El juez Thomas Griesa definirá esta semana su decisión sobre la aplicación, o no, de la cláusula Discovery sobre el Bonar 2024, que el Gobierno argentino emitió en abril pasado, por un total de u$s 1.400 millones.

El juez aceptó hace 10 días una presentación del fondo Aurelius por la que pide la prohibición de la colocación de deuda argentina fuera de EE.UU., extendiendo la causa a todos los bonos que eventualmente emita la Argentina y que se incorporen como parte de la deuda externa nacional, aun los que estén emitidos fuera de la jurisdicción norteamericana, incluyendo Buenos Aires.

Para Griesa, estos bonos están alcanzados por la cláusula pari passu y ahora debe decidir si el fallo se extiende también a la aplicación de la cláusula Discovery a la Argentina. Esto es, detectar si esos fondos están siendo operados dentro de los Estados Unidos, en qué cuentas están depositados y qué clientes fueron los que los adquirieron.

Aurelius además le pidió al magistrado neoyorquino que se reserve el derecho de verificar y controlar toda la deuda en dólares que eventualmente la Argentina vuelva a emitir y que investigue a fondo la intervención potencial de entidades financieras con sede en los Estados Unidos como agentes de colocación del papel. Este punto también deberá ser resuelto por Griesa en los próximos días.

Según Ambito, tanto el juez como Aurelius, que en esta causa tiene la iniciativa de embestir contra la Argentina a nombre del resto de los fondos buitre, saben que es casi utópico que se pueda controlar la emisión de abril del título público. Sin embargo, se sabe (al menos en el caso de Aurelius) que la intención es trabar futuras emisiones del bono, o al menos encarecer la tasa del 8,9% que el país pagó por el lanzamiento del Bonar 24.

Especula Aurelius que con un avance de Griesa sobre el título público, el interés aumentaría por arriba de los 10 puntos porcentuales, con lo cual convertiría en inviable una nueva colocación del bono y complicaría eventuales planes del ministro de Economía, Axel Kicillof, de conseguir financiamiento en el segundo semestre del año.

El Bonar 24 fue lanzado por el Gobierno el 21 de abril pasado, desde Buenos Aires y sin la intervención de ninguna entidad financiera como operadora.

Con esta emisión, la Argentina, según la visión de Griesa, habría incumplido su decisión de junio de 2014 (que se desprendía del rechazo de la Corte Suprema de los EE.UU. de aceptar la apelación del fallo de fondo a favor de los fondos buitre) que le impedía al país emitir deuda fuera del mercado norteamericano o pagar vencimientos de bonos ya cotizantes.

Luego, en septiembre del año pasado, la Argentina hizo efectiva la acción, y comenzó a pagar vencimientos de deuda en Buenos Aires y en abril de este año directamente avanzó con la colocación de nuevos bonos a través del Bonar.

La Argentina había defendido la emisión, a través de Kicillof, declarando que "se trata de deuda doméstica denominada en moneda extranjera, que nada tiene que ver con la jurisdicción del juez Griesa".

El ministro de Economía recordaba además que no había intervenido ninguna entidad financiera como operadora o consejera de la operación, pese a que los fondos buitre apuntaban con nombre y apellido a una supuesta intervención directa del Deutsche Bank y del BBVA.

Los dos bancos aclararon también que no habían ejercido el rol de agentes financieros, y que, en todo caso, lo que habrían realizado una vez colocado el bono era venderlo a sus clientes, algo que estaba fuera de jurisdicción de Griesa.