El Gobierno hizo oficial los decretos del presidente Mauricio Macri con reformas sobre la Justicia.

Suspendió la implementación del nuevo Código Procesal Penal, pautada tras la iniciativa kirchnerista para el 1° de marzo de 2016, y le quitó poder a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Con el DNU 257/2015, derogó todas las normas dictadas por leyes del Congreso relativas a la implementación del nuevo Código.

Entre ellas, el artículo que fija el 1° de marzo como fecha para que empezara a regir el sistema acusatorio. Ahora, la facultad de decidir cuándo y cómo se aplicará efectivamente quedaría en cabeza de la comisión bicameral.

Entre lo que también deroga el decreto están todos los capítulos que se introdujeron en las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa referidos a la implementación del nuevo Código.

Esos capítulos preveían nuevas facultades para la procuradora que, según el ministro de Justicia macrista Germán Garavano eran "exorbitantes". Además, el decreto elimina los 1.700 cargos cuya creación estaba prevista en un anexo de la reforma procesal.

La decisión, ratificada con la firma de todo el gabinete de Cambiemos, sigue una sugerencia realizada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, que advierte: "No se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido".

"La implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de Justicia", señala el decreto. Quedan, así, suspendidas las partidas presupuestarias y la puesta en funcionamiento de nuevas estructuras y organismos.

Los legisladores tienen 10 días hábiles para cuestionar el decreto impulsado por Mauricio Macri, y de esta forma el nuevo Código sólo se implementará con la aprobación de "un plan progresivo de asignación de recursos".

Menos poder para Gils Carbó

Por otro lado, Macri le transfirió por decreto las escuchas judiciales a la Corte Suprema.

A través del DNU 256/2015 le quitó  el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) a la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, a quien el gobierno de Cambiemos quiere desplazar.

En ese sentido, el artículo 4 del decreto indica que la Corte "dictará el reglamento de funcionamiento del DICOM", que estará a cargo "de un juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de un año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de cinco años".

Según los considerandos, el Ministerio Público Fiscal es "una parte principal" que "persigue un interés determinado" por lo que "resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación".

Además, señala que "el control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud".

El decreto advierte además que la ley 27.126, que creó la Agencia Federal de Inteligencia en febrero de este año, "implica también un avance sobre las autonomías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", contrario a lo que establece la Constitución Nacional.

Las escuchas dependían históricamente de la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, más conocida como "Ojota", pero con la reforma de la central de espías, el control de esas grabaciones quedó en manos de una repartición de la Procuración: el DICOM, a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, ex funcionaria de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré.