Mauricio Macri dejó en claro cuáles serán sus prioridades en la agenda legislativa 2016. Y confirmó que si hay un tema de urgente resolución es la derogación de dos leyes cuya vigencia obstaculizan el acuerdo con los "fondos buitre".

Esto debe ocurrir dentro del mes de marzo, ya que la fecha límite de pago es el 14 de abril al mediodía (horario de Nueva York). De manera que el tema constituirá el primer test político para el macrismo en su recién estrenado papel de partido de Gobierno pero con minoría parlamentaria.

Si bien desde Cambiemos señalan que ya tienen el número para aprobar la iniciativa, tras el discurso, desde el massismo confirmaron que apoyarán la medida no sin antes realizar estudios técnicos.

El Frente para la Victoria no influiría en la decisión en la cámara de Diputados, pero sí en el Senado, y su jefe de bloque, Miguel Pichetto, remarcó que podrían votar divididos.

De acuerdo a lo manifestado por el presidente en la Asamblea Legislativa, “ahora dependerá de este Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Confío en que va a primar la responsabilidad sobre la retórica y que juntos vamos a construir los consensos necesarios. 

“No resolver este conflicto les costó caro a los argentinos y favoreció a los tenedores de bonos, que se enriquecieron con eso. La deuda pasó de 3.000 a 11.000 millones de dólares”, señaló. 

Una vez aprobada esta iniciativa, Macri quiere que el Congreso analice:

- La jornada extendida y obligatoriedad de la educación desde los 3 años. 

- La creación del Instituto de evaluación de la calidad educativa.

- La devolución del IVA a la canasta básica alimentaria.

- Reforma de la justicia: que incluya la sanción de una nueva ley de subrogancia de jueces y la modificación del Consejo de la Magistratura.

- La sanción de una ley de acceso a la información pública nacional y una norma que regule las compras públicas.

- Reforma penal para luchar contra el narcotráfico, con la sanción de la ley del arrepentido y que además se permita el decomiso de bienes obtenidos como consecuencias de ilícitos.

- Normalizar juicios previsionales.

- Ampliar las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Sí o sí por el Congreso

El Gobierno sabe que, antes de festejar el inminente fin del largo litigio con los fondos buitre y la salida del default, debe asegurarse de poder cumplir una de las condiciones que puso el juez Thomas Griesa para liberar los embargos contra la Argentina: la derogación de dos leyes en el Congreso.

Ambas aprobadas durante el kirchnerismo, las llamadas "Ley Cerrojo" -que impide dar una mejor oferta a la que se había ofrecido a quienes entraron al canje- y "Ley de Pago Soberano" -que cambiaba la jurisdicción de la cancelación de bonos, desde Estados Unidos a la Argentina, para esquivar el embargo- eran el obstáculo legal para el acuerdo.

Macri dio su garantía de que contará con el aval del Congreso en este tema. Todo una demostración de confianza en su "cintura" política, dado que buena parte del peronismo no solamente no quiere derogar las leyes sino que ha decidido transformarlas en una bandera de resistencia.

Confía entre otros, en el rol del senador Pichetto, el más notorio defensor de la "línea negociadora", que hace pocos días fue abucheado por los militantes kirchneristas al señalar que hay que tener "un rol institucional", respecto a los gobernadores e intendentes que necesitan la ayuda financiera del Ejecutivo y que para ello piden un consenso en torno a salir del default.

El Gobierno le promete a las provincias “la apertura hacia el mercado financiero", por lo que se muestran optimistas para conseguir su aprobación. 

"Confiamos en los acuerdos con otros bloques, entre ellos el Frente Renovador y el bloque Justicialista. También con el bloque de Darío Giustozzi (Juntos por Argentina). Observo en ellos responsabilidad por el futuro del país y la gobernabilidad", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Pero aún no pueden dormirse en los laureles ya que el Frente Renovador comenzó a “marcarle la cancha” sobre lo que está dispuesto a ceder a cambio de garantizar gobernabilidad.

"Queremos el compromiso de resolver el problema del impuesto a las Ganancias y la situación de los jubilados", en la primera sesión del año, señaló Massa. Es decir, pretendería que se traten esos temas en la misma reunión en la que se debata la derogación de las leyes cerrojo y pago soberano.

El apoyo no implica que sea una “carta blanca” para el macrismo ya que el massismo quiere “conocer en detalle la propuesta de acuerdo con los fondos buitre,  para saber si hay riesgos patrimoniales”. Es que quieren asegurarse que no haya ninguna probabilidad de que otros bonistas recurran a los tribunales para obtener un beneficio mayor.

Martín Redrado, uno de los economistas de confianza de Massa, aconsejó “no precipitarse para hacer una evaluación final” ya que hay que ver cuánto le cuesta a la Argentina el arreglo.

“Lo que les he dicho a los diputados es que pidan todos los elementos de la negociación porque no se conocen, no se puede votar a libro cerrado como hacía el kirchnerismo, hay que ser muy precisos”, añadió.

Esto no será pasado por alto por el Gobierno, ya que el Frente Renovador estuvo a un paso de provocarle su primer gran traspié al lograr posponer el tratamiento del DNU que anuló la devolución del 15% de recursos coparticipables que se le quitaba a las provincias para financiar a la ANSES y lograr una recuperación paulatina de esos fondos.

Ya está el número

No obstante la resistencia kirchnerista a acompañar el pedido del Presidente, quienes manejan la "calculadora" de los votos en el Congreso a la luz de los reacomodamientos políticos y las nuevas alianzas sostienen que el oficialismo igualmente logrará la mayoría que necesita.

Si bien la ruptura del bloque kirchnerista lo acerca a conseguir las adhesiones suficientes, será importante cómo se comporten los diputados que aún permanecen en él.

Tras abandonar las filas del FPV, Diego Bossio dejó entrever que apoyaría al macrismo en la derogación de las mencionadas normativas, lo que habilitaría la aprobación de la propuesta de pago a los holdouts.

Por su parte, el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli aseguró que apoyaría la derogación de esas normas "si se encuadra bajo ciertas condiciones que sean beneficiosas para el país".

En este sentido, casi una decena de los diputados bonaerenses que está en la cámara baja tiene una relación aceitada con el ex mandatario provincial.

¿Por qué le dan los números a Macri? El FPV contaba antes del quiebre con 95 legisladores, pero ese número se redujo a 77, contra las 88 bancas que responden a Cambiemos, cifra a la que habría que sumarle sus aliados del GEN. 

Si a ese número del oficialismo se le agregan los 35 diputados del massismo, los 18 que se despegaron del kirchnerismo y  otros bloques provinciales, como los seis legisladores de Santiago del Estero que antes respondían a CFK y los 9 peronistas (ex massistas) de Compromiso Parlamentario por la Argentina, el Congreso podría avanzar en la derogación de las leyes necesarias para cerrar el acuerdo. Cerca de 160 legisladores, sobre 257, acompañarían al macrismo.

Con la cámara de diputados en vías de mostrarse favorable al pedido oficialista, las cosas parecen aun más sobre ruedas en el Senado. 

Es algo que, en un análisis superficial, puede sorprender, dado que allí el peronismo cuenta con una mayoría abrumadora. Pero rápidamente quedó en evidencia que, en muchos casos, los senadores priorizarían sus intereses provinciales por encima de lealtades partidarias.

Aquí, la calculadora legislativa tiene algunas diferencias con el escenario de la Cámara de Diputados. En principio, no se observa una ruptura formal entre cristinistas y peronistas tradicionales, por lo que conforman un bloque de más de 40 legisladores sobre un total de 72.

En ese contexto, la delicada situación financiera de las provincias y el auxilio que el Estado nacional debe brindar para evitar un panorama extremadamente complejo hace que muchos gobernadores peronistas insten a sus legisladores a convalidar las medidas presidenciales.

Además, por otro lado, podrían negociar con el gobierno macrista que se les facilite el acceso a los mercados internacionales de crédito para así tomar deudas con el fin de regularizar sus cuentas. 

Es que si deciden llevar a cabo esta medida necesitarán de la firma de Macri ya que él, en su rol de Presidente, es quien habilita a las provincias a ir en busca del crédito externo.