Estalló la guerra de la "blancura". Ante el auge de las acusaciones por corrupción contra funcionarios kirchneristas -incluyendo a Cristina Kirchner-, el Gobierno decidió responder con las mismas armas.

Y la consecuencia es que, en el lapso de pocas horas, empezaron a conocerse los supuestos titulares de cuentas bancarias radicadas en el exterior.

La conferencia de prensa convocada por Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, confirmó el dato que anticipara iProfesional: que había llegado a manos de las autoridades argentinas una nómina de titulares de cuentas del HSBC en Suiza.

Echegaray amagó con dar a conocer los nombres, pero se limitó a explicar en qué consistía la infracción tributaria de estos particulares y empresas con fondos en Ginebra y avanzó en una denuncia formal en la Justicia.

Pero a los pocos minutos de haber finalizado su conferencia, una parte de la lista con los supuestos involucrados ya se había filtrado a los medios de comunicación.

En la nómina figuran personas y empresas con cierto grado de conocimiento y relevancia pública, vinculadas al ámbito corporativo, a la política y a los medios. Al lado de cada nombre, hay una descripción de cuál es la actividad a la que se dedica el titular en cuestión.

Tanto la selección de los nombres como la manera en que la información fue "editada" dejan en claro que la elaboración y difusión de la lista forma parte de una estrategia que habría sido pergeñada en oficinas gubernamentales.

La misma está integrada casi exclusivamente por críticos del kirchnerismo o por empresas cuya enemistad beneficia al Gobierno.

Como era de esperarse, varios nombres están asociados al multimedios Clarín. También hay, naturalmente, titulares relacionados con el propio HSBC.

Y, en el plano político, el mayor impacto fue el nombre de Alfonso Prat-Gay, una de las figuras más prominentes de la oposición y duro crítico del kirchnerismo. 

A continuación, los nombres de particulares y empresas que tendrían cuentas en Suiza, según el listado que circula y que a la fecha no ha sido ratificado por la agencia gubernamental: 

Desmentidas y contexto político

A poco de conocida la lista, hubo algunas desmentidas. La primera provino del HSBC Argentina, cuyo presidente, Gabriel Martino, fue la única persona a la que Echegaray había identificado durante la conferencia de prensa.

"Las declaraciones hechas por la autoridad de la AFIP en relación a la existencia de una cuenta en HSBC Suiza bajo mi nombre son absolutamente falsas. No poseo una cuenta en HSBC Suiza ni en ninguna otra institución bancaria de ese país", sentenció Martino.

Hubo, además, una desmentida institucional por parte del banco en el sentido de que su CEO haya sido el facilitador de la salida de capitales al exterior.

Minutos después, Prat-Gay emitió públicamente un comunicado en el cual negaba poseer ahorros no declarados en un banco con sede en Suiza.

"¿Se acuerdan que le hicieron lo mismo al bueno de Enrique Olivera? Tan desesperados están los soldados K que repiten los trucos que ya fracasaron", dijo Prat-Gay. Era una alusión al recientemente fallecido político, quien en la elección legislativa de 2005 había sido víctima de una "campaña sucia" en la que se lo acusaba de tener cuentas no declaradas en el exterior.

A esta altura, el tema ya había dejado de ser una cuestión técnica-tributaria y se había politizado por completo.

No resultó extraño para nadie el "timing" elegido para radicar la denuncia contra el HSBC ni para dar a conocer los presuntos infractores.

A fin de cuentas, la AFIP contaba desde hacía meses con esta información, que recién vio la luz pública en medio de acusaciones judiciales contra los emprendimientos hoteleros que forman parte del patrimonio de la familia Kirchner.

La propia Presidenta había dado una pista respecto de lo que podría pasar cuando, en su primer discurso al reaparecer tras su licencia médica, se había referido a las investigaciones de la justicia estadounidense que, por instigación de los "fondos buitre", buscaban cuentas de Lázaro Báez o de otros empresarios a quienes se pudiera vincular con el Gobierno argentino.

Cristina, en esa oportunidad, había desafiado a que se dieran a conocer todos los titulares de cuentas en Estados Unidos y no sólo las que presuntamente se atribuían a Báez.

"Saben que no tengo información, pero tengo una intuición femenina que me parece que fueron a buscar nombres que por ahí los encontraron y se encontraron con algún otro nombre que no nos quieren dar a conocer", deslizó la Presidenta.

Y a continuación recordó que, mientras se cursa esa investigación en Estados Unidos, la AFIP contaba con información de las 4.040 cuentas que se habían conocido por el HSBC de Suiza.

"Así que, como verán, muchas veces los dólares que faltan o se requieren, es porque no han salido con toda legalidad de la República Argentina", apuntó Cristina, dando a entender que conocía ese listado y que, precisamente, quienes suelen criticar la política económica oficial son quienes sacan divisas del país.

La otra coincidencia que hace pensar en un fuego cruzado de tinte político es el hecho de que, en la misma jornada, se confirmaron denuncias -una penal y la otra ante el Consejo de la Magistratura- contra el juez Claudio Bonadío, que investiga los papeles de la empresa Hotesur.

Pero, en simultáneo, el magistrado requería información sobre todos los integrantes de la familia Kirchner, en una clara señal de que está dispuesto a subir la apuesta en esa pulseada que tiene en vilo al poder judicial.

Lo cierto es que, en medio de esta escalada de denuncias, el listado de presuntos clientes del HSBC hizo explotar las redes sociales.

Entre chicanas y acusaciones, hubo reclamos para que se publicara otro listado, perteneciente a cuentas del UBS, presuntamente también en poder de la AFIP.

Y abundaron los comentarios irónicos, como el del ex diputado Jorge Yoma: "¡Ta bien! La mejor forma de ocultar un elefante en una avenida, es llenar la avenida de elefantes".Detalles de la maniobra

La denuncia presentada por el organismo de recaudación en el Juzgado Federal Penal Tributario N° 3 -y que quedó a cargo de la jueza María Verónica Straccia- posee tres frentes de acción.

En primer lugar, el fisco acusa de evasión impositiva a aquellos particulares y empresas que están en el listado de 4040 cuentas radicadas en la sucursal del HSBC de Ginebra y que no fueron declaradas ante la AFIP.

En segundo lugar, apunta contra la sucursal argentina del HSBC y contra sus directivos por ser los encargados de montar una plataforma ilegal con el fin de colaborar con contribuyentes para no abonar los impuestos correspondientes.

En este sentido, Echegaray señaló que en todos los casos las cuentas habían sido montadas por tres entidades bancarias (HSBC Bank Argentina SA, el HSBC Private Bank Suisse y el HSBC Bank USA) que se desenvuelven en la Argentina con tres CUIT diferentes.

"Los tres operan en calle Florida 529, con apoderados vinculados entre ellos, y sus directivos han intervenido de manera muy activa con el único fin y propósito de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus obligaciones impositivas", detalló.

El funcionario destacó que el HSBC en la Argentina tiene una cuenta no declarada y oculta en la sede que el mismo banco tiene en Ginebra. Es decir, que la sucursal argentina está en la nomina de los contribuyentes denunciados con una cuenta oculta.

Por último, la autoridad tributaria denunció una plataforma que estaba dirigida por apoderados, abogados, contadores y licenciados en economía que facilitaron una red de sociedades off-shore para evadir impuestos.

Al respecto, Echegaray puntualizó que esas sociedades extranjeras estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más entre la AFIP y los contribuyentes para que el fisco no pudiera llegar a las cuentas radicadas en esa nación europea.

Este es el motivo, según argumentó el funcionario, por el que muchos de los nombres que buscaba el organismo no eran encontrados en un primer momento, ya que utilizaban pantallas para evitar ser detectados. "Había cascarones, como si fuera una mamushka, para ocultar información", añadió.

Estas sociedades off-shore y los trusts creados para la maniobra delictiva estaban radicadas en Panamá, Uruguay, Jersey, Guernsey, Suiza, España, Bahamas, Islas Vírgenes, Islas Caimán y los Estados Unidos.Qué datos obtuvo la AFIP

Además del listado de empresas y particulares que poseían cuentas en la entidad bancaria suiza -y que fueron el detonante de la investigación- el organismo de recaudación pudo obtener mayores detalles de cada caso.

En efecto, tal como lo explicó en la conferencia de prensa Echegaray, el fisco nacional logró conocer, en algunas cuentas, qué tipo de sociedades se utilizaron para desviar la atención y evitar ser detectados.

Asimismo, pudo dar con comunicaciones personales y mails que intercambiaron los clientes con el banco, así como cenas y almuerzos que compartían los titulares de las cuentas junto con empleados del HSBC.

También posee la dirección en la Argentina da cada contribuyente, así como los números de contacto (celulares y correos electrónicos), la actividad que desarrolla, la profesión y la fecha de nacimiento.

En cuanto al detalle de las cuentas bancarias, el comunicado de la AFIP afirma que no sólo obtuvieron los saldos de cada una de ellas, sino también los movimientos que las mismas registraron.

Por último, el organismo de recaudación pudo comprobar la visita, tanto a la sucursal de la entidad bancaria radicada en la Argentina como a la de Ginebra, de aquellas personas que poseían depósitos no declarados.

El titular de la AFIP especificó que la mayoría de los contribuyentes detectados están radicados en la Ciudad de Buenos Aires (2.533 en total), aunque aclaró que no es la única zona, ya que también hay contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras jurisdicciones.

Por otro lado, Echegaray deslizó que el organismo también está bajo la pista de argentinos que poseen cuentas no declaradas en otra entidad del exterior.

En este sentido, indicó que "estamos tomando contacto con gente vinculada a los bancos o que han sido ex funcionarios del UBS, pero hasta que nosotros no logremos un procedimiento o un protocolo que nos pueda validar la información legalmente, no podemos avanzar".

"Si nos preguntan si tenemos información respecto de contribuyentes argentinos que tienen cuentas ocultas en el UBS, la estamos trabajando", ratificó el funcionario.

Y concluyó: "No les quepa la menor duda de que esta conducción de la AFIP seguirá manteniendo reuniones en cualquier plaza de paraísos fiscales porque el objetivo es lograr cobrar impuestos y que no se perjudique a los que menos tienen".Qué penas establece la ley

La denuncia presentada por el organismo de recaudación ante el Juzgado Federal Penal Tributario N° 3, acusa a los propietarios de las cuentas, al HSBC (y a sus directivos) y a un grupo de profesionales de evasión fiscal y asociación fiscal ilícita.

Al considerar que el delito que presuntamente se cometió fue el de evasión, existen dos posibilidades: que se trate de una "agravada" o de una "simple". La diferencia entre ambas radica en las penas, ya que en el primer caso pueden ser fijados entre los 3 años y medio y los 9 años de prisión, mientras que en el segundo puede ser de 2 a 6 años.

La clave para determinar si corresponde una u otra está en el monto evadido, que debe ser considerado por impuesto y por período. En el caso de la agravada, el monto de la evasión debe ser superior a los $4 millones, mientras que en el de la simple, el valor debe estar por encima de los 400.000 pesos.

Ahora bien, la AFIP no posee un número concreto sobre el monto que evadieron los titulares de las cuentas, pero los funcionarios realizaron un estimativo en base a los saldos bancarios que figuran en el listado que le proporcionó Francia.

En efecto, según un cálculo difundido, se trataría de unos $62.000 millones entre Bienes Personales, Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA), intereses (que deben calcularse desde 2006) y multas.

De esta manera, dependerá del monto de cada caso si se trata de una evasión simple o una agravada y, por ende, del período que pueden pasar en prisión los presuntos responsables del delito.