiado.

Pero acaso nada haya sido tan elocuente como el hecho de que Elisa Carrió, que es frecuentemente objeto de mofas por su tendencia a pronosticar desastres, haya tenido su momento de revancha al señalar que estaba preocupada por la salud mental de Cristina.

¿Cómo se llega al punto de que una denuncia pública sobre una conspiración destinada a desestabilizar la economía y forzar la renuncia de la Presidenta se torne más motivo de bromas que de preocupación?

Para la usina ideológica del kirchnerismo debe ser todo un misterio, dado que la historia del país es rica en golpes -ya sean militares, "de mercado" o con estallidos sociales- y, por lo tanto, presumen que estos antecedentes deben llevar a que cualquier denuncia conspirativa sea verosímil y deba ser tomada en serio.

Tal vez, la explicación al efecto boomerang que tuvo la teoría conspirativa esté en el abuso del recurso. Es lo que, en la jerga de los economistas, se conoce como "rendimiento decreciente": la misma dosis que al comienzo resulta efectiva, luego va provocando un efecto menor.

Y la Presidenta viene denunciando una conspiración prácticamente desde el inicio de su gestión.

El conflicto con el campo en 2008 fue el momento de la irrupción de estas teorías conspirativas. Luego, el tema volvió recurrentemente, sobre todo cuando hubo dificultades en la economía.

Así, la Presidenta justificó la aplicación del cepo de 2011 por una presunta "corrida cambiaria" provocada por un grupo de banqueros.

Y las acusaciones volvieron, sucesivamente, para explicar las disparadas inflacionarias, los apagones, la crisis petrolera, a aparición del dólar blue, la devaluación de enero y los despidos en la industria.

Los sospechosos de siempre

Las denuncias, muchas veces, tuvieron nombre y apellido.

Fue así que para los empresarios se volvió un temor de época el "escrache" político en los discursos presidenciales o de altos funcionarios.

Fueron mencionados explícitamente:

1. Alfredo Coto: uno de los primeros en ser catalogados como promotor de los aumentos de precios injustificados, al punto de haber sufrido piquetes en sus locales.

2. Juan José Aranguren: CEO de Shell, mencionado promotor de la escasez de combustibles y por su reticencia a aceptar las "sugerencias" de Guillermo Moreno para los precios máximos.

3. Jorge Brito: uno de los enemigos preferidos de la Presidenta, apuntado como "fogoneador" de la fuga de capitales previa al cepo, y luego como artífice de la suba del dólar blue. Más cerca en el tiempo, fue acusado de impulsar un acuerdo espurio con los "fondos buitre" usando como garantía dinero del Estado.

4. El catalán Antoni Brufau: ideólogo del "vaciamiento" de YPF y culpable de la desinversión que llevó a que el país deba dedicarle reservas a la compra de combustibles.

5. Paolo Rocca: Presidente de Techint, identificado por mantener una estrategia de invertir fuera del país y por manipular el precio de la chapa para los pequeños clientes.

6. Marcelo Mindlin: al frente de Edenor, fue tildado de ser gran responsable del colapso del sistema eléctrico -que tuvo su máxima expresión en diciembre pasado- producto de su política de desinversión.

7. Cristiano Rattazzi: el presidente de Fiat en varias ocasiones fue señalado por hacer referencia a la pérdida de competitividad de la economía argentina. Y, más recientemente, por boicotear el plan ProCreAuto.

8. Héctor Méndez: titular de la Unión Industrial, identificado por comentarios que son interpretados por el Gobierno como pro-devaluacionistas.

9. Luis Miguel Etchevehere: productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural, responsable de promover el "encanutamiento" de la soja en los silobolsas y así forzar una devaluación.

10. Directivos de Bunge y Dreyfus: pertenecientes a las principales exportadoras de granos, son apuntados por presunta sub-declaración de ventas y evasión impositiva.

11. Los "socios de los buitres": James Albaugh, CEO mundial de American Airlines, es visto como uno de los que genera temor injustificado, al haber dejado trascender su preocupación por las dificultades para obtener los dólares del Banco Central en la venta de pasajes aéreos.

12. El gremio de los economistas: responsables de ser agoreros, difundir indicadores falsos, malas noticias y pronósticos catastróficos con el único ánimo de generar inquietud y malestar social. Por estas acusaciones fueron llevados a la Justicia Jorge Todesca y Orlando Ferreres, entre otros.

13. Ernestina de Noble y Héctor Magneto: accionistas del multimedios Clarín, identificados por una infinita lista de delitos, que van desde el ámbito de los derechos humanos hasta la difusión de noticias falsas para voltear al Gobierno.

"Caza de brujas" en la cityEl problema para el Ejecutivo es que el ciclo de la denuncias y de teorías conspirativas requiere de dosis crecientes de agresividad para mantener la credibilidad.

La primera vez, genera una conmoción nacional; la segunda, empieza a sonar repetido; la tercera provoca una mezcla de dudas y acostumbramiento y, finalmente, la denuncia sólo suena a excusa.

Es en este marco que "la lucha contra los poderes concentrados" llega a su fase actual, en la cual los desequilibrios económicos ya se tornan indisimulables.

Ante la necesidad de dosis de dramatismo crecientes, ahora la conspiración que se mostró tuvo la forma de connivencia entre empresarios y funcionarios influenciables.

Es allí donde reside la acusación explícita contra Juan Carlos Fábrega por ser blando u omiso en el control contra los operadores del mercado de "conta con liqui".

No por casualidad, su salida, lejos de ser presentada como una renuncia o un desaire, fue relatada por los medios oficialistas como una victoria del Gobierno, que había logrado deshacerse de un "lobbista" de los bancos dentro del Central.

"Perdió la banca", fue el expresivo título de Página 12. Y Alfredo Zaiat -acaso el economista que más influye sobre el pensamiento de Cristina Kirchner- celebró la salida como la reconquista de un territorio que el sistema financiero había colonizado.

"Controlar y regular al poder financiero es complejo, lleno de dificultades (...). Para ello se requiere de una estrategia que aspire a conducir al sistema bancario y, por lo tanto, a la sensible plaza cambiaria. Para ello debe eludir la falsa ilusión de poder hacerlo con la cooperación de los banqueros", afirma Zaiat.

La llegada de Alejandro Vanoli implica, en consecuencia, la apertura de una nueva etapa en la cual "el modelo" contará con dos componentes ineludibles: 

1.El primero es un mayor grado de intervencionismo, probablemente para llevar a cabo una medida reclamada por las usinas del pensamiento K: obligar a los bancos a subir las tasas de los plazos fijos sin trasladar ese costo a los créditos. 

En otras palabras, imponer una disminución en sus márgenes de ganancia. Curiosamente, los ideólogos K no explican cómo es que los bancos estatales no adoptan ya mismo esa política que se le reclama a los privados.

2.El segundo componente de la política del Banco Central será la represión a una lista creciente de actividades financieras -con la ilusión de hacer desaparecer, por esa vía, la brecha con el dólar paralelo- y la identificación de banqueros sospechosos.

El "villano del momento" es José Luis Pardo, dueño de Mariva, por haber cometido el "delito" de ser uno de los principales operadores del "conta con liqui", por cierto, un mecanismo legal para hacerse de divisas. 

Ayer sufrió una suspensión y un ataque político de Cristina Kirchner quien, en Twitter, denunció vínculos de este banquero con Eduardo Duhalde y el grupo Clarín.

Pardo fue parte de lo que hace una década se conoció como "la vuelta de los banqueros argentinos", luego de la masiva extranjerización de la banca durante la década de los '90.

Los otros protagonistas importantes de esa movida -y acaso los siguientes objetivos en la lista negra de Vanoli- fueron Jorge Stuart Milne, de Banco Patagonia, Guillermo Cerviño, de Comafi y, naturalmente, Jorge Brito, de Banco Macro.

El modelo entra en la fase "castigadora"

Lo que parece claro es que en los próximos meses se verán más situaciones como las del banco Mariva.

Como adelantó Jorge Capitanich, el diagnóstico es que "muchas operaciones y transacciones bursátiles tienen clara intencionalidad de establecer un ensanchamiento de la brecha, a partir de operaciones mediáticas y rumores permanentes y acciones que, agentes de Bolsa, mecanismos de interacción interna y externa que generan las condiciones para ataques especulativos de manera sistemática y reiterada".

La hostilidad en dosis crecientes es un ingrediente inevitable en esta fase del modelo: a mayor grado de dificultades, se necesita identificar culpables, exponerlos con más firmeza y adoptar medidas ejemplarizantes.

Esa es la lógica que impone el discurso de la conspiración: si después de haber acusado un plan para dar un golpe de mercado, y de haber mencionado con nombre y apellido a algunos de los "cabecillas" no se implementan castigos, entonces se corre el riesgo de que el "relato" pierda credibilidad.

Para el núcleo duro de apoyo político de Cristina, el castigo a los empresarios conspiradores es un reclamo que proviene de larga data.

El grupo de intelectuales de "Carta Abierta", por ejemplo, viene pidiendo desde hace años que, mediante la recreación de la Junta Nacional de Granos o del legendario IAPI de Perón, se intervenga los silobolsas para obligar a que los productores vendan su stock y lo liquiden al tipo de cambio oficial.

El Gobierno dio un paso en ese sentido con la aprobación de la nueva Ley de Abastecimiento, pero por ahora no hizo avances concretos, más allá de las críticas públicas hacia los productores.

Acaso haya primado la experiencia de 2008, cuando lo que preveía como una medida administrativa sin trascendencia derivó en un levantamiento popular en el ámbito rural.

En el imaginario social argentino, los banqueros son personajes mucho menos simpáticos que los productores rurales. Suena lógico que la caza de brujas empiece por la city: resulta difícil imaginar una manifestación en defensa de los dueños de sociedades de bolsa.

En definitiva, el final del ciclo kirchnerista sigue sorprendiendo: ahora la búsqueda de credibilidad ya no pone el foco en convencer de que las políticas darán buen resultado, sino que existe una conspiración.

No por casualidad, la Presidenta adoptó en los últimos discursos un tono bélico para describir la etapa actual. Ayer comparó este momento con la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845 y advirtió que "Argentina nunca se rendirá".

Mientras tanto, los miles de "conspiradores" anónimos siguen dando su opinión de la forma en que siempre lo han hecho: en sólo dos días de octubre, pequeños ahorristas compraron 140 millones de dólares en la ventanilla del Banco Central.