Cubrir las vacantes de la Corte Suprema se transformó en un camino duro para el Gobierno. No lo es solo para Mauricio Macri sino que también lo fue para Cristina Kirchner. La postura de la oposición hace que deba nombrarse a un jurista de renombre “consensuado”.

El requisito establecido por Néstor Kirchner -cuando se autolimitó en sus funciones mediante el decreto 222 de 2003- establece que cualquier nuevo integrante de la Corte deberá contar con la aprobación de los dos tercios del Senado, cifra a la que el oficialismo por sí sólo no llega, y menos en un contexto de confrontación con el kirchnerismo, generado por los despidos de empleados públicos contratados durante los últimos años, la modificación por decreto de la ley de medios y la intervención del AFSCA.

Poco después de asumir, el presidente Mauricio Macri nombró a dos jueces en comisión para integrar el máximo tribunal de Justicia del país (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) y luego frenó su jura para no aumentar la cantidad de críticas que recibió por recurrir a un cuestionado mecanismo. Para algunos se trataba de un procedimiento previsto por la Constitución Nacional, pero para otros fue un "manotazo de ahogado" que salteaba al Congreso y que era ilegal.

Por ese motivo, y para evitar el posible veto de la cámara alta, la vicepresidenta Gabriela Michetti indicó que se estudiaría ampliar el número de integrantes a siete (en lugar de los cinco actuales) para tratar de contentar a los bloques predominantes. Pero luego, el ministro de Justicia, Germán Garavano desestimó esa posibilidad al señalar que la idea del Gobierno es "mantener por ahora el número de cinco miembros y completar las vacantes" y después, más adelante, discutir otras cuestiones. De hecho, será el primer test importante que tenga el macrismo en el Poder Legislativo luego de que comiencen las sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo.

La disputa por los nombres para ocupar los cargos en el máximo tribunal de Justicia comenzó luego de se conociera la renuncia de Eugenio Zaffaroni, a fines de 2014. Esto provocó que se redujese a cuatro la cantidad de miembros del máximo tribunal, en lugar de los cinco estipulados por la ley. 

En aquel momento, la oposición encabezada por el macrismo logró unir a casi todos bloques antikirchneristas, quienes prometieron no tratar el pliego de ninguno de los candidatos impulsados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así, pasaron al olvido las postulaciones de Roberto Carlés, Juan Sesín y Eugenio Sarrabayrouse.

El triunfo de Cambiemos alteró los planes del kirchnerismo, que se veía victorioso y creía que el candidato de su partido, Daniel Scioli, sucedería a Fernández de Kirchner.

El macrismo, ahora oficialismo, debía postular a dos candidatos ya que el juez Carlos Fayt renunció a su cargo en el máximo tribunal el pasado 11 de diciembre. 

El 14 de diciembre, Macri designó a Rosenkrantz y Rosatti como jueces "en comisión" de la Corte Suprema. Esto significaba  que iban a ocupar inmediatamente el cargo, aún sin acuerdo del Senado, que tendría todo el 2016 para avalar los nombramientos.

Una salida que encontraría el macrismo para dejar atrás la polémica por recurrir a este procedimiento y lograr el aval de los dos tercios del Senado es ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema a siete, para contentar a los otros partidos. 

Michetti señaló que si bien no es un interés del oficialismo, sí lo es para la oposición, por lo que “habrá que debatirlo. “No es una cuestión de decisión nuestra, de lo que queramos hacer desde Cambiemos, es un tema que deberemos abordar”, señaló.

El tema será a quien buscará contentar el macrismo ante una posible ampliación, ya que el Frente para la Victoria cuenta con 44 de los 72 senadores y se encuentra tambaleante ante una posible división entre cristinistas y peronistas “tradicionales”, que es la mayoría.

De hecho, los cristinistas cuestionaron a su jefe de bloque en la cámara alta, Miguel Pichetto, por criticar las medidas económicas de Axel Kicillof. Para ellos, el senador rionegrino buscaba quedar bien con el actual gobierno ya que su nombre había trascendido para ocupar un lugar en el máximo tribunal ante una posible negociación con los partidos opositores, en el caso de que se extienda a siete miembros. Pero ayer, Garavano echó por tierra a esta posibilidad. Esta postura se encuentra en sintonía con lo expresado por los jueces y juristas más importantes del país.

Hace un tiempo, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, se manifestó en contra de la ampliación porque advirtió la Corte "funciona bien" con cinco miembros y sostuvo que un aumento de ese número redundaría en un "desprestigio" para el Presidente que lo impulse y también para la Justicia.

"En Argentina el número de ministros de la Corte fue históricamente de cinco y la experiencia política indica que cada vez que el Congreso modificó el número de jueces, lo hizo para cambiar la mayoría del tribunal", señaló Lorenzetti.

Luego señaló que "cada vez que se hizo esa maniobra, siempre redundó en desprestigio para el Presidente y para la propia Corte", como le ocurrió al ex presidente Carlos Menem.

En ese mismo sentido se expresó el constitucionalista Gregorio Badeni, quien señaló que “cinco sería el número correcto” ya que no se justificaría por el momento un aumento en la cantidad de integrantes. Además, remarcó que se harían los procesos más lentos por la cantidad de miembros que debe analizar cada caso.

Para los expertos, el acuerdo político se tiene que dar sobre las dos vacantes que hay en la actualidad y que sería un mal precedente ampliar su cantidad porque ante cada cambio de gobierno, la cantidad de miembros de la Corte Suprema sería un tema que entre en el debate y ponga en duda su independencia.

Ante esta situación, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y otras organizaciones no gubernamentales presentaron hace pocos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un documento expresando su profunda preocupación por los procesos de designación que se están llevando a cabo para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Consideran que estos mecanismos afectan, por un lado, la garantía de independencia judicial y, por el otro, violan los derechos de las mujeres de acceder a los cargos públicos en condiciones generales de igualdad.

En ese sentido, destacan que el Decreto 222/03 dispuso que “…al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género…”.

En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está integrada por dos varones (Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) y una mujer (Elena Highton de Nolasco). De esta forma, si Rosatti y Rosenkrantz obtienen el visto bueno del Senado, el máximo tribunal quedará compuesto por cuatro varones y solo una mujer. Por eso, las organizaciones destacaron que es imprescindible que, al menos, una de las dos vacantes sea cubierta por una mujer.  

Así, si la Corte está integrada por cinco miembros, dos como mínimo deberán ser del sexo femenino.

Los expertos señalan que la ley 24.012 (denominada sobre el cupo femenino), si bien dispone que las listas de candidatos a ocupar cargos públicos nacionales deben tener al menos un 30% de mujeres, ni siquiera contempla a qué cargos se refiere. Luego su decreto reglamentario dispuso que el cupo femenino sólo es aplicable en las elecciones de diputados y senadores nacionales, así como también de convencionales constituyentes.

Hasta el fallecimiento de Carmen Argibay en 2014, estaba integrada por dos mujeres sobre siete miembros que eran en total, lo cual significaba un 30% de composición femenina.

Remarcan además que el presidente de la nación realiza un acto discrecional y puede escoger entre cualquier abogado de treinta años de edad en adelante, que sea argentino nativo o nacionalizado con seis años de ciudadanía, y que tenga la idoneidad necesaria para ocupar semejante cargo público.

Cómo se elige un juez de la Corte

En 2006 se sancionó la Ley 26.183 que estableció cinco magistrados en la Corte Suprema, en momentos en que poseía siete. A partir de allí, se detuvo el proceso de designación y se dispuso un mecanismo de reducción paulatina.

Según el inciso 4 del artículo 99 de la Carta Magna, el Presidente de la Nación nombra a los magistrados de la Corte Suprema, con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en una sesión convocada a tal efecto.

A través del decreto 222/03, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, el Poder Ejecutivo se fijó autolimitaciones a su atribución para la selección y designación de nuevos magistrados.

En dicha norma, ordenó la publicidad de los antecedentes de los candidatos, instauró la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones y dispuso la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.

Asimismo, dichos candidatos deberán presentar una declaración jurada del patrimonio propio, del de su cónyuge y también de sus hijos. Además, deberán informar sobre las asociaciones civiles y sociedades comerciales, estudios de abogados que integran o integraron durante los últimos ocho años.

Con estos datos publicados por un lapso de quince días, los ciudadanos en general -legitimación amplia-, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas o de derechos humanos pueden presentar por escrito -fundado y documentado- todo tipo de observaciones y circunstancias de interés respecto de los postulantes incluidos en el proceso de selección. Todos estos requisitos ya fueron cumplidos por Rosatti y Rosenkrantz, quienes recibieron más adhesiones que objeciones, la mayoría de estas últimas cuestionaron la manera en que fueron elegidos más que los antecedentes de los candidatos.

Luego, lo analiza la Comisión de Acuerdos del Senado, que acaba de recibir los pliegos. Una vez obtenido el visto bueno de la postulación, el recinto debe darle su aval con los dos tercios de los miembros presentes. La cámara alta cuenta con 72 integrantes, por lo que si concurren todos, el oficialismo tendría que reunir 48 voluntades. En la actualidad, Cambiemos deberá negociar sí o sí con el FPV, que cuenta con 44 senadores.

Desde entonces, y bajo este mecanismo, fueron elegidos Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti.