Londres defiende su ley para espiar a usuarios de teléfonos y computadoras

¿Quién y para qué deben tener acceso a intervenir teléfonos y computadoras de ciudadanos? Estos dos interrogantes parecen ser los que más tardan en cerrarse en la nueva ley de Poderes de Investigación que se debate en Reino Unido (Investigatory Powers Bill o IP Bill).

La ministra de Interior, Theresa May, defendió el texto en la Cámara de los Comunes, a pesar de las críticas de la ONU, diciendo que "es necesario para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y la pedofilia online".

La segunda lectura de la ley, con las últimas enmiendas incluidas, fue votada por 281 votos a favor y 15 en contra, pero este resultado no garantiza nada porque la mayoría de la oposición (Laborista y Partido Nacional Escocés) se ha abstenido en esta fase.

Tanto en las filas del gobierno como en las laboristas hay voces disidentes de la línea oficial, por lo cual la aritmética parlamentaria final está en el aire.

Los críticos de la IP Bill la llaman Snoopers' Charter (Carta de los Fisgones).

La ley obligará a las empresas a almacenar los datos (incluidos los clicks a todo tipo de dominios) de sus usuarios durante 12 meses.

El gobierno otorgará poderes a la policía y a las agencias oficiales para que consigan órdenes judiciales que permitan acceder al historial comunicativo de los ciudadanos.

La oposición quiere limitar estas competencias a la policía y las agencias de inteligencia o seguridad y excluir a otras como la Gambling Commission (Comisión del Juego) o Food Standards Agency (Agencia de Control Alimentario) que se incluyen ahora en la ley.Uno de los puntos polémicos del texto prevé que las órdenes judiciales para acceder a teléfonos u computadoras deberán ser emitidas "en el interés del bienestar económico de Reino Unido en cuanto es relevante a la seguridad nacional".