Días atrás la presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, se mostró muy preocupada por la situación en la que había quedado la compañía tras la gestión del kirchnerista, Mariano Recalde. 

La directiva aseguró que había un "exceso" de empleados y estimó para el corriente año un déficit operativo de $15.000 millones. 

Sin embargo, esta preocupación de Costantini no evitó que, a un mes de haber asumido su nueva función, se tomara días de vacaciones. 

Los sindicatos aeronáuticos pusieron el grito en el cielo. La ejecutiva no tiene días acumulados de vacaciones y legalmente debería atenerse al régimen de cualquier empresa privada.

Ante esto, surgieron sospechas de que exista un acuerdo previo, una suerte de "paracaídas de oro", por el cual se le respetaría la antigüedad laboral, entre otros beneficios que incluso podrían incluir cifras mínimas de indemnización. Esto último es lo que habían firmado algunos gerentes nombrados por Recalde, que se negaron a renunciar para cobrar cifras millonarias.

Si esto es así, "no nos vamos a enterar hasta que llegue una nueva administración, algo similar a lo que pasó con los gerentes de Recalde que le costaron más de siete millones a la empresa", dijo al respecto un dirigente sindical aeronáutico.

Desde Aerolíneas Argentinas señalaron que la ex General Motors "se tomó unos días, porque el año pasado no se pudo tomar" y que "tenía un viaje precomprado desde el año pasado".

Costantini asumió en la compañía aérea un mes después del cambio de gobierno, debido a que debió a esperar a que se concrete el trámite de nacionalización. El Código Aeronáutico establece que la presidencia del directorio de cualquier sociedad que opere en el país debe ser ejercida por argentinos, mientras que ella nació en Brasil.

Tras esa demora, la empresaria se hizo cargo de la compañía y unas semanas después hizo un demoledor balance de la situación financiera. También envió una difícil carta a los gerentes: "Hemos pedido a cada área que identifique oportunidades de reducir en un 30% costos no operativos (es decir aquellos que no afectan ni la operación ni el mantenimiento ni los Recursos Humanos)", escribió Isela. 

"Son las barbaridades que hace esta gente", dijo al mencionado portal un dirigente sindical del sector.

"Quieren bajar un 30% de los costos -que para una línea aérea es demasiado y puede dejar gente en la calle-, se pide un esfuerzo muy grande a los empleados de planta, están revisando contratos, y la presidenta de la compañía se raja", se quejó.

"Este es el primer recorte y esperemos que esto no siga para abajo, no lo vamos a permitir que racionalicen la cantidad de empleados y tampoco vamos a permitir una privatización de la compañía", agregó.

A esto se suma que es cada vez mayor la bronca entre los empleados de "carrera" por la decisión de Isela de mantener en sus cargos a muchos militantes de La Cámpora que ingresaron durante la gestión de Recalde, incluso algunos gerentes heredados y otros "reciclados" como Diego García, sospechado por un supuesto negociado con la agencia de turismo AlMundo.

En la Intranet de la compañía, por estas horas circulan mensajes que ilustran esa bronca, aseguró La Política Online. "Nuestro malestar está originado en la pretensión de estas personas de quedarse en sus cargos, cuando su única condición de idoneidad, es la de pertenecer a una agrupación política (...) que ha practicado a lo largo de cinco años y medio, incontables actos de discriminación, arbitrariedad, maltrato laboral", dice uno de los textos.

En ese mensaje, se menciona a varios funcionarios que son resistidos, como Karina Lormant, una gerente de Recursos Humanos que fue denunciada por maltratos y declarada persona no grata por dos gremios. Otros son Juan Echecopar, Fabián Farace y Alejandro Morón.

"A los responsables de la conducción, los exhortamos a que reaccionen y aceleren el proceso de cambios, sin culpas, ya que los que se tienen que ir por haber entrado por la ventana, son tan ‘brillantes' que el mercado laboral se va a pelear por contratarlos", ironizan los empleados.