El gobierno decidió liberar y destrabar los expedientes de empresas en la Inspección General de Justicia (IGJ). El organismo estaba dominado por La Cámpora que le había impuesto un candado a la información sensible vinculada a las causas Hotesur o Ciccone.

La resolución 2 de la IGJ publicada hoy en el Boletín Oficial deja atrás el cerrojo planteado por el kirchnerismo a algunos expedientes con información sensible para la corrupción. 

La norma deroga en su artículo 1 la resolución 3 de 2012 que fijó un plazo de 1 año para finalizar un trámite para obtener información de una sociedad anónima. Además, en su artículo 2 establece que se pone "a disposición de los interesados que así lo requieran, las actuaciones obrantes en este Organismo que se encuentren archivadas, sin perjuicio de los aranceles que establezcan las normas vigentes". 

Más allá de los tecnicismos, que en este caso también favorece el trabajo judicial de los abogados, contadores y los escribanos, el macrismo busca correr el velo que La Cámpora había impuesto sobre la información de algunas empresas o asociaciones afines.

La IGJ, estaba controlada por el abogado camporista Diego Martín Cormack. Durante su gestión, la diputada Margarita Stolbizer denunció que no se controló que la empresa de hoteles de la familia de la expresidenta Cristina Kirchner la presentación de sus balances y la conformación de su directorio. 

El exministro de Justicia, Julio Alak, de quien dependía la IGJ, llegó a admitir que el expediente de Ciccone se había perdido y lo calificó como un "descuido".

El organismo judicial también cometió irregularidades en la venta de Ciccone Calcográfica al fondo de inversión The Old Fund, vinculado al exvicepresidente Amado Boudou. La IGJ también hizo la vista gorda con los años de atraso en la presentación de documentación (balances, el origen de fondos recibidos) de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La conducción de la IGJ pasó por varias manos muy politizadas en los últimos años. Marcelo Lamberti arribó al cargo de la mano de Aníbal Fernández. Lo reemplazó Norberto Berner, exsecretario de Comunicaciones. El anterior a Cormack fue otro camporista, el abogado Rodolfo Tailahde.

A partir de 2012, también la IGJ camporista creó la polémica figura del "interés legítimo". Estableció que para acceder a la información de una empresa había que estar autorizado o tener vínculo con algún miembro del directorio de la empresa en cuestión. Esta medida se tomó con la excusa de "proteger datos personales". Anteriormente, cualquier persona podía solicitar los estados contables de una sociedad luego de completar un formulario y abonar un arancel. 

La IGJ ahora está en manos del abogado especialista en sociedades Sergio Brodsky y el abogado Osvaldo Norte Sabino, socio del estudio jurídico Marval O´Farrell.