Dilema "M": primeros recortes de subsidios amenazan con desatar un estallido social en el sur

"Vamos a acatar la conciliación desde el día de hoy, pero que sepan que esperamos respuestas si no, no solo tendrán una Patagonia rebelde, sino un país en llamas".

La frase pertenece al dirigente del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila y grafica el dilema que deberá resolver el Gobierno en los próximos días.

Sucede que el plan oficial de recortar subsidios para reducir el déficit primario encontró un fuerte obstáculo en la Patagonia, donde los cambios en el esquema fiscal amenazan con desatar un "estallido social".

Pese a sus deseos de no intervenir en los conflictos privados, los funcionarios debieron tomar cartas en el asunto y se comprometieron públicamente a "mantener los puestos de trabajo" en la Cuenca Austral, sacudida por la crisis petrolera y la parálisis de obras públicas, que ya provocaron miles de despidos.

Así buscaron llevar calma a los gremios, en estado de alerta y movilización, y a los gobernadores patagónicos, quienes el miércoles fueron recibidos por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, el de Energía, Juan José Aranguren, y el de Trabajo, Jorge Triaca.

En los últimos días, Santa Cruz y Chubut fueron el epicentro de fuertes movilizaciones y cuestionamientos a Macri por la revisión de los contratos con Lázaro Báez y la caída del precio del petróleo, que el miércoles tocó los u$s26,50. 

Sin embargo, todavía no está claro cuál será el desenlace. Es que si bien el Gobierno modificó su postura inicial más dura -ahora pedirá un "aporte" a las petroleras y lanzará nuevas obras-, todavía resta por ver cómo responderán las operadoras y cuáles serán los planes de infraestructura para conservar el empleo.

Según estimaciones privadas, las petroleras podrían llegar a recibir este año u$s6.000 millones por el precio del barril criollo que sigue subsidiado, pero la decisión del ministro de Energía, Juan José Aranguren, de dejar de sostener el crudo de exportación sigue generando conflictos en las provincias del sur que dependen de las ventas externas de petróleo.

Por ello, el Gobierno busca resolver cuanto antes los tironeos en el sector hidrocarburífero. Sobre todo para despejar las dudas que comenzaron a surgir entre los analistas sobre la capacidad del equipo oficial para avanzar con la poda de subsidios, justo cuando Mauricio Macri salió a la caza de inversiones.

En declaraciones a la prensa, el economista Orlando Ferreres dijo que "el Gobierno se achicó un poco y no se animó a hacer el aumento de tarifas que había anunciado Aranguren para enero" y lo atribuyó al temor de que la medida acelarara aún más la escalada inflacionara.

En respuesta a las críticas, Aranguren ratificó el jueves la estrategia de shock. Dijo que la solución a la crisis de la cuenca del Golfo de San Jorge se resuelve "mejorando la productividad de la fuerza laboral, cobrando menos horas extras, la provincia resignando para la parte que se exporta algo de regalías, Nación probablemente acercando algún tipo de subsidio directo para aguantar esta situación".

Durante toda la semana, los trabajadores de Austral Construcciones cortaron las rutas en Santa Cruz para reclamar por salarios adeudados y protestaron contra los 1.500 telegramas de despido recibidos en los últimos días, lo que representa la mitad del personal del grupo de Baéz.

En tanto, con la actividad paralizada en su totalidad desde el jueves, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut advirtió a Nación que "si en 5 días no resuelven el problema tendrán un país sin gas y sin petróleo". Lo dijo ante unos 15 mil petroleros, que participaron de una asamblea abierta en Comodoro Rivadavia.

El lunes o martes habrá nuevos encuentros con las operadoras, a la espera de cerrar un barril de petróleo de exportación cercano a los 54,90 dólares, que es el valor que ya se definió para el crudo interno que se extrae en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Afectados por las menores regalías, los gobernadores también ejercen una fuerte presión sobre Macri, a quien acusan de "no sostener la industria", mientras intentan aprobar leyes de emergencia económica para modificar el presupuesto y poder endeudarse.

La mandataria de Santa Cruz Alicia Kirchner busca que el Ejecutivo se haga cargo de las obras que dejó sin terminar Báez. Con números en rojo y un abánico de reclamos laborales, la provincia tiene fondos para pagar salarios hasta febrero. Por ello la cuñada de Cristina Kirchner visitó días atrás a Frigero para pedirle aportes del tesoro nacional y asistencia financiera.

En tanto, el chubutense Mario Das Neves advirtió que "el Gobierno y las operadoras van a tener que poner fondos" para contener la crisis petrolera, tras reunirse con el gabinete de Macri, que intentó pacificar las relaciones con la provincia.

Negociados y despidos
En Santa Cruz el clima es de tensión. A las protestas de petroleros y estatales, se sumó la crisis del imperio de Lázaro Baéz, que enfrenta crecientes protestas a raíz de su decisión de desprenderse de 1.800 empleados, luego de que Vialidad Nacional no pagara los $400 millones que reclama el empresario kirchnerista. 

Los obreros de Austral Construcciones bloquearon este miércoles la ruta provincial N° 12 en el acceso oeste a Caleta Olivia, una localidad donde tras una década de kirchnerismo faltan escuelas, cloacas y el agua llega a cuenta gotas.

En las últimas horas, llegaron 200 telegramas a Caleta Olivia, 90 a Bajo Deseado, 48 a Río Gallegos, 80 a Calafate y 600 en otras localidades del sur de la provincia, que en total sumaron 1.534 despidos.

Las empresas constructoras de Báez, favorecidas con la adjudicación del 80% de las obras de la provincia, hoy enfrentan deudas, embargos y cheques rechazados por más de $230 millones. Pero además el empresario es denunciado por no haber concluido los trabajos.

La autovía que une Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia lleva ocho años y hasta ahora sólo se ejecutó un 36%, pese a haber cobrado $800 millones, cuando el presupuesto inicial era de 120 millones de pesos, aseguran fuentes del sector.

El conflicto divide a los gremios del sector. Cercana al gobierno provincial, la Uocra local negoció con el empresario el pago de lo adeudado, tras realizar días atrás un corte en la ruta 3 y responsabilizó a Macri por la falta de fondos para concluir las rutas.

"Quieren castigar a Santa Cruz, cuando antes de Néstor nosotros vivíamos del barro, el carbón y las gomas para calefaccionarnos", dijo José Guineo, secretario de actas de la seccional Río Gallegos.

La expectativa de la Uocra es que los despedidos sean reubicados en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en manos de Electroingeniería y que actualmente se encuentran paralizadas por falta de pagos y reclamos de ambientalistas.

Sin embargo, el gremio opositor Sitraic alerta que esa es una vía muerta y proponen que el Gobierno central retome a los obreros de Báez en el nuevo Plan de Obras Públicas. El titular del sindicato a nivel nacional, Victor Grossi, se llevó esa promesa, tras reunirse el viernes pasado con el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguane. 

Según pudo saber iProfesional, el funcionario anunció que en un plazo de entre 60 y 90 días iniciarán las obras en las rutas nacionales 3, 40 y la autovía de Comodoro Rovadavia a Caleta Olivia, en las que podrían ser reinstalados los daminificados aunque no en su totalidad.

En tanto, el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Ernesto Leguizamón, le trasmitió el miércoles al sindicato una señal más prescindente respecto a lo que ocurre en Santa Cruz. "No es nuestra responsabilidad, no podemos dictar la conciliación obligatoria", dijo el asesor de Jorge Triaca.

Se trata de una actitud diferente a la que adoptó la cartera laboral ante los despidos masivos en la aeronáutica Sol, con base en Buenos Aires y socios españoles, que fue obligada a reincorporar a más de 200 empleados despedidos.

Pedido crudo
En un intento de repartir el costo del ajuste, Das Neves dijo que se le pedirá a las empresas "que también hagan su aporte" para solucionar la crisis generada, por la quita de subsidios al petróleo que Chubut exporta y que podría dejar en la calle a "entre tres mil y cinco mil trabajadores".

"No hay que ser hipócritas ni vender humo, es una situación muy complicada porque la caída (del precio del petróleo) es internacional y, más que lamentarse, hay que ver la manera de que entre todos hagamos los aportes, ir en una especie de subsidio", dijo Das Neves.

Las principales tres operadoras profundizaron las medidas de ajuste iniciadas el año pasado y en enero presentaron planes para disminuir la actividad. Tras la devaluación, el precio local mejoró un 27% y mejoró la ecuación de rentabilidad pero el Gobierno dejó sin efecto los 3 dólares por barril de subsidio por barril exportado.

Sin ese subsidio, las exportadores del golfo de San Jorge aducen que los precios están muy por debajo de sus costos de producción. Por ello, Tecpetrol, de Techint, anunció una reducción de su actividad en un 40% en las áreas que tiene en Chubut y ofreció retiros voluntarios al 150%.

Pan American Energy aplicó vacaciones forzadas y redujo la actividad en el principal yacimiento petrolero, Cerro Dragón. Este plan abarca a 1.400 trabajadores petroleros y a otros 600 de distintos gremios. En tanto, YPF bajó dos perforadores y dos workover en Chubut, que alcanza a 200 trabajadores más.

"La rentabilidad de las petroleras ha sido monumental y por lo tanto, en un momento de crisis tienen que colaborar, porque ahora el barril puede caer a 20 dólares (si la crisis internacional continúa), pero durante mucho tiempo estuvo a 100 y las petroleras ganaron mucha plata", dijo el chubutense.

Para Das Neves el precio del barril que la provincia exporta debería ser de "por lo menos de 54,50 dólares" y estimó que el conflicto se resolvería con 270 millones de pesos en 2016.

"Hay 10 provincias petroleras, pero Chubut tiene el problema de que su petróleo es pesado, es de exportación, y justamente estos números son los que no cierran", agregó el gobernador, quien comentó que "peligra una gran cantidad de puestos de trabajo si no se toman decisiones".

El dirigente patagónico sacó provecho del descontento en las provincias luego de la decisión del Gobierno de incrementar los recursos de la administración porteña para efectivizar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.

"Tenemos una espada chica, la espalada más grande la tiene el Gobierno nacional. No hay que olvidar que con un decreto otorgó 167% más de coparticipación a la Ciudad, se trata de una cantidad de fondos importante", subrayó Das Neves.

Así las cosas, todo indica que la quita de subsidios no será fácil para el Gobierno por lo que, antes de cortar un cable, deberá pensarlo dos veces, si no quiere detonar una "bomba social".