El juez estadounidense Thomas Griesa convocó a una audiencia pautada para el 3 de marzo con el objetivo de decidir si el Citigroup está habilitado para procesar el pago de intereses de bonos soberanos argentinos, tras las críticas de los holdouts al Gobierno por no iniciar las negociaciones.

La noticia sobre la nueva instancia se dio a conocer luego de que de los fondos buitre se quejaran de que la Argentina no comenzó a negociar una vez vencida la cláusula RUFO.

"No debería existir ninguna barrera", argumentó el fondo American Task Force en un artículo publicado en su blog.

Los duros cuestionamientos surgieron porque el ministro de Economía, Axel Kicillof, había considerado a esa cláusula como "una trampa", según consigna NA.

La publicación fue titulada "RUFO se fue. Es hora de negociar" y sugirió: "Argentina, demos vuelta la hoja y comencemos a hablar".

"Los acreedores de Argentina han declarado en reiteradas oportunidades que se podría alcanzar un arreglo en apenas un día. Y entonces, ¿porqué no está negociando Argentina?", preguntó el grupo especulativo.

En ese sentido, volvió a calificar a la cláusula como "una cortina de humo" y como "una excusa empleada por Kicillof y otros en el Gobierno para negarse a negociar con los acreedores".

"Todos los analistas en Argentina y en el exterior están de acuerdo con una negociación. Ahora depende exclusivamente de una decisión tomada en Buenos Aires", resaltó el texto.

En ese sentido, sostuvo: "Una de las grandes lecciones que nos depara la historia es que no importa cuan dura haya sido la batalla, porque la paz es un final siempre bienvenido. Hoy está a nuestro alcance, pese a lo que dicen los escépticos y los cínicos".

Por su parte, el fondo Aurelius también salió al cruce del Gobierno ya que negó ser el responsable de la querella contra Petrobras en Estados Unidos, tal como había denunciado Kicillof el fin de semana.

"Aurelius no tiene nada que ver con esa querella", sostuvo en un comunicado el dueño de ese fondo, Mark Brodsky.

El ministro había acusado a los holdouts de querer realizar un "ataque" contra "procesos políticos" de América Latina, especialmente de Argentina y Brasil.

En ese escenario, Aurelius aclaró que en la querella, en la que se acusa a Petrobras de falsificación de información contable en un tribunal de Providence, "es una extensión de una investigación criminal que lleva a cabo el gobierno brasileño".

"Kicillof hace un flaco favor a Brasil y Petrobras al equiparar las dificultades de Petrobras con las de Argentina", sostuvo Aurelius.

Además, reprochó: "A diferencia de Argentina, Petrobras sigue pagando sus deudas y no viola de forma flagrante las órdenes de un tribunal de Estados Unidos"