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A un año de la implementación del Registro No Llame, el Gobierno evalúa obligar a empresas a mostrar su registro de llamadas, algo que muchas se resisten
29/01/2016 - 13:30hs

El Registro No Llame no alcanzó para que los argentinos dejen de ser contactados por las empresas contra su voluntad. Fue en parte porque las infracciones resultan difíciles de probar (y por lo tanto, de castigar). Pero también porque la ley de creación del régimen, la 26.951, es limitada en sus alcances. Por eso, ahora en el Gobierno evalúan reformarla.

Uno de los escollos a la hora de aplicar las sanciones por llamados no deseados es que muchas empresas denunciadas se niegan a entregar la lista oficial de sus comunicaciones salientes, que serviría como prueba de que el contacto fue o no realizado. La excusa que dan es ese requisito figura en una reglamentación, y no en la ley misma. “Convendría entonces modificar la ley para que la obligación de aportar el listado de los llamados salientes se encuentre prevista legalmente”, sostienen en la Dirección de Protección de Datos Personales.

Esa dificultad, junto a que muchos usuarios no tienen identificador de llamadas, hace que muchas denuncias terminen sin poder probarse.  Otro punto que se pretende revisar es el amplio rango de llamadas que la ley permite que se sigan haciendo, incluso a los que están en el Registro. El mayor cuestionamiento es hacia las encuestas, que muchas veces se hacen en horarios inconvenientes. Varias asociaciones de consumidores pidieron que también queden incluidas las campañas políticas al entender que el año pasado los candidatos abusaron del recurso. Y sobre las campañas de bien público, que también están exceptuadas, el reclamo es que tengan límites de horarios, señaló el diario Clarín.

Donde el Gobierno y las empresas del sector muestran mayor acuerdo es en la necesidad de que todos los registros No Llame que se habían creado en el país en los últimos años dejen de existir y se unifiquen en el nacional.  

Cuatro provincias siguen teniendo sus propios listados en paralelo (Capital, Buenos Aires, Santa Fe y San Juan) e incluso hay registros de municipios funcionando. En el Ministerio de Justicia, en esa línea, prometieron que este año trabajarán en la integración.

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