Mientras continúa el fuego cruzado entre Grupo Clarín y Telefónica por los aspectos que fijará la nueva ley de telecomunicaciones en debate parlamentario, poco a poco surgen "detalles" que alientan la polémica en torno a la regulación que impulsa el kirchnerismo.

Una de de las cuestiones (a la que evitan referirse las partes en pugna, por descuido o de modo intencional) tiene que ver con una caja de $2.300 millones que podría pasar automáticamente a manos del Gobierno si, de aprobarse el marco, se decide dejar en poder del Estado la administración de estos fondos.

A este aspecto hay que sumarle otra cuestión que habilitará la norma: la posibilidad de hacer uso -por parte de cualquier operador vigente o futuro- de toda la infraestructura ya instalada para el desarrollo de nuevas propuestas comerciales en telefonía, Internet o televisión.

Esto es leído por distintos especialistas del sector como una opción "a medida" y de la que puede sacar amplio rédito el oficialismo.

Es que, ni más ni menos, le permitiría crear su propio proveedor de contenidos sin la necesidad de tendidos o instalaciones, porque ya tiene disponible lo desarrollado por Clarín y las telefónicas.

"La ley, como está escrita, le da un súper poder al Gobierno si, como se presume, define a su conveniencia cómo estará estructurada la autoridad de aplicación del marco", sostuvo a iProfesional un reconocido analista de telecomunicaciones.

En su visión, nadie sabe cómo va a funcionar esta autoridad, si estará integrada sólo por el kirchnerismo o si incluirá a gobernadores o asociaciones de consumidores.

El experto agregó que en lo concreto, la ley permitirá crear un operador sin red.

"Si el Gobierno desea llevarlo a cabo, con la nueva norma podrá desarrollar otra empresa que compita con el resto de los que ya dan telefonía, Internet o televisión y prácticamente sin hacer grandes inversiones. Usaría la infraestructura de otros. Y ahí hay que tener en cuenta, también, varios cientos de millones disponibles", agregó.

Esto último hace referencia al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), por el que se obliga desde hace años a las empresas de telefonía a aportar el 1% de sus respectivas facturaciones mensuales.

Supuestamente esta caja debería haber servido para expandir las comunicaciones en zonas descartadas por las operadoras.

Este fondo fue creado en tiempos del gobierno de Fernando de la Rúa y comenzó a recibir transferencias a partir del 2010. Esa suma acumulada hasta hoy nunca fue ejecutada por el kirchnerismo.

El monto, además, continúa creciendo por los aportes mensuales que obligatoriamente deben hacer las operadoras.Una caja más que tentadora

Según plantea el nuevo marco de ley, esos $2.300 millones deberán transferirse a un nuevo fondo cuya administración quedaría bajo control directo del oficialismo.

Según los expertos consultados, este aspecto clave -al que aún no se le ha puesto el foco ni ha estado en marco de discusión- abre otra arista polémica en el nuevo plan que impulsa el Ejecutivo para las telecomunicaciones en el país.

Va más allá de la pelea Telefónica-Clarín porque vuelve a darle al kirchnerismo la posibilidad de crear sus propios operadores.

Esto, sin tener que instalar su propia red y con el respaldo de los millones sin utilizar del FFSU.

El objetivo inicial de ese dinero era, de acuerdo con un decreto del año 2000, que todos los habitantes del territorio nacional tengan posibilidades de acceder a los servicios de telecomunicaciones.

En simultáneo, la norma hace referencia a servicios "que habrán de prestarse con una calidad determinada y a precios accesibles, con independencia de su localización geográfica".

Según la reglamentación realizada en 2010 por la Comisión Nacional de Comunicaciones, "todo prestador de servicios de telecomunicaciones está obligado a efectuar un aporte de inversión equivalente al uno por ciento (1%) de la totalidad de sus ingresos devengados por la prestación de los servicios".

El crecimiento exponencial que tuvo el sector de la telefonía y las multimillonarias ganancias que obtuvieron las principales empresas a lo largo de estos años, explican los $2.300 millones que se acumularon en el fideicomiso creado en el Banco Itaú en apenas cuatro años.

Un "taxímetro" de $70 millones por mes

Enrique Carrier, titular de la consultora homónima, expuso otros aspectos de la posible regulación que pasan desapercibidos, pese a su relevancia, o se prestan a confusión.

"La declaración de servicio público implica que el Estado pueda fijar las tarifas. Esto no afectaría a la telefonía fija sino el acceso a Internet y a la telefonía móvil. Si bien muchos políticos y ciudadanos ven esta declaración como una panacea frente a todos los males, la experiencia local demuestra que muchas veces las tarifas se fijan por debajo de los costos por cuestiones políticas. Y, cuando esto sucede, repercute en la calidad de servicio", alertó.

Según este experto, la posibilidad de que el oficialismo defina los precios puede hacer que las empresas que se presentaron para ofrecer 4G hayan hechos sus cálculos sobre una tarifa que finalmente no sea la que se apruebe, lo que atentaría contra la rentabilidad del proyecto.

En su análisis, también se refirió a polémico fondo FFSU: "En lo que hace al Servicio Universal, hoy cuenta con unos $2.300 millones de pesos y se va incrementando a un ritmo de unos $70 millones mensuales", destacó. "Descansan en una cuenta bancaria sin que se los hayan asignado a ninguno de sus objetivos originales. En el caso del proyecto de ley, se crea un nuevo fondo (al que deberá transferirse lo ya recaudado) que será administrado en forma aún no definida. Una caja tentadora", destacó Carrier.Dinero sin rumbo...hasta ahora

El Gobierno no ha clarificado ni ha dado información acerca de los proyectos a los que podría destinarse. Recientemente, distintos analistas recordaron que en algún momento se dijo que se utilizaría para el tendido de fibra óptica de Arsat. Sin embargo, eso nunca se llevó a cabo.

Otra alternativa que también se abandonó fue su utilización para la reducción de costos telefónicos, destinando una parte a la amortización anual del uso de la red.

En base a lo publicado en la web institucional de la Comisión Nacional de Comunicaciones, el último dato que hay es el de un llamado a licitación para la realización de auditorías técnicas de los servicios de acceso a Internet en Establecimientos Educativos. Se trata de un programa destinado bonificar la banda ancha en escuelas estatales.Este fondo para el servicio universal fue objeto de polémicas y críticas de distintos actores políticos desde su entrada en funcionamiento.

Sólo a modo de ejemplo, en 2005 la Comisión Nacional de Comunicaciones intimó a las compañías a que devuelvan a los clientes unos $350 millones indebidamente cobrados.

En 2012, la senadora del Frente Amplio Progresista, Norma Morandini, presentó un pedido de informes al Ejecutivo exigiendo, entre otras cosas, la publicación del contrato del fideicomiso, el monto de dinero recaudado y el destino de esos fondos. Su pedido nunca fue avalado.

En 2013, los senadores radicales Gerardo Morales y José Cano presentaron otra solicitud de informes por el que volvieron a reclamar el contrato, además de un detalle de pasivos y activos del FFSU, los programas ejecutados hasta ese momento, entre otros requerimientos.El "tapado": Carlos Slim y Claro

Para Carlos Blanco, analista de la consultora Dataxis, la discusión en torno a lo que postulará el marco que impulsa el Gobierno merece incluir a otros actores del sector, que van más allá de Telefónica o Telecom.

"Los sujetos de discusión cambian. Hace años eran teléfonos móviles versus comunicaciones fijas. Ahora la cuestión pasa por las empresas de telefonía más visibles, pero la realidad es que hay otras compañías que podrían desembarcar en el negocio de la televisión sin ningún tipo de inconvenientes. La principal es América Móvil", aseguró a iProfesional.

Para este experto, en el mercado local tiende a subestimarse la relevancia que ha adquirido en la región la empresa de Carlos Slim, que actualmente es la mayor operadora de tv paga de América latina.

"Pero América Móvil, que controla Claro, no ha perdido el tiempo: tiene abundante cableado en buena parte del conurbano bonaerense. Ahora, de aprobarse la ley, podrá dar el único servicio que le faltaba, que es el cable", precisó.

Para Blanco, si bien la normativa y el dinero disponible en el FFSU podrían respaldar un ingreso estatal al negocio de las telecomunicaciones, podría haber un incremento en la actividad privada.

"Un punto clave a destacar sobre el fondo es por qué no se usó esa plata y si el dinero disponible debería ser más", dijo.

"El mercado de las telecomunicaciones mueve alrededor de 15.000 millones de dólares anuales, considerando desde la televisión paga hasta los llamados telefónicos", concluyó.