La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó locales y 12 domicilios vinculados a la firma Akira Sushi & Nikkei. La investiga por evasión previsional que supera los 2 millones de pesos

En el último año y medio, las empresas del grupo han realizado ventas con tarjeta por montos superiores a los 20 millones de pesos, pero muchas de ellas no presentan sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y no declaran saldo a ingresar en el Impuesto al Valor Agregado.

En el marco de las investigaciones, se detectaron a 20 empleados que fueron declarados por dos o más de las sociedades fraudulentamente utilizadas.

Asimismo, se embargaron preventivamente las cuentas bancarias de las empresas y las marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en virtud de los montos adeudados y el riesgo de que los responsables procedan a insolventarse.

La maniobra descubierta por la AFIP, involucra a las sociedades Casa Vieja S.R.L., Cavia 3090 S.R.L, Recorriendo Japon S.R.L., Por los Caminos del Inca S.R.L., Rumbo Azteca S.R.L., Olivieri Carlos F y Tanachowicz Lucas D Sociedad de Hecho y a la persona física Tanachowicz Christian Gabriel.

Todas ellas pertenecen a un Grupo Económico que comercialmente opera bajo el nombre de fantasía “Akira Sushi”, ya que están compuestas por empleados, ex empleados y familiares absolutamente insolventes y sin ningún tipo de experiencia en el rubro, que fueron utilizados para ocultar la identidad de los verdaderos dueños de la cadena.

La AFIP denunció penalmente por evasión tributaria y previsional a los integrantes del grupo económico, quienes podrían recibir penas desde 2 a 9 años de prisión y una multa que podría llegar a más de 13 millones de pesos.

Además de pagar gran parte del salario “en negro”, las firmas no ingresan los aportes que les retienen a sus empleados, maniobra por la cual se comete un serio perjuicio al sistema previsional. Por esta maniobra, los responsables incurrieron en el delito de “apropiación indebida de los recursos de la seguridad social”, que establece pena desde 2 a 6 años de prisión.

Tampoco abonan los saldos con destino al pago de Obras Sociales y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, con el consecuente perjuicio a todos los empleados ante cualquier infortunio que pudieran sufrir.