El macrismo estuvo a un paso de sufrir su primer gran traspié en su gobierno que lleva casi 80 días. Es que debió posponer el tratamiento del DNU que anuló la devolución del 15% de recursos coparticipables que se le quitaba a las provincias para financiar a la ANSES porque no tenía los votos necesarios para lograr un dictamen favorable.

Desde hacía varios días, desde el círculo cercano al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, indicaban que no iban a apoyar la medida firmada por Mauricio Macri ya que durante la campaña prometieron impulsar el federalismo. Sostienen que el decreto publicado a mediados de diciembre era todo lo contrario, que desfinancia a las provincias y que iba a judicializar aún más la cuestión.

El senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, incluido dentro de la oposición “constructiva” -que tiene buen diálogo con el Gobierno-, tampoco estaba convencido de acompañar el DNU.

Por eso, el Frente Cambiemos, al ver que no iba a poder avalar el decreto en la bicameral, decidió postergar su tratamiento por cuarenta y ocho horas. Para obtener los votos necesarios, redactaría una nueva norma que contemple la devolución "paulatina" del 15% y aceptaría refinanciar las deudas de las provincias.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con referentes del Frente Renovador, entre ellos el propio Sergio Massa y el economista Marco Lavagna, para lograr consensos.

Si no cede, Macri corre el riesgo de que Raúl Pérez (el representante de Massa en la bicameral) y Rodríguez Saá acompañen el dictamen del FPV. Y si en el recinto, no puede avanzar en ninguna de las cámaras, perdería validez y eso obligaría a pasarle miles de millones de pesos a las provincias de un momento a otro.

Es que recobraría vigencia el decreto firmado por Cristina Fernández de Kircher que acata el fallo de la Corte Suprema y que extiende la devolución del 15% de los fondos coparticipables a todas las provincias y no solo a Córdoba, San Luis y Santa Fe (beneficiados por el fallo del máximo tribunal).

El mandatario justificó su decisión al señalar que “el presupuesto del año 2016 de la seguridad social se encontraría seriamente comprometido en cuanto a su nivel de gasto y financiamiento” si se hace efectivo el decreto firmado por la ex mandataria.

En 2014, Anses alcanzó $72.000 millones por la mencionada retención; cerca de $95.000 millones el año pasado y en 2016, ese monto ascendería a $ 115.000 millones. Esto pasaría a ser cubierto por el Tesoro Nacional para evitar poner en riesgos los fondos previsionales, y la vigencia de la movilidad jubilatoria, que establece dos aumentos por año.

Apenas iniciada la reunión, el diputado massista consideró que sería “negativo” para las economías provinciales avalar ese DNU, por lo que estaban “en una posición muy difícil de acompañar”.

El oficialismo necesita sí o sí del apoyo de Pérez y de Rodríguez Saá para sacar el dictamen de mayoría. Si consigue ambas firmas, Cambiemos mantendrá la paridad contra la oposición de los legisladores kirchneristas y será el radical Luis Naidenoff, quien desempate.

Es que un dictamen negativo mayoritario le permitiría al peronismo unido votar primero en Diputados y luego en el Senado el rechazo al DNU y obligaría a la Casa Rosada a pasarle fondos atrasados a las provincias, pese a que la Corte Suprema aclaró que su fallo beneficiaba sólo a los tres distritos que litigaron contra la Nación.

En concreto, el Frente Renovador busca garantizar más plata para los gobernadores. A cambio del voto, el Gobierno debería avanzar en la reforma del sistema de la coparticipación. Hay que tener en cuenta que la cuestión va a seguir siendo judicializada porque algunos gobernadores amenazan con ir a la Justicia –basándose en el fallo del máximo tribunal- si no le pasan los fondos.

El próximo 16 de marzo, Frigerio y los mandatarios provinciales volverán a verse las caras, con la descentralización de recursos y recaudación como temas principales.

Necesidad de negociar

Un DNU es un tipo de norma existente en nuestro país que, a pesar de ser sancionada solo por el Poder Ejecutivo, tiene validez de ley. Una vez promulgado, el Congreso debe analizarlo y determinar si continúa vigente. Sólo deben sancionarse en situaciones excepcionales. Es decir, cuando sea imposible para el Poder Legislativo seguir los trámites para sancionar leyes.

La comisión bicameral debe resolver sobre cada uno de los DNU. De los 16 sillones, ocho son kirchneristas, seis de Cambiemos y dos del peronismo tradicional (los mencionados Pérez y Rodríguez Saá). La presidencia en este momento es ocupada por el senado radical Luis Naidenoff, quien desempata si es necesario.

Si se vence el plazo de diez días hábiles “sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate”.

Para “voltear” esta norma se requiere que ambas cámaras lo rechacen. El FPV podría trabar la norma en el Senado. En Diputados el macrismo podría darle luz verde a este decreto, pero necesita del apoyo de otros bloques.

Varios defensores del "modelo" impulsado por Cristina Kirchner decidieron -a menos de un mes de iniciar las sesiones ordinarias en el Congreso- pegar el "portazo" para conformar un nuevo espacio en la cámara de Diputados, en los papeles, más dialoguista. Y eso beneficiaría al Gobierno.

Este grupo, encabezado en principio por Diego Bossio -ex Director Ejecutivo de la ANSES- en Diputados y por Adolfo Rodríguez Saá en el Senado buscará tener como identidad la de un bloque con un peronismo menos confrontativo con el macrismo.

El otro espacio que haría de soporte del oficialismo es de origen peronista, si bien se considera de línea "independiente", llamado Compromiso Parlamentario por la Argentina. Está integrado por dirigentes del justicialismo que se fueron del Frente Renovador de Sergio Massa. 

El FPV contaba antes del quiebre con 95 legisladores.  Ahora ese número se redujo a 77, contra las más de 90 bancas que responden a Cambiemos y sus aliados del GEN. 

A ese número del oficialismo se le agregan los 35 diputados del massismo, los 18 que se despegaron del kirchnerismo, los bloques provinciales (6 legisladores de Santiago del Estero que antes respondían a CFK y 9 peronistas de Compromiso Parlamentario por la Argentina) 

En el Senado, no se observa una ruptura formal entre cristinistas y peronistas tradicionales, por lo que el DNU sería rechazado. Por eso, las fichas de Cambiemos están en la cámara baja, donde aspiran que los massistas y peronistas disidentes los acompañen con los votos para avalar el DNU.

Pero, desde lo político, habrá que esperar al jueves a las 18, cuando la comisión vuelva a reunirse para destrabar el tema. Cambiemos había pedido que el tratamiento se posponga una semana y así llevar una propuesta “superadora” del decreto. No lo logró, pero tampoco obtuvo el rechazo.