Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado siguieron con el análisis del proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal, que el oficialismo piensa llevar al recinto de la Cámara Alta en la semana del miércoles 19.

En la audiencia del día, la tercera desde que entró el proyecto del Ejecutivo, pasaron doce expositores por el Salón Azul, que coincidieron en marcar como "positivo el pase a un sistema procesal acusatorio", así como separación de las funciones del juez y el fiscal, para este sea el encargado de llevar adelante la investigación que promueve la iniciativa.

Aunque también hubo críticas mayoritarias respecto a la expulsión de extranjeros y sobre las facultades otorgadas a la Procuraduría General para reasignar causas a fiscales.

Ante los senadores pasaron los jueces Mariano Borinsky (presidente de la Cámara de Casación Penal), Luis María Cabral (presidente de la sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal); Guillermo Yacobucci (de la Capital Federal), Carlos Bruzzone (Capital Federal) y Daniel Erbetta (Corte Suprema de Justicia de Santa Fe), según relevó la señal Todo Noticias.

También el fiscal Carlos Donoso Castex (presidente de la Asociación de Fiscales), el fiscal federal Félix Crous, el docente en Derecho Penal Julio Maier, el abogado Julio Federik y el ex diputado nacional radical Ricardo Gil Lavedra, así como Diego Morales y Eva Asprella (por el CELS).

Borinsky, el primero de los expositores, recordó que la ley de Migración ya contempla la posibilidad de que un extranjero condenado por un delito, al cumplir la mitad de la pena, pueda acceder a la figura de "extrañamiento" y pedir "ser expulsado a su país".

El magistrado consideró negativa la discrecionalidad otorgada a la Procuración General de la Nación para asignar causas a fiscales, y reclamó la incorporación de "un mecanismo de antemano de asignación de causas" como por ejemplo "el sorteo", aunque afirmó que "este proyecto es bueno, tendiente a la oralidad, a la celeridad y a la publicidad" de las causas.

No obstante, Bruzzone dijo no creer que "sean malas las atribuciones del procurador, cuando se le da la posibilidad elegir los fiscales, para que pueda decir 'yo a ese juicio quiero llevar a lo mejor'". Y coincidió con Maier en la necesidad de "avanzar en la idea de un colegio de jueces" para acelerar los tiempos procesales y en la instalación de "un sistema de horizontalidad" entre los magistrados.

Desde el CELS, Asprella afirmó que "si ampliamos facultades a los jueces para fijar las prisión preventiva, fuera de lo que dicta la Constitución" se corre el riesgo de que se deterioren las condiciones de detención de las personas y de sus derechos. Por su parte, Diego Morales dijo que el organismo está en contra del artículo 35, que refiere a la suspensión del proceso a prueba, vinculado a la expulsión de los extranjeros.

En tanto que Maier advirtió que, antes del tratamiento del nuevo Código Procesal Penal, "se debió empezar por el Código Penal" porque primero hay que definir el tipo de política criminal se quiere aplicar para luego elaborar la herramienta que la lleve a cabo.

También se quejó de que el sistema judicial argentino es una organización "verticalizada" que, en su opinión, aun con los cambios previstos puede frenar los tiempos procesales, dado que aún persisten los recursos antes los tribunales superiores que pueda favorecer la dilación de las causas, por eso abogó por crear instancias colegiadas para que los jueces dictamen en forma simultánea.

Gil Lavedra, por su parte, consideró que este proyecto es "infinitamente superior a la legislación existente", pero, entre otros puntos, criticó que "el procurador general tiene un grado de potestad no tolerable, como lo es la de reasignar las causas" y señaló que la mención de la figura de conmoción social para la aplicación de la prisión preventiva es "una regresión cultural" que tenían "las leyes de la dictadura".

En declaraciones relevadas por Todo Noticias, Yacobucci alertó sobre "el criterio de oportunidad" en el que puede caerse en la "discriminalización, cuando el fiscal dice que un delito no se persigue" y deja abierta las puertas a la "despenalización de un delito", al establecer un acuerdo con un acusado.

Por último, Federik -autor del proyecto presentado por el presidente de la comisión de Justicia Pedro Guastavino- planteó una serie de modificaciones, entre otras, la creación de fiscalías especializadas para investigar los delitos, dado que "no es lo mismo un homicidio, que un robo, que un delito sexual" y deben investigarse por personal especializado.