Para quien se guíe por los titulares de los medios de comunicación y las declaraciones de los funcionarios, el ranking de preocupaciones de Mauricio Macri suma nuevos ítems conforme transcurren los días. 

Entre los principales aparecen temas como la inflación, las paritarias, los cortes de energía y la búsqueda de un pacto con los gobernadores que le asegure una mayor gobernabilidad. 

Pero hay un punto que, aunque se mantiene en un segundo plano en cuanto a su difusión, es uno de los que más le saca el sueño al Presidente. 

Se vincula con algo que él había enfatizado en la campaña electoral y que, al menos por ahora, dista mucho de concretarse: la ansiada "lluvia de dólares" que iba a llegar al país a poco de asumir.  

En varias oportunidades, Macri se refirió a una ola capitales proveniente de inversores ansiosos por asociarse a un período de crecimiento de la economía argentina.

Pero, como dice una vieja frase, la única verdad es la realidad. Y lo cierto es que el levantamiento del cepo y las señales "market friendly" todavía parecen no resultar suficientes como para asegurar una decidida corriente inversora.

Es verdad que la presencia argentina en el foro de Davos tuvo una evaluación muy positiva en este sentido. Pero también es cierto que muchos de los desembolsos anunciados formaban parte de planes que ya estaban en marcha y que se habían informado durante el gobierno kirchnerista.

Según el diagnóstico macrista, se requiere más temprano que tarde de una nueva oleada de fuertes inversiones provenientes del exterior, orientada principalmente a:

1. Darle impulso al crecimiento de la economía a partir de un motor "genuino". Es decir, que los desembolsos estén enfocados en proyectos productivos -pensados para el mediano y largo plazo- y no basados exclusivamente en incentivar el consumo interno.

2. Reforzar la estabilidad cambiaria a través de la llegada de dólares frescos por la vía no financiera. Esto, además, contribuiría a engrosar el nivel de reservas líquidas del Banco Central. 

3. Enviar una señal fuerte al sector privado en un momento en el que la pérdida de puestos de trabajo en empresas de un amplio abanico de sectores empieza a consolidarse como un problema central. 

¿Cómo se vienen dando las cosas? En principio, ya se puso en marcha un plan. Y si bien el Estado no está en condiciones de coinvertir con los privados, el Gobierno quiere aplicar una fórmula que levantará polvareda.

No es para menos, ya que está planteando un esquema por el cual los inversores dispondrán de una suerte de "garantía estatal" de rentabilidad.

El equipo de Reyser

Para avanzar en este sentido, el Presidente confió la tarea a un funcionario de su plena confianza: Horacio Reyser. 

Este empresario dedicó sus últimos años a aceitar contactos en el mundo de los negocios corporativos. Guarda vínculos muy estrechos con consorcios locales y del exterior, a los que conoció como socio del Fondo Morita.

Reyser, si bien mantiene un bajo perfil en los medios, cumple una función clave: es el asesor presidencial en lo que a inversiones extranjeras directas se refiere. 

Además, se ocupa de seguir de cerca los temas "micro", de destrabar todo lo que sea necesario para que las empresas de afuera puedan cumplir con sus planes de negocios en el país. 

Para muestra, basta un botón. Un importante conglomerado que desde hace más de un año venía infructuosamente intentando la reapertura de un centro de operaciones pudo lograr tal cometido en unas pocas semanas.

No hubo magia. Sólo la paciente actitud de funcionarios, que se focalizaron en que esa inversión se materialice dejando al margen la persecución de una coima que, por otro lado, los empresarios extranjeros no podían siquiera justificar en el balance de la compañía internacional.

Los planes

El equipo conformado por hombres del círculo íntimo del Presidente llegó a un primer diagnóstico sobre el estado de situación de las diferentes áreas claves de actividad.

Más aun, a partir de una pormenorizada investigación identificaron el "top five" de los sectores con mayores chances de hacerse de dólares contantes y sonantes en esta primera etapa.

1. Infraestructura en rutas

2. Transporte (en particular trenes)

3. Telecomunicaciones 

4. Mercado inmobiliario

5. Energía (en particular las renovables)

En este último rubro hay varias apuestas ya en marcha que, al concretarse, le permitirán a la Argentina cumplir con determinados parámetros requeridos por aquellos países desarrollados para integrar la OCDE. 

Este viene a ser uno de los primeros objetivos políticos expuestos públicamente por el Gobierno.

En otro rubro, son varios los proyectos de infraestructura que van teniendo lugar en diferentes distritos. 

Los funcionarios guardan en secreto las iniciativas de este tipo en las que están avanzando, si bien aceptan que algunas de ellas se emplazan en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias, como por ejemplo Mendoza y La Rioja.

El macrismo ya dio algunas pistas en este sentido. En particular, con el planeado relanzamiento del plan de viviendas Procrear rescatado del kirchnerismo y el marcado apuro por refundar la ley de Telecomunicaciones.

La idea del Gobierno es arrancar con proyectos que puedan estar listos durante los próximos 24 meses. Por cierto, ese plazo no es caprichoso, en un contexto en el que urgen las necesidades económicas pero también las políticas. 

A nadie de la administración macrista le escapa que el año que viene hay elecciones legislativas, que funcionarán como un verdadero referéndum y que definirán a suerte o verdad cómo serán los últimos dos años de gestión de Macri en su primer mandato.

Un esquema arriesgado

El Gobierno ya tuvo distintas muestras y un par de reveses que le hicieron entender que los capitales no "lloverán" sobre la Argentina, tal como lo soñaba el propio Macri antes de asumir.

Un mundo que continúa atravesado por la crisis y un país que desde hace años viene bandeándose en sus propuestas políticas y económicas -como así también en el rol que debe tener el Estado sobre la actividad privada- no son precisamente el mejor mix para atraer divisas. 

Claro está... a menos que el atractivo sea imposible de rechazar.

Y este es precisamente el camino que están recorriendo los funcionarios "M" en su afán por plantear una estrategia de negocios que sirva para atraer a los conglomerados empresarios más relevantes.

Las iniciativas en danza ahora admiten la posibilidad de asociaciones entre el Estado y los grupos privados. ¿Por qué? porque a los inversores los ayuda a reducir su exposición a la hora de poner dólares en Argentina.

O, dicho de otro modo, las partes asumen riesgos no en su totalidad sino compartidos. Más aun cuando se trata de sectores productivos.

Sin embargo, no es lo que están elucubrando los funcionarios de primer nivel. 

Más bien, según pudo saber iProfesional, están haciendo referencia a una fórmula en la que el Estado sea el que termine garantizando la viabilidad de algunos proyectos de inversión.

En otras palabras, es el que les otorgará a los ejecutivos de negocios garantías de rentabilidad para que éstos traigan sus dólares al país. 

Por cierto, es una decisión no exenta de riesgos. No sólo por la mala señal que se les envía a todos aquellos empresarios que quedan afuera de semejante ventaja sino también por los eventuales problemas a futuro que contratos de este tipo le depararán al propio Estado.

"¿Cuánto habrá que esperar para que un esquema así no termine en juicios contra la Argentina en tribunales internacionales como el Ciadi?", se preguntó un influyente asesor de empresas. 

Esta última pregunta es que la que también se formulan algunos secretarios de la actual administración, que conocen los laberintos jurídicos que se transitan en este tipo de acuerdos. 

Sin ir más lejos, el convenio (todavía secreto) entre YPF y la estadounidense Chevron pactado en épocas kirchneristas está sospechado de seguir ese modelo. 

Lo menos que se espera de los actuales funcionarios, que fueron severamente críticos de aquel paso dado por la anterior gestión, es que ahora que están en el poder no imiten esos comportamientos tan cuestionables.

En forma simultánea, el Gobierno avanza en su política "friendly" hacia los organismos internacionales. Al contrario del kirchnerismo, los ve como aliados políticos que ayudarán a la economía a salir de la recesión.

En concreto, Alfonso Prat Gay y el resto del equipo piensan que el BID y otras entidades multilaterales podrían financiar, por ejemplo, proyectos de infraestructura en las provincias. 

Esto, sin que ello requiera de condicionalidades imposibles de cumplir en el corto plazo.

Los contratos para acercar dólares a la economía podrían no demorarse más allá del primer semestre, se ilusionan en Economía.

Hay funcionarios -empezando por el mencionado Reyser- que mantienen encuentros a diario con empresarios dispuestos a escuchar propuestas. 

"Hay muchas trabas que han quedado oxidadas por el paso del tiempo sin intentar siquiera levantarse", resumió a iProfesional un importante ejecutivo de negocios ligado a la construcción.

Desde ambos lados del mostrador sacan cuentas. 

En los funcionarios se nota entusiasmo, aunque también ansiedad. Ahora falta que "lluevan" esos dólares con los que tanto se ilusionó Macri en épocas de candidato.