La Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE) elevó una extensa nota ante múltiples organismos para pedir una "urgente solución" para los diversos problemas que complican el "día a día" de los contadores.

Puntualmente, la nota fue enviada a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara de Diputados y Senadores, al Ministerio de Economía, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Como puntos salientes, los profesionales denuncian la sobrecarga de datos que requiere la AFIP, la obligación de denunciar en causas penales y los inconvenientes meramente tecnológicos.

Entrando en detalle, la FAGCE detalla los siguientes problemas:

• El traslado de una importante carga de trabajo adicional por parte de los organismos de control, con la consecuente asignación de responsabilidades y la precarización profesional que conlleva;
• La imposición que le fija a los contadores públicos el nuevo Código Procesal Penal de la Nación-como obligados a denunciar casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y explotación de personas-; 
• El carácter de “sujeto obligado” que le impone la UIF a los profesionales que actúan como auditores o síndicos –debiendo reportar por operaciones sospechosas del lavado de dinero de sus clientes ante ese organismo-;
• Las incomodidades de los contadores en los lugares de atención, en particular los que ejercen la profesión en el interior del país, donde se requiere refuerzo en la infraestructura satelital y conectividad informática para que hasta el pueblo más lejano tenga las mismas posibilidades acceso para el cumplimiento de las normas;

A continuación, el texto completo presentado por la FAGCE:

Desde la FAGCE advierten que "los contadores públicos enfrentan, para dar cumplimiento en tiempo y forma a sus tareas técnicas impositivas, severas dificultades que atentan tanto contra el cumplimiento de su cometido con profesionalismo como de la preservación de elementales condiciones de calidad de vida".

"Las mayores dificultades se originan en una transferencia altamente significativa de carga de trabajo desde la AFIP hacia el sector privado, lo cual impacta no solamente sobre los pequeños y medianos contribuyentes sino también sobre los contadores públicos actuantes que los asisten", señalan los expertos.

Secreto profesionalEn la misma línea, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación le impone a los contadores públicos la obligación de denunciar "los casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y explotación de personas" de los que se enteraran, excepto  aquellos que queden amparados por secreto profesional.