Un proyecto de ley que pretende imponer una tasa al consumo de cigarrillos, lo que llevaría el valor del atado en la Capital al doble del precio actual, todavía no comenzó a discutirse, pero ya genera controversia en la Legislatura porteña.

La iniciativa, perteneciente a la diputada Inés Gorbea (ECO), promueve crear un fondo especial para la atención de enfermedades provocadas por el tabaquismo en hospitales y centros de salud públicos de la ciudad. Ese fondo se financiaría, según se prevé en el proyecto, con lo recaudado por el cobro de una tasa al cigarrillo, equivalente al precio vigente del atado, que abonarán los compradores en la Capital.

Si bien la consecuencia directa de la propuesta sería dotar de más recursos al sistema sanitario porteño, indirectamente desalentaría el consumo de cigarrillos, especialmente entre los adolescentes y en los sectores más vulnerables. Aumentar los impuestos al producto es una de las ocho estrategias recomendadas en 2008 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el tabaquismo. En la Argentina, hoy, casi el 70% del precio del atado corresponde a gravámenes; lo sugerido es entre el 66% y el 80%.

Consultados por La Nación, actores involucrados (legisladores y empresarios) y especialistas en el tema advirtieron que la aplicación de la medida podría complicarse porque el cigarrillo ya es un bien gravado por tributos nacionales y los ingresos por esos conceptos se coparticipan a las provincias y a la ciudad.

Pese a que la normativa vigente habilita el establecimiento de tasas jurisdiccionales (no impuestos) a cambio de un servicio, podría ser cuestionada judicialmente, como sucede con el impuesto a las naftas dispuesto por algunos distritos.

Según el proyecto de ECO, quienes vendan o comercialicen cigarrillos al público serán los responsables de ingresar el gravamen en la forma y periodicidad que determine el gobierno porteño.

"La Legislatura tiene plena autoridad para imponer esta tasa. Informes de diversas fuentes sostienen que el sistema sanitario nacional gasta en el rubro el doble de lo que recauda por impuestos al tabaco. En la ciudad, aproximadamente el 15% del presupuesto en salud se destina a la atención de pacientes con enfermedades asociadas al tabaquismo. Buenos Aires tiene el atado más barato de América latina", dijo Gorbea, en defensa de su iniciativa.

Ante las observaciones sobre si los fumadores no optarían por cruzar hasta el conurbano para adquirir los atados, sostuvo: "fuimos pioneros en prohibir la publicidad de cigarrillos en la vía pública así como con fumar en lugares cerrados, medidas que luego adoptaron otras jurisdicciones. También podemos ser la vanguardia en esto y que, en el futuro, aumenten los precios en otros distritos".

Por involucrar la imposición de un tributo, el proyecto deberá contar con el voto favorable de 31 diputados. Por eso, será fundamental la posición que adopte el bloque de Pro, que hoy controla 29 de las 60 bancas del Poder Legislativo local. Fuentes del oficialismo parlamentario sostuvieron que podrían no respaldar la iniciativa porque "como el cigarrillo ya está gravado con impuestos nacionales, se trataría de una doble imposición de difícil aplicación"; además, por ser el único distrito en aumentar el precio "podría derivar en el contrabando de atados desde los municipios cercanos".

Similares fueron los argumentos esgrimidos por las tabacaleras Massalin Particulares y Nobleza Piccardo. "El proyecto no es viable porque la Ciudad se encuentra adherida al régimen de coparticipación federal de impuestos, mediante el cual las provincias se comprometen a no aplicar gravámenes análogos a los nacionales coparticipados, como el IVA y los impuestos internos al cigarrillo, que ya existen", indicaron desde Massalin.

Desde Nobleza Piccardo, señalaron: "La imposición de una sobretasa carga al comerciante minorista local con una responsabilidad que lo excede. Asimismo, generaría una dispersión tributaria, ya que impondría a los consumidores de esa jurisdicción el pago de un gravamen que no es exigido en el resto del país. Finalmente, se fomentaría de inmediato a los consumidores a realizar la compra del mismo producto en otra jurisdicción, o mismo volcarse al mercado negro con productos de origen ilegal".

Agustina O'Donnell, profesora titular de Derecho Tributario de la UCES, aclaró que "si bien por la ley federal de coparticipación la Ciudad se obligó a no crear impuestos análogos a los nacionales coparticipados, cierto es también que se establecen como excepción las denominadas tasas retributivas de servicios efectivamente prestados".

En ese sentido, consideró, "la legitimidad del proyecto depende de que los fondos que se recauden se destinen efectivamente al propósito de la ley, es decir, que efectivamente vayan a mejorar los servicios de salud por enfermedades asociadas al tabaquismo. Que el servicio esté disponible y, en caso de ser solicitado por el consumidor de tabaco obligado al pago, éste se preste efectivamente". Y recordó que, según el criterio de la Corte Suprema, los particulares "no pueden rehusar el pago aun cuando no hagan uso de aquél, o no tenga interés en él".

Gastón Vidal Quera, asociado al Departamento de Derecho Tributario y Aduanero del estudio Lisicki Litvin, coincidió con que las tasas retributivas de servicios pueden imponerse en las jurisdicciones, por fuera de la ley de coparticipación federal. No obstante, corren el riesgo de quedar envueltas en un conflicto judicial. "El fin es muy loable, pero puede haber objeciones. Es un caso similar al de la tasa a los combustibles que quisieron cobran algunos distritos; Córdoba la está cobrando, pero en otros lugares la Justicia lo frenó", explicó.

Silvana Melitsko, economista consultora en temas de política social, opinó que la propuesta de ley "sería muy deseable, por el alto costo con el que el consumo de tabaco recae sobre el sistema público de salud: el 12% del presupuesto de Buenos Aires se va en enfermedades relacionadas".

Sin embargo, desde otro punto de vista puede considerarse arbitraria la imposición de una tasa destinada a prestaciones específicas del tabaquismo. "El sistema público tiene la obligación de ofrecer servicios para atender todas las patologías, incluidas las derivadas del consumo de cigarrillos. Establecer un financiamiento específico es forzar una interpretación y podría haber fallos desfavorables", dijo. Melitsko también mencionó como caso similar al de la tasa a los combustibles.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez no tuvo dudas. "La Ciudad tiene plena potestad para imponer la tasa, con el destino específico de mejorar un servicio a la comunidad, al que eventualmente el fumador va a recurrir", reflexionó.