El juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Laureano Durán, resolvió fijar en 25 el máximo de boletas que se repartirán el día de las elecciones primarias en cada mesa, lo que alertó a los espacios con menor capacidad de fiscalización, que consideraron que se trata de una "maniobra proscriptiva".

La resolución del magistrado cercano al Gobierno, quien actualmente subroga el Juzgado Federal 1 de La Plata, estableció ese máximo de boletas por cada espacio para distribuir dentro del cuarto oscuro en el operativo logístico que será llevado a cabo por el Correo Argentino.

"Parece que fue una resolución hecha por el Frente para la Victoria y no por un juez", señalaron.

En ese sentido, el precandidato presidencial de la UCR, Ernesto Sanz, resaltó que los fiscales radicales "defenderán el voto" de la alianza que comparte con el PRO y la Coalición Cívica-ARI.

"No solo defenderemos el voto del frente Cambiemos, sino el de todos los argentinos. Hay que recordar que los radicales somos los que trajimos el sufragio universal, y la democracia para siempre", resaltó.

"Es una maniobra de un juez que tiene una ilegitimidad de origen", apuntó Margarita Stolbizer, precandidata presidencial por el Frente Progresista.

"Lo que busca es favorecer al oficialismo en la provincia de Buenos Aires dificultando las cosas para los demás. Se incumple con la obligación y la responsabilidad de la Justicia Electoral hoy", apuntó en diálogo con Radio Mitre

"Hay un problema de base que es el mantenimiento de un sistema anacrónico. Es insostenible el sistema de reparto de boletas", insistió la líder de GEN.

La postulante de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por su parte, advirtió a través de su cuenta en Twitter: "Si nos quieren hacer fraude vamos a salir a la calle".

A la vez, el postulante a gobernador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Christian Castillo indicó que impugnaron la resolución, ya que consideró que "atenta contra los partidos que no cuentan con los enormes aparatos financiados con fondos públicos para garantizar los miles de fiscales que se requieren en toda la Provincia".

En tanto, el aspirante presidencial del FIT Nicolás del Caño resaltó que "es una nueva maniobra proscriptiva contra la izquierda" que los "deja expuestos al fraude".

Mientras, el postulante a gobernador del frente Progresistas, Jaime Linares, la decisión judicial "atenta contra una elección transparente y enrarece el clima político cuando ya hay varios precandidatos que se están chicaneando con el robo de boletas".

"Se está generando un clima que no contribuye para nada con la libertad de elección y el carácter democrático que debe tener una elección tan importante. Quieren enrarecer la elección en la Provincia", agregó el senador nacional.

Por su parte, el apoderado del Frente Popular Marcelo Ponce Núñez sostuvo que la resolución los "afecta directa y profundamente porque es una disposición que va en contra de toda norma legal" y "fue hecha para perjudicar a los partidos más chicos".

"No discutimos la mayor cantidad de boletas para distribuir, pero es cuestión de poner un camión más por parte del Correo Argentino que se encarga de la distribución", añadió el espacio que postula a nivel nacional de Víctor De Gennaro.

"Una cuestión de logística"El director nacional electoral, Alejandro Tullio, calificó como "una cuestión de logística" que la justicia bonaerense haya dispuesto límites a la cantidad de boletas y consideró como "denuncias infundadas" las que realizaron algunas agrupaciones políticas que dijeron que la medida "favorece el robo" de papeletas.

Según Tullio, "se armó" una "polémica artificial" porque "el juez, siendo elecciones primarias, habiendo varias listas por cada agrupación política, puso un límite de 25 boletas cada uno por una cuestión de logística. Eso no quiere decir que va a haber solamente 25 boletas: va a haber 25 más las que lleven los fiscales".

"Se termina la discusión. Siempre fue así, es exactamente igual que siempre. Podrán decir -hay partidos que no tienen fiscales en todas las mesas-. No importa: hay una figura, el fiscal general, un fiscal por escuela. Tenemos que empezar a ser menos transigentes con las denuncias infundadas", indicó el funcionario a radio Del Plata.

La Resolución Nº 30 dispuesta por Durán puso un tope de 25 boletas por lista sólo para las PASO, un encorsetamiento que anteriormente no existía aunque cada partido enviaba unas cincuenta para la apertura de las mesas. La medida del magistrado fue repudiada por la agrupación Cambiemos, el Frente Renovador, el Progresista y el de Izquierda, que inclusive presentó un recurso judicial para que se deje sin efecto.

Tullio, sin embargo, justificó la decisión porque, explicó, "la provincia de Buenos Aires abarca más de 34 mil mesas en cinco mil establecimientos de votación".

"La legislación argentina, las reglas de juego con las que todos aceptan jugar el juego democrático y el juego electoral, pone en cabeza de los partidos políticos la responsabilidad de proveer las boletas. Para eso el Estado les paga dinero: para que puedan imprimir las boletas y distribuirlas", aseveró.

Dijo que "si esas boletas son usadas para votar, la reposición de las boletas tiene que ser responsabilidad de los fiscales. Los fiscales no son solamente una figura para controlar el recuento de la votación: están para asegurar los derechos de participación que tienen los partidos. Uno de los derechos es que la boleta esté. ¿Quién lo tiene que asegurar? El fiscal".

"La disposición del juez Durán no coarta ningún derecho de los partidos políticos, no limita ningún tipo de posibilidad de que no se repongan las boletas", advirtió.

Tullio opinó que "se levantan voces que abren el paraguas antes de que llueva. Me resulta agresivo que se quiera hacer una operación política de algo que es una cuestión logística. El problema de los fiscales y las boletas es un problema que deviene de la multiplicidad de fuerzas políticas a las que, a veces, no les caben estas dos palabras: ni son tan políticas ni son fuerza".