Sin mayoría propia, el Gobierno de Mauricio Macri está obligado a negociar cada decisión importante con la oposición, lo cual implica todo un desafío para la cultura política argentina.

Este es, de hecho, el principal cambio entre la administración actual y la de la última etapa de Cristina Kirchner.

El Congreso, luego de años de haber estado en un segundo plano y hasta de ser tildado de funcionar como una "escribanía", pasará a tener un marcado protagonismo en la escena nacional. 

Por eso, el inicio del año legislativo este 1° de marzo cobra una especial relevancia. 

A esto se suma otro dato no menor: tras 15 años, un presidente no peronista será el responsable de abrir las sesiones ordinarias. Y lo hará con el ojo puesto en el tratamiento de una agenda plagada de temas urgentes. 

Por cierto, no fue un verano sencillo para Macri, ya que las primeras decisiones importantes, tras asumir el pasado 10 de diciembre, las tomó a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), debido a que el Poder Legislativo se encontraba en receso.

El punto central es que dichos DNU luego deben ser ratificados a nivel legislativo. Por ello, el bloque que responde a Cambiemos se encargó de salir a tejer alianzas para ir avanzando con diversas normas.

Por lo pronto, ya consiguió el apoyo del massismo luego de realizar algunos cambios al decreto que le volvía a quitar el 15% de los fondos coparticipables a las provincias.

Con el objetivo de reforzar la gobernabilidad, dictó una norma que contempla la devolución paulatina de esos fondos en un plazo de 5 años. 

Otro "llamado de atención" lo recibió tras la designación “en comisión” de dos jueces para completar la Corte Suprema, medida que causó el rechazo de algunos miembros de la oposición y también del propio macrismo.

Con la calculadora en mano

La Cámara de Diputados es el lugar donde el oficialismo se siente más cómodo, ya que si cuenta con el apoyo del Frente Renovador y de algunos legisladores que se abrieron del kirchnerismo, entonces podrá ratificar los DNU dictados desde el 10 de diciembre hasta fines de febrero.

En el Senado, se le presenta un escenario más complicado ya que el justicialismo –en los papeles- continúa unido.

Allí, el macrismo tiene una carta para jugar: el manejo de la "chequera", un instrumento que le permitirá negociar con los gobernadores opositores. 

Durante los últimos días comenzaron a trascender algunos de los proyectos que el Presidente anunciará ante la asamblea legislativa, de la que no participarán algunos partidos de izquierda.

Aún se duda si darán el presente los miembros del kirchnerismo más duro, ya que no habían participado de la asunción del pasado 10 de diciembre.

Por lo pronto, el Gobierno no tratará este año las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias, a pesar de que fue una promesa de campaña. El argumento esgrimido es el de no “agravar el déficit fiscal”.

No obstante, sindicalistas y opositores adelantaron que sí buscarán avanzar en la sanción de una norma sobre este punto. 

Antonio Caló, líder de la CGT, ya anticipó que no se quedará de brazos cruzados y que está a la espera del arranque de las sesiones legislativas para que se discutan cambios en el gravamen. 

"Macri no cumplió con su palabra, nos falló a nosotros y a los votantes", expresó el referente gremial. 

En relación con el controvertido Impuesto a las Ganancias, agregó que "nos juntaremos los compañeros que fuimos a la Casa Rosada y le plantearemos que el compromiso lo tiene que cumplir. Y si no, les diremos a los diputados peronistas y a los de otros partidos, como Massa, y lo sacaremos por mayoría por Diputados". 

El tigrense tampoco mostró su conformidad respecto de las medidas tomadas por el Gobierno. 

"Si quieren seguir gravando el trabajo, que sea en los altos ingresos. Nosotros planteamos un mínimo de $60.0000, modificar la escala, que se pueda debitar el alquiler de Ganancias, y la exclusión del jubilado que no puede pagar", afirmó Massa. 

Proyectos claveEn primer término, Macri anunciará el envío de una iniciativa para derogar las leyes cerrojo y la de Pago Soberano, sancionadas durante el kirchnerismo, para poder cerrar el acuerdo con los fondos buitre y dar por concluido el litigio que el país afronta en Nueva York.

La idea del mandatario es que a mitad de marzo el proya esté sancionado.

Además, se buscará modificar los montos de las asignaciones familiares, como así también la rebaja del IVA sobre productos de primera necesidad, para atenuar el golpe de la inflación entre los sectores más vulnerables. 

Por otro lado, el Ejecutivo tratará de cerrar, con distintos actores, un proyecto de reforma electoral para comenzar a implementar a partir de las elecciones legislativas del 2017.

Entre los cambios más importantes a los que se apunta está también el de la boleta única, que podría ser o no electrónica.

Además, está en agenda la unificación de los calendarios de los comicios y la creación de un nuevo organismo para manejar el proceso electoral.

En materia de información pública y lucha contra la corrupción, se enviarán una serie de iniciativas en las que también se contemple la Ley del Arrepentido.

La misma hace referencia a una disminución de las penas para aquellas personas implicadas en algún ilícito que colaboren con la investigación.

En ese aspecto, también se prevé una normativa de extinción de dominio, para recuperar el dinero y los bienes que exfuncionarios y su entorno no puedan justificar, y cuyo origen esté vinculado a la comisión de delitos contra la administración. 

Macri también anunciará un proyecto para modificar la Ley de Ética Pública.

Se derogará así la reforma que promovió el kirchnerismo en 2013 porque, según explicaron desde el macrismo, “quebró el sistema de declaraciones juradas que servía para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos y detectar potenciales casos de enriquecimiento ilícito”.

En cuanto a otros temas calientes como es el narcotráfico y la inseguridad, se aguarda el anuncio de la cuestionada ley de derribo de aeronaves y la destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas. 

Reformas judiciales

Hace pocos días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó un programa que, según explicó, tiene como objetivo "construir una Justicia cercana, moderna, transparente e independiente”. 

En concreto, se crearán siete comisiones que trabajarán en siete ejes: institucional, penal, civil, acceso a la Justicia,  derechos humanos, gestión y Justicia y Comunidad. 

Pero este plan que anunciará el Macri no será inmediato, sino que cada comisión debatirá sus propios proyectos en un plan a cuatro años con el fin de asegurar la transparencia.

También se planteará el fortalecimiento de la Justicia Federal del interior del país y los poderes judiciales provinciales, mediante el impulso y la intervención activa en el proceso de transferencia de la justicia nacional, la IGJ y el Registro de la Propiedad Inmueble al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, se buscará cumplir con los mandatos constitucionales de 1994.

El Ministerio también apuntará a promover la investigación del narcotráfico y del crimen organizado a través de nuevas herramientas procesales y el diseño de una política criminal eficaz.

Por otra parte, se fortalecerá el respeto de los requerimientos constitucionales y garantizará el reconocimiento efectivo de los derechos de la víctima, la igualdad entre las partes y la realización del juicio oral en lo inmediato. 

Otra de las iniciativas es la de impulsar el legajo digital, y la gestión y la comunicación electrónica. 

Además, se enviarán al Congreso los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura y de Subrogancias, cuyas normas fueron declaradas inconstitucionales por la Justicia.

En cuanto al ámbito penal, se apunta a lograr un código de delitos federales y a unificar el fuero de instrucción con el correccional, además de instaurar el juicio por jurados a nivel federal.

Dentro de las iniciativas, el Gobierno intentará crear un equipo de magistrados para combatir el crimen organizado y ayudar a los tribunales federales del interior del país de modo tal de obtener resultados concretos en este ámbito.

De igual forma, se proyectará transformar tribunales orales comunes en tribunales federales. 

En el área civil, se trabajará en un nuevo procedimiento civil y comercial basado en los principios de oralidad efectiva, celeridad y trasparencia y, además, se impulsarán proyectos de justicia vecinal o de baja cuantía a nivel federal y provincial. Este nuevo cuerpo se adaptará al Código Civil y Comercial que comenzó a regir el pasado 1 de agosto.

Además, se planea modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y la del Ministerio Público de la Defensa para asegurar “una correcta selección y capacitación de los fiscales y defensores, adecuada a su rol y garantizando su independencia”.

También se impulsará la eliminación de las ferias judiciales junto al cambio de horarios de trabajo y de atención al público, que en la actualidad es de seis horas. 

En cuanto al Consejo de la Magistratura, se intentará que los integrantes no tengan otra tarea y ese cargo sea de dedicación exclusiva.