La marcha de los sindicatos del pasado viernes contra los despidos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios fue una muestra de poder que alertó al Gobierno.

Ahora, desde el Poder Ejecutivo se analizan las consecuencias negativas que podría tener un eventual veto y comenzaron a estudiar diversas alternativas para no pagar un alto costo político. En principio, la idea es que el proyecto no prospere en la Cámara de Diputados o que se realicen cambios que le quiten fuerza y que de esta manera vuelva al Senado. Esto les permitiría dilatar la entrada en vigencia de la emergencia laboral por 180 días.

La segunda alternativa es que el presidente Mauricio Macri dicte una norma que suspenda las desvinculaciones por un período menor, mientras negocia con bloques de la oposición y sindicatos. 

La tercera es que se apruebe la norma tal cual vino de la cámara alta. La opción menos querida es que se amplíe el período de emergencia a los casi dos años, cuyo proyecto obtuvo dictamen en Diputados.

De todas maneras, esta parece ser la alternativa menos viable ya que los casi 80 diputados del Frente para la Victoria, los 17 del Bloque justicialista y una decena de legisladores de extracción sindical que responden a Sergio Massa quieren que se avale la propuesta la misma propuesta que respaldó el Senado.

Es decir, durante los seis meses de vigencia de la norma, el trabajador despedido puede pedir su reinstalación ante la Justicia o una doble indemnización.

Si bien, el líder del Frente Renovador salió hace unos días a ponerle “paños fríos” a la iniciativa que preocupa al Gobierno y que marcaría su primera derrota legislativa importante, esto parece no importarle a parte “sindical” de su bloque, que presiona para que se avale la iniciativa sancionada por la cámara alta.

El excandidato a presidente propuso un plan alternativo, que consiste en premiar con beneficios impositivos a las Pymes que contrataran a menores de 25 años y mayores de 50. Si bien le interesó a parte de sus legisladores, estos quieren que sean tratados en proyectos posteriores.

Este lunes, Massa se reunió con el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto para saber si los senadores aceptarían modificaciones de Diputados al proyecto que ya votaron. Tras el encuentro, señaló que votarán la propuesta que cuenta con media sanción y que analizarán en paralelo diversas propuestas para excluir a las pequeñas y medianas empresas. Pero una pequeña parte de su bloque -que se manifestó contra la doble indemnización- votaría negativamente.

Quejas de la oposición

En tanto, el bloque de Diputados del Frente para la Victoria, a través de su titular Héctor Recalde, se quejó por la demora en el ingreso del proyecto a la cámara baja. 

 “Queda claro que están demorando intencionalmente la remisión del proyecto porque están en contra, y para evitar que lo tratemos realizan estas maniobras impropias”, señaló el ex asesor legal de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Recalde aseguró que “jamás se demoró tanto la remisión de un expediente de una Cámara a otra, un trámite que debe hacerse inmediatamente después de la media sanción”, y reclamó “a la alianza Cambiemos que no entorpezca el mecanismo de sanción de las leyes”.

Es que, además de esta demora, en el bloque opositor mayoritario creen que la intención de Cambiemos es hacer “dormir” el expediente en la comisión de Presupuesto, cuyo titular es Luciano Laspina, del PRO.

Por ese motivo, y ante el temor de que ello ocurriese, pidieron una sesión especial para el próximo jueves con el objetivo de tratar el proyecto en el recinto sin necesidad de que pase por comisiones. Pero no contaría con el apoyo de los otros bloques más numerosos (el Frente Renovador y el Bloque Justicialista), quienes quieren que continúe con el procedimiento normal y habitual.

El FPV y los “dipusindicales” de otros partidos quieren tratarla lo más pronto posible, y que los eventuales agregados que pretendan introducírsele se hagan a través de una ley complementaria que beneficie o excluya a las pequeñas y medianas empresas.

En este punto, utilizan el mismo argumento que empleó Cambiemos cuando se aprobó las leyes que permitieron concluir la negociación con los holdouts. En aquella oportunidad, se dio el visto bueno a una norma y ahora se están analizando los límites a los nuevos endeudamientos, en una propuesta distinta.

El Gobierno se mueve

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó que la norma podría ser vetada por Mauricio Macri.

“Hay en la Cámara de Diputados un par de proyectos distintos a la media sanción del Senado”, comentó Frigerio al ser consultado sobre la decisión del Gobierno sobre la norma que el oficialismo resiste.

 “Vamos a analizar, depende qué ley salga, lo que vamos a hacer desde el Poder Ejecutivo”, expresó el funcionario por radio Continental, reiterando luego que el proyecto en cuestión “atenta” contra el objetivo oficial de “generar confianza, trabajo e inversión en Argentina”.

Para evitar que Mauricio Macri pague el eventual costo político de vetar la ley de emergencia ocupacional, el Gobierno negocia, a través del Ministerio de Trabajo, con las tres vertientes de la CGT una salida alternativa.

Podría ser a través de un decreto que establezca que ninguna empresa pueda despedir injustificadamente personal sin antes pasar por una etapa administrativa en el ministerio que encabeza Jorge Triaca. De esa hipotética negociación participaría el principal sindicato de la actividad como representante del empleado cesanteado. Se activaría así una especie de comité de crisis tripartito en el que el ministerio oficiará de mediador, aunque también podría tener la palabra final para definir el curso del conflicto.

Mientras tanto, los distintos referentes del Gobierno salen a cuestionar la iniciativa por donde sea posible.

El presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Nicolás Massot, advirtió que se debe “discernir la genuina preocupación del oportunismo político”. En ese sentido recordó que en 2014, el hoy titular de la bancada FpV-PJ, Héctor Recalde, se había “manifestado en contra” de una iniciativa similar a la enarbolada hoy por la oposición.

En esa oportunidad, fue Sergio Massa el que había propuesto prohibir los despidos por 180 días. En ese entonces, el diputado kirchnerista consideró que se trataba de “una repetición” de lo hecho por Eduardo Duhalde en la época post convertibilidad, y dijo que no había “ni punto de comparación con la situación actual”, alertando que había que “tener cuidado porque estas cuestiones pueden obstaculizar la contratación de trabajo”.