La Inspección General de Justicia (IGJ) levantó el cepo informativo que había articulado La Cámpora para bloquear el acceso a información sensible que podía perjudicar a numerosos dirigentes del kirchnerismo, en causas como la de Hotesur que complica a la familia Kirchner.

Apenas entró en funciones, Sergio Brodsky (titular del organismo fiscalizador) adelantó que avanzaría para desbloquear el intrincado sistema que había implementado la administración anterior. Y cumplió.

La resolución fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial, con un texto tan escueto como concreto: "Déjese sin efecto toda norma que de cualquier modo limite o restrinja el acceso a la información en el ámbito de la Inspección General de Justicia".

"Póngase a disposición de los interesados la información existente en el organismo, con las limitaciones que establece la Ley 25.326 y normas concordantes, sin perjuicio de las normas arancelarias vigentes", se apunta en el segundo artículo del dictamen.

La decisión es relevante porque le pone fin a una regla implantada por el kirchnerismo en 2012, cuando se produjo una escalada informativa en causas como la ya mencionada de Hotesur o en el caso Ciccone, que llevó al procesamiento del vicepresidente Amado Boudou.

En ese momento, el oficialismo impuso una condición por la que exigía acreditar "un interés legítimo" para tener la posibilidad de acceder a los registros de una persona jurídica. Esta regla impedía el libre acceso a los expedientes y blindó a las empresas que tenían funcionarios kirchneristas entre sus accionistas.