El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció este miércoles el envío al Congreso del proyecto "Argentina Digital", que busca garantizar el acceso "neutral" de todo el país a las "tecnologías de información". 

Para ello, el gobierno de Cristina Kirchner declarará las telecomunicaciones como "un derecho humano".

"Vamos a tener redes que le faciliten a la gente acceder al mayor universo de información posible dentro de lo que técnicamente los argentinos estamos en condiciones de ofrecer. La fibra óptica, el satélite Arsat 1 y la finalidad es la posibilidad del acceso de todos los habitantes a los servicios de información y comunicación en condiciones equitativas", indicó De Vido.

Sin mencionarlas directamente, los funcionarios aludieron a la posición dominante de las principales empresas proveedoras de estos servicios, como Cablevisión, Fibertel- ambas del Grupo Clarín- líderes, respectivamente, de la provisión de TV cable y acceso a Internet por banda ancha.

También se refirieron al "oligopolio" existente en telefonía móvil en el cual el mercado es repartido entre Movistar - de la española Telefónica- Personal de Telecom y Claro del grupo mexicano Telmex.

El Gobierno insinuó sin dar detalles que la nueva regulación tenderá a disminuir el poder de estas compañías en sus respectivos mercados y aumentar el poder regulatorio estatal para permitir el acceso a bajo a una mayor porción de la población.

El ministro de Economía, Axel Kicillof fue quien hizo más hincapié en este punto al asegurar que "cuando uno ve todos esos mercados, lo que encuentra es que para telefonía móvil hay tres compañías; para telefonía fija hay tres compañías; para banda ancha, hay tres compañías, y para cable, dos compañías (...) esta ley buscará desarticular esos oligopolios".

En ese contexto, indicó que "son cinco las compañías que se dividen el 88 por ciento de las ventas y tampoco es así en todo el mundo. Esto hace falta adecuarlo a la modernidad".

"No puede ser que una ley de 1972 sea la que regule Internet y los teléfonos celulares, que hace 40 años no existían" indicó el titular de Hacienda, quien explicó que en los últimos tiempos hubo "un crecimiento exponencial de la facturación de las empresas de internet, cable y telefonía móvil".

La iniciativa, que reformará la ley de telecomunicaciones 19.798, sancionada por la dictadura de Agustín Lanusse el 23 de agosto de 1972, busca "garantizar el desarrollo de las redes que permitan a la gente acceder al mayor universo de información y comunicación disponible".

El anuncio del envío del proyecto de ley que firmará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sucede al lanzamiento del satélite de comunicaciones Arsat-1, y 48 horas antes de la difusión de las ofertas privadas para los servicios de tercera y cuarta generación de telefonía móvil, una licitación que culminará en noviembre.

Las afirmaciones realizadas del ministro de Planificación apuntan al concepto de neutralidad de redes, una cuestión que se debate con fuerza en los países desarrollados, donde las empresas de telecomunicaciones intentan establecer una red con varias velocidades de acceso a diferentes precios de abono al mismo contenido, y donde procuran que los grandes jugadores de Internet no usufructúen sus redes sin dejarles a las "telcos" rédito alguno.

Este mes, las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de Justicia y Asuntos Penales y de Derechos y Garantías del Senado habían aprobado, con modificaciones, los cambios que consideran las propuestas de los senadores Norma Morandini, Graciela Di Perna, Liliana Fellner, Daniel Pérsico, Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero, Ernesto Sanz y Silvia Elías de Pérez.

El proyecto enuncia que promueve establecer la neutralidad de la Red "con el fin de asegurar a los usuarios de Internet el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo a través de Internet, sin ningún tipo de restricción ni discriminación".

Los puntos destacados

•La nueva ley busca la convergencia tecnológica y la diversificación de servicios, con una misma red para todos los servicios.

•Los licenciatarios deberán adoptar infraestructuras compatibles que garantice la interconexión entre las redes.

•Esta nueva ley asume el proceso de convergencia tecnológica, y busca garantizar el acceso a las TIC acortando la brecha digital.

•Las tarifas de interconexión de las redes entre licenciatarios serán reguladas por el Estado Nacional, un viejo anhelo de los pequeños operadores de telecomunicaciones.

•Se establecerá una velocidad mínima obligatoria de trasmisión de las redes de telecomunicaciones.

•Se eliminará el concepto de llamadas telefónicas de larga distancia. Letra fina

En la conferencia, Berner estableció la letra fina de los anuncios, al aclarar que la ley establecerá el desagregado de las redes. De esta manera, los proveedores de infraestructura deberán permitir a otros jugadores del mercado llegar al hogar del usuario sobre su cableado.

Así, en lugar de tener múltiples conexiones físicas para unos mismos usuarios, como telefonía, televisión e Internet, con la nueva ley todos los proveedores deberían usar la misma infraestructura.

Los operadores tampoco podrán modificar los parámetros de acceso ni a las redes de terceros ni a los contenidos.

El proyecto de ley establece que cada dos años se deberán revisar las velocidades de conexión de datos a los usuarios.

El jefe de Gabinete también señaló que uno de los objetivos estratégicos es que "permita sustitución de la conectividad analógica". Y sostuvo que la norma garantizará la "inviolabilidad de las comunicaciones y del correo electrónico".

Capitanich también expresó que la ley permitirá que "un operador tenga una sola licencia para dar todos los servicios de telecomunicaciones".

Esta afirmación entraría en contradicción con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que bloquea explícitamente la entrada a este negocio de empresas de servicios públicos, como las de telecomunicaciones.

Servicio público

Uno de los puntos más importantes del anuncio fue que se declarará como servicio público a las tecnologías de la información.

Ello implica una serie de medidas regulatorias, como la prohibición del ajuste automático de las tarifas y la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) como autoridad competente para fiscalizar y garantizar servicios confiables que cumplan con las características de continuidad, regularidad y uniformidad.

Por ejemplo, en materia de telefonía celular, hay unos 45 millones de teléfonos móviles.

Gran parte de los reclamos registrados en oficinas de defensa del consumidor se relacionan con deficiencias en este servicio y la inexistencia de un marco regulatorio establecido por ley.

A mediados de este año, el Senado comenzó a analizar varias iniciativas para declarar como "servicio público" a la telefonía celular, pero había divergencias en temas como ubicación de las antenas, derechos del consumidor y designación de la autoridad de aplicación.

La última presentada fue la del senador kirchnerista Juan Manuel Irrazábal (FPV) y propone un marco legal mucho más estricto: que la telefonía móvil sea un 'servicio público esencial'.

Los otros cuatro proyectos en el temario son de Carlos Verna (PJ) y Eugenio Artaza (UCR); Graciela Di Perna (PJ); Rubén Giustiniani (Partido Socialista) y Gerardo Morales (UCR).