Desde que se desató el mayor caso de corrupción en la historia política brasileña, denominado “Petrolão” (por ser de la empresa Petrobras), la situación política y económica de Brasil se complicó a pasos agigantados.

Aun en pleno inicio de su segundo mandato, la presidenta Dilma Rousseff posee apenas el 9% de aprobación, el mismo porcentaje de aprobación que tenía el entonces presidente Fernando Collor de Melo momentos antes de su desplazamiento por impeachment, en 1992. 

Ahora, los propios electores de Rousseff, aquellos que le permitieron ganar con mínima diferencia el segundo mandato, acusan a la mandataria de fraude electoral, ya que está haciendo lo que dijo que no haría (y que además mencionó que sería hecho por el otro candidato).

El Partido de los Trabajadores, partido de la presidenta Dilma, tiene sus dos últimos tesoreros detenidos por dos casos de corrupción diferentes: Mensalão e Petrolão.

Suenan diversas versiones acerca de que el propio Lula, está gestionando en su base política para que el PT cambie de nombre por un “Frente amplio….”, con la intención de disminuir el impacto negativo que los casos de corrupción le han generado al partido.

Desde el inicio de acción judicial denominada “Lava Jato” en que se investiga el caso Petrobras, 18 personas, algunas muy próximas al gobierno y en particular al ex presidente Lula y a la propia Dilma, han hecho acuerdos judiciales para, a cambio de contar lo que saben, lograr una reducción de pena en caso de sentencia. 

El problema mayor se observó cuando el titular de la constructora UTC, Ricardo Pessoa, afirmó en proceso judicial que aportó 7,5 millones de reales para la campaña presidencial de Dilma y también entregó dinero para dos actuales ministros.

Pessoa es amigo muy próximo de Lula y el propio ex presidente mencionó que la crisis política, a la luz de estos acontecimientos, sólo puede empeorar.

Con la intención de despegarse del gobierno de su discípula Dilma, Lula afirmó que el Ejecutivo se está equivocando y profundizó sus críticas a los ajustes económicos propuestos por la mandataria para contener el índice de inflación (próximo al 9% anual).

Tres frentes de tormenta para DilmaFuentes del Congreso brasileño mencionan que de diez reuniones informales, nueve tratan del riesgo de juicio político de Dilma.

Tanta fuerza tomó la versión, que la propia Rousseff salió a desmentir que saldría del cargo, pero lo cierto es que existen tres frentes de tormenta que tornan este riesgo de impeachment, como posible (aunque improbable por el momento)

1. Corrupción en Petrobras:

En última operación judicial vinculada con Petrobras, llevada a cabo por pedido del Juez Moro, se confiscaron tres autos de lujo del actual senador y ex presidente Fernando Collor de Melo (Lanborghini, Porsche y Ferrari), además de una cantidad importante de dinero en efectivo.

Los delatores han comenzado a “entregar” a los políticos vinculados al caso (lo que hasta ahora no había ocurrido en forma expresiva).

La gravedad de la situación generó la ruptura del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha -del Partido aliado PMDB- con el PT y en particular con la presidente Dilma. Cunha la acusa de presionar a los investigados para dañar su imagen.

Los desdoblamientos de esta investigación son de final abierto. El propio ex presidente Lula está siendo investigado por tráfico de influencias por el aporte de 3 millones de reales al Instituto Lula por parte de la constructora Odebrech (acusada en el caso Petrobras y con ejecutivos en prisión). 

Es imposible no prestar atención a que, además del riesgo directo para la presidenta Dilma, este caso está investigando a dos ex Presidentes de la República (Collor de Melo y Lula da Silva)

Dilma se encuentra en un problema gigantesco con la ruptura personal de Cunha, en la que podrían preverse dos salidas:

• Cunha renuncia al cargo de presidente de la Cámara de Diputados (recordemos que es el tercero en la línea presidencial) y exige lo mismo de Dilma para que ambos puedan ser investigados.

• Cunha se mantiene en el cargo, colocándose como línea de frente en los casos de impeachment, considerando que la autorización para iniciar el proceso de juicio político ingresa y debe ser aprobado por la Cámara de Diputados.

Para demostrar que no desea perder tiempo, Cunha autorizó la conformación de dos Comisiones Parlamentarias de Investigación que pueden complicar aun más al PT y a la presidenta Dilma: una del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y otra de los Fondos de Pensión. Es considerado como cierto que se encontrarán más irregularidades en ambas comisiones.

Cunha también solicitó el listado de los pedidos de juicio político contra Dilma (cuatro al momento), se presume que para poner presión a las determinaciones que Dilma pueda tomar.

2. Aprobación de cuentas del Poder Ejecutivo

En la Controladoría General de la Unión –CGU– reprobaron las cuentas del Gobierno de Dilma del año 2014 porque el Tesoro Nacional no repasó recursos para fines sociales a Bancos Públicos por un valor de 40.000 Millones de reales. 

Esta modalidad denominada “pedalada fiscal” está explícitamente prohibida por la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley Complementar N* 101 / 2000) y su incumplimiento puede provocar la suspensión del cargo de Presidente (se aplica también a gobernadores e intendentes) .

La CGU tiene plazo hasta el 12 de agosto para manifestarse, no obstante que al momento se da por seguro que las cuentas serán reprobadas, sobre todo considerando que la defensa del Gobierno se limitó a decir que esta “pedalada fiscal” ya fue utilizada en el pasado. Omitió decir que se trataba también de gobiernos del PT y que fue en menor escala.

En caso que la CGU no apruebe las cuentas, este informe negativo de auditoría pública sería encaminado para el Congreso, quien debe analizar si aprueba el informe de la CGU reprobando las cuentas de Dilma o desconsidera el informe reprobatorio y aprueba las cuentas del 2014.

Se da por descontado que el Congreso Nacional no aprobaría las cuentas y, de esta forma, el paso siguiente sería la solicitud del abandono del cargo por parte de Dilma, por incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Tributaria.

En este caso, asumiría el cargo el actual vicepresidente de la República, Michel Temer del PMDB (el mismo partido del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha)

Este tema es el que genera mayores riesgos de que la presidenta Rousseff no termine su mandato.

3. Superior Tribunal Electoral

Existen en este tribunal, por pedido del Partido de la Social Democracia Brasileña –PSDB– del Senador Aecio Neves (ex candidato a la Presidencia de la República que perdió las elecciones con Dilma) tres pedidos de investigación contra Dilma

El más complicado para Dilma es el que la acusa de financiación irregular de su campaña y de utilizar la máquina pública para fines electorales (claramente, prohibido por ley).

El PSDB acusa a Dilma de utilizar recursos públicos irregulares (vuelve Petrobras a la investigación) para financiar su campaña política.

De probarse esta tesis –de gran aceptación a la luz de las investigaciones judiciales– tanto Dilma como Temer deberían abandonar el cargo y quien asumiría provisoriamente seria el Presidente de la Cámara de Diputados, quien debería llamar a elecciones presidenciales en un plazo máximo de 90 días

Hoy, las elecciones serían ganadas por Aecio Neves, incluso en caso de enfrentase con Lula da Silva (que sin fueros privilegiados, podría ser llamado a declarar a cualquier momento)

¿Como sigue el proceso?Para que un pedido de juicio político prospere, son necesarios tres ingredientes:

1. Apoyo popular (Dilma tiene solo 9% de aprobación de gestión). 

2. Legitimidad jurídica (Dilma tiene tres espadas en su cuello que podrían darle legitimidad jurídica al pedido de juicio político).

3. Apoyo político. 

Para que se avance en un eventual pedido de impeachment, la Cámara de Diputados precisaría contar con, al menos, 342 diputados que apoyen dicho pedido.

En este momento y de manera informal, habría entre 348 y 352 diputados que votarían a favor de iniciar el proceso de impeachment.

Dentro de la complejidad política y reforzando la mala relación entre los partidos PT y PMDB, este último ratificó su decisión de abandonar la base aliada como partido y presentar candidato propio a la elección presidencial del 2018 (sin el PT).

Sería algo así como poner una fecha de divorcio que podría ser adelantada con el correr de los acontecimientos

Conclusiones

Resta conocer cuál será la estrategia que terminará jugando el PMDB. Se especula que avanzará en negociaciones con el PSDB para un eventual gobierno conjunto en caso de que las cuentas de Dilma no sean aprobadas y Temer deba asumir la presidencia.

La otra posibilidad, es que el PMDB trabaje en forma organizada en el caso de que la fórmula completa Dilma–Temer deba abandonar el cargo y en esta opción, sin apoyo del PMDB, el Congreso se paralizaría. Observar que el presidente del Senado –Renan Calheiros– es también del mismo partido PMDB y a lo que todo indica, el próximo blanco del escándalo Petrobras.

El futuro de Dilma se presenta complicado, más aun con una economía que no crece, con inflación en alza, pérdida del empleo y cuentas públicas en rojo.

Existe una posibilidad concreta en varios frentes de que Dilma no llegue a cumplir su mandato y en todos los casos no depende de Dilma (o Lula) el poder resolverlo.

Pelearse con su base aliada no es algo que la ayude. Al contrario. Pero en política todo es posible y sólo el tiempo podrá indicar cómo termina esta historia.

© iProfesional - Por Gustavo Segré, CEO de Center Group y profesor de Relación Internacionales de la Universidad Paulista