Desde que se convirtió en presidente de la nación, Mauricio Macri supo que estaba en minoría para avanzar con los proyectos de leyes propios en el Congreso. Si se juntase su propia tropa y aliados del Frente Cambiemos apenas llega a 90 de 257 diputados y a una veintena de senadores en una cámara alta de 72 integrantes.

En ambas cámaras, el predominio del Frente para la Victoria es evidente. Apenas asumió, su jefe de gabinete Marcos Peña confirmó que no iban a convocar al Congreso para llevar adelante sesiones extraordinarias.

De esta forma, el Poder Legislativo comenzaría a intervenir una vez que se reanuden las sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo. Sin embargo, el flamante mandatario dictó varios decretos, algunos de ellos con contenidos polémicos que encendieron la luz de alerta en la oposición e incluso en sus aliados.

El más controvertido fue el decreto que nombra a dos integrantes de la Corte Suprema (Horacio Rosatti y Carlos Daniel Rosenkrantz) “en comisión” hasta que finalicen las sesiones del próximo año.

El aval definitivo a estos nombres comenzó a pender de un hilo luego de que el kirchnerismo criticara el método elegido, no así a los candidatos. Pero amenazaron con no aprobarlos si se les tomaba juramento para comenzar a integrar el máximo tribunal de Justicia del país antes de que los pliegos pasen por el Senado. El juramento quedó en stand by y el Presidente podría llamar a extraordinarias para tratar los pliegos.

En esa ocasión, se trató de un decreto autónomo (que son aquellos que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que pertenecen a su zona de reserva. Directamente interpreta y aplica la Constitución). Está basado en los incisos 4 y 19 del artículo 99 de la Constitución nacional. Pero el problema para los constitucionalistas es que si bien puede nombrar empleados en base a esta clase de decretos, los candidatos a ocupar la Corte Suprema no entrarían en este supuesto.

El abogado Daniel Sabsay consideró al "procedimiento de terror" por tratarse de una "inconstitucionalidad manifiesta". Además, reclamó al presidente "que dé marcha atrás" con esas designaciones.

El letrado argumentó que, "cuando el inciso 19 del artículo 29, Atribuciones del Ejecutivo", de la Carta Magna "habla de la facultad del presidente de la República de designar durante el receso del Senado empleos que requieren acuerdos del Senado se refiere a aquellos funcionarios que están dentro del Ejecutivo".

Y amplió: "Me refiero a embajadores, ministros plenipotenciarios y altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Nunca jamás la cabeza de otro Poder, ni siquiera jueces". 

En ese sentido, la diputada Elisa Carrió (aliada de Macri en las pasadas elecciones) presentó un proyecto para evitar la designación de jueces por decreto y planteó la necesidad de modificar la norma que permite el nombramiento en comisión. Ahora, el Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias para enero o febrero para avanzar con los nombramientos y evitar su primera crisis institucional.

Hace unos días, la jueza Rita Ailan no hizo lugar a la presentación del abogado Denis Pitté Fletcher, quien se había sentido afectado por la decisión de Macri de nombrar dos jueces de la Corte por decreto.

El fallo de la magistrada sostiene que, en los argumentos señalados por el letrado, no aparecen "perjuicios concretos" en contra del litigante que resulten del nombramiento de los jueces del máximo tribunal, por lo que desestimó la acción de amparo.

Pero este lunes se dio a conocer un fallo con sentencia opuesta a este. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, hizo lugar a "una medida cautelar interina" para suspender los nombramientos "en comisión" de los juristas Rosenkrantz y Rosatti. No obstante, el fallo es apelable y puede ser revisado por la Cámara Federal de Mar del Plata.

En ese sentido, el ministro de Justicia Germán Garavano defendió la medida dictada por Macri al sostener que "la Corte ha manifestado la necesidad de que se integre el tribunal y el decreto es el mecanismo previsto en la Constitución para estos casos. Nosotros pensábamos que la urgencia era tal y la Corte dijo: 'Ahora no, juran en febrero'. De todas formas, con el acuerdo del Senado, el tema se postergaría hasta abril y tendríamos hasta entonces una Corte desintegrada", concluyó.

Los decretos de necesidad y urgenciaDesde que asumió, Macri recurrió a decretos basados en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. 

Cuando dicta esta clase de decretos, el Presidente asume facultades que son propias del Congreso, es decir que modifica o deroga leyes o dicta normas con rango de ley. De acuerdo a la normativa, solo puede hacerlo "cuando circunstancias excepcionales hicieron imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución" para el dictado de leyes.

En julio de 2006, después de doce años de demora, el Congreso sancionó la Ley 26.122 estableciendo el denominado "régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes".

La finalidad de la norma era "regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso"  respecto de las denominadas atribuciones legislativas de excepción que -en principio e, insisto, con carácter excepcional- asisten constitucionalmente al Poder Ejecutivo.

"No tenemos Congreso y hay decisiones urgentes. Muchas cosas de Justicia van a estar incluidas en la emergencia de seguridad; tenemos la suspensión de la puesta en marcha del Código Procesal Penal, que hay que sacarla por DNU rápidamente. Estamos definiendo si conviene un solo decreto", afirmó Garavano en una entrevista publicada este domingo por el diario La Nación.

El funcionario le apuntó a las medidas sobre la Justicia, por parte del gobierno de Cristina Kirchner, y aseguró que fueron logradas a través de una "sanción insana de leyes sin consensos".

"Los DNU que se van a dictar son básicamente reparativos de estas situaciones, no de cambio total. Dennos tiempo y critiquen después lo que hacemos, téngannos confianza", pidió el ministro.

El temor del kirchnerismo es que Macri se decida a avanzar por esta vía para derogar los artículos más controvertidos de la Ley de Medios -entre ellos el 41 y el 45, que impiden la venta de los medios privados con fines de lucro y le ponen límites a su expansión-, cuya constitucionalidad fue confirmada por la Corte Suprema en 2013.

Es que otro decreto de Macri que generó polémica fue el que puso a la AFSCA y a la AFSTIC, autoridades de aplicación de la Ley de Medios y de la Ley Argentina Digital, bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, a pesar de que ambas normas establecen que los organismos deben ser autárquicos.

Los kirchneristas recuerdan las críticas que los diputados macristas como Federico Pinedo y Patricia Bullrich efectuaron a este método, al que ahora recurre el actual mandatario.

Durante el debate legislativo para acotar el rango de acción de los DNU, Pinedo había sostenido que "hay una proporción inversamente proporcional entre el respeto a las instituciones y el dictado de los DNU" y va a ser muy difícil "igualar el récord" de Kirchner.

Mientras que agregaron que la actual ministra de Seguridad, cuando era diputada nacional presentó un proyecto para acotar la posibilidad de utilizar este mecanismo y a utilizarlo restrictivamente.