Mientras el paro sindical contra el Impuesto a las Ganancias paralizó el país, Roberto Carlés -el candidato del oficialismo a ocupar un lugar en la Corte Suprema- se presentó en una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado.

Durante un encuentro que duró varias horas, el joven abogado de 33 años, quien fue coordinador del anteproyecto de reforma del Código Penal, respondió preguntas de los legisladores y realizó su descargo ante las impugnaciones que recibió en su contra.

Luego de escucharlo, el oficialismo -que cuenta con nueve miembros del total de dieciocho de la Comisión de Acuerdos-, firmó el dictamen favorable del pliego, que ahora será analizado en el plenario del Senado el próximo 15 de abril. 

A pesar de lograr un primer espaldarazo a su nombramiento para integrar el tribunal de Justicia más importante del país, el camino de Carlés no será sencillo.

Esto es así, entre otros puntos, porque los bloques antikirchneristas suscribieron un acuerdo en noviembre de 2014 para que sea el próximo Gobierno -que asumirá el 10 de diciembre de este año- quien proponga al reemplazante de Eugenio Zaffaroni.

La estrategia del oficialismo ahora tiene como rival al calendario. Tiene solo 15 días, para lograr 48 votos. Por el momento, con la adhesión de sus senadores y algunos aliados, llegaría a 39 voluntades, suficientes como para sancionar una ley pero no para confirmar a un candidato como integrante de la Corte Suprema.

Sucede que, en este caso, son necesarios las adhesiones de las 2/3 partes de los miembros presentes. Es decir, para evitar cualquier sobresalto, el kirchnerismo debería contar con otros nueve adherentes a su propuesta.

Frases más importantes

Carlés se hizo conocido por coordinar la comisión multipartidaria que redactó un anteproyecto de reforma del Código Penal y por su amistad con el papa Francisco. En un primer momento, consideró que "los jueces, como cualquier ciudadano, deben pagar" el Impuesto a las Ganancias.

Esta vez, ratificó su posición frente al tributo, pero manifestó que "es necesario diferenciar la situación de jueces y funcionarios respecto de empleados del Poder Judicial".

Con respecto al embate de algunos funcionarios oficialistas contra el máximo tribunal de Justicia, consideró que "en una Corte como la que hemos tenido en los últimos años, no temo calificarla como la mejor Corte Suprema de nuestra historia".

"Ha habido algunos pronunciamientos históricos", afirmó el abogado ante la Comisión de Acuerdos cuando se le preguntó acerca de “los fallos más importantes” de este tribunal en los últimos 15 años.

Por otro lado, Carlés negó ser un militante kirchnerista y recordó de hecho que trabajó para partidos opositores como la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica.

"Mi única militancia política ha sido en la UCR, partido al que me afilié el día que cumplí 18 años por inspiración de mis padres", confesó y agregó: "He tenido un paso posterior, a partir del año 2002" en el ARI de Elisa Carrió, "que duró hasta la conclusión de mis estudios universitarios".

También aseguró que las impugnaciones que recibió por su “supuesta falta de independencia” están fundadas en comentarios en redes sociales difundidas con su nombre, pero que él no reconoce "como propias".

Cómo se elige un juez de la Corte

En 2006 se sancionó la Ley 26.183 que estableció cinco magistrados en la Corte Suprema, en momentos en que poseía siete. A partir de allí, se detuvo el proceso de designación y se dispuso un mecanismo de reducción paulatina.

El año pasado comenzó con los siete miembros, pero las muertes de Carmen Argibay y Enrique Petracchi -más la renuncia de Zaffaroni, que dejó el cargo por llegar a los 75 años, el tope que marca la Constitución Nacional-, provocó que desde el primer día hábil de febrero, el máximo tribunal contó con sólo cuatro.

A fines de enero, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció en conferencia de prensa, que la Presidenta de la Nación, Cristina Kichner, postulaba a Carlés como reemplazante del destacado penalista.

Según el inciso 4 del artículo 99 de la Carta Magna, el Jefe de Estado nombra a los magistrados de la Corte Suprema, con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en una sesión convocada a ese efecto.

A través del decreto 222/03, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, el Poder Ejecutivo se fijó autolimitaciones a su atribución para la selección y designación de nuevos magistrados.

En dicha norma, ordenó la publicidad de los antecedentes de los candidatos, instauró la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones y dispuso la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia desde 2003 hasta la actualidad fueron designados por el kirchnerismo, a excepción de Carlos Fayt.

Asimismo, dichos candidatos deberán presentar una declaración jurada del patrimonio propio, del de su cónyuge y también de sus hijos. Además, deberán informar sobre las asociaciones civiles y sociedades comerciales, estudios de abogados que integran o integraron durante los últimos ocho años.

Con estos datos publicados por un lapso de quince días, los ciudadanos en general -legitimación amplia-, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas o de derechos humanos pueden presentar por escrito -fundado y documentado- todo tipo de observaciones y circunstancias de interés respecto de los postulantes incluidos en el proceso de selección.

En este aspecto, Carlés recibió un amplio respaldo: 117 instituciones y 843 particulares se expresaron a favor de su designación; mientras que 25 instituciones y 153 particulares lo cuestionaron.

Desde entonces, y bajo este mecanismo, fueron elegidos Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Argibay y Ricardo Lorenzetti. En caso de que el joven postulante no logre el acuerdo del Senado, el Poder Ejecutivo deberá nombrar a otro postulante, que deberá someterse al mismo procedimiento, y la Corte Suprema tendrá que funcionar con cuatro miembros. Esto implicará que deba lograr consensos para funcionar y emitir sus fallos.

"Empate", el temido escenario

Según la Ley 26.183 -de noviembre de 2006-, el funcionamiento del tribunal requiere de cinco jueces para funcionar.

No obstante, de prosperar el compromiso de la oposición, se configurará un escenario de cuatro miembros. De esta forma, ante un eventual fallo dividido, podría generarse un empate entre sus miembros, dejando bloqueado al último organismo para decidir.

En los casos en que los votos se cuenten en partes iguales, se mencionó la posibilidad de incorporar a un conjuez para desempatar.

Esto sería incorrecto ya que sólo pueden intervenir cuando los miembros de la Corte se excusan o son recusados en un caso específico -por ejemplo, por estar vinculados a alguna de las partes en litigio o por tener un interés en el resultado del mismo- o en caso de licencia temporal.

Estos miembros, son elegidos por sorteo, entre los que integran una nómina oficial aprobada por el Congreso y ocupan la vacante de manera temporal.

Tampoco está prevista en la norma la posibilidad de un desempate por parte del presidente del tribunal -cuyo voto valdría soble sólo en esos casos-. Al no estar especificado ningún mecanismo alternativo, todo indica que los jueces tendrán que evitar tal situación hasta que se produzca la próxima vacante definitiva.

En este caso, el quórum mínimo para que la Corte pueda sesionar (con cuatro miembros) será de tres. Sin embargo, para que puedan emitir un fallo, la mayoría se cuenta sobre el número de jueces fijado por ley.

Si uno de los miembros no vota por alguna razón, y sólo tres intervienen en la decisión de un caso, el tribunal sesiona con quórum pero surgirá un problema en caso de opinión dividida.

Es decir, si dos magistrados votan en un sentido distinto al tercero, no habrá mayoría porque el número fijado por la ley es de cinco, y la mayoría sobre cinco es tres. De esta forma, si no se cubre la vacante, habrá situaciones en las que el máximo tribunal no podrá decidir.

Otra de las situaciones que podría ocurrir, en el caso de que no se nombre a un quinto miembro en el corto plazo, será la posibilidad de un empate en dos votos (un par de jueces eligen pronunciarse de una manera y otros en el sentido contrario). El problema es que la normativa no prevé una solución a esta compleja situación.

Ahora, Lorenzetti se encontrará en una situación no deseada desde el punto de vista político para la resolución de causas sensibles ya que, ante un empate de dos a dos, deberán limitarse a la solución a la que lleguen en sus acuerdos. De esta forma, sólo prosperarán las causas que tienen consenso, las otras deberán esperar.