El equipo económico se apresta a lanzar el blanqueo por el que apuntan a lograr que se exterioricen capitales por u$s60.000 millones. La intención es que esté vigente desde el 1 de julio con un costo, no barato por cierto, del 10% para quien mantenga sus fondos en el exterior.

La difusión de los Panama Papers dejó al descubierto a personas que no tenían declaradas sociedades de las que eran accionistas. Asimsimo entra en vigencia el intercambio de información impositiva automática sobre cuentas financieras con varios países desde 2017.

A través de un acuerdo plasmado en 2014 en Berlín, los países firmantes, podrán intercambiar datos de todo tipo de cuentas financieras, depósitos bancarios, titulos o acciones, participaciones en fondos de inversión, seguros o rentas, (incluye saldos, rentas o transferencias recibidas, persona o entidad titular). La información se intercambiará anual y automáticamente. Ya no será necesario pedir información por un caso en particular.

Hubo sugerencias de especialistas y estudios impositivos del exterior para que el costo a pagar por el blanqueo se ubique entre el 6 y el 8%. Pero primó en el equipo económico elevarlo al 10%. Eventualmente puede ser modificado al momento de su presentación en el Congreso dado que debe ser puesto en marcha a través de una ley.

En el menú que ahora definió el Gobierno se habría optado por simplificar las opciones poniendo ese costo del 10% o bien la suscripción de un bono a plazo determinado (sería a tres años para que venza dentro de la actual administración) pero con una tasa ínfima o cero, por lo que en definitiva el costo estará incluido en los intereses que se dejan de percibir por los fondos inmovilizados en ese período, señala Ámbito Financiero.

El blanqueo incluirá una moratoria para aquellos con atrasos en pagos. Y para los que estén al día al menos se actualizarán los mínimos a partir de los cuales se comienza a tributar como es el caso del de los Bienes Personales.

Como en todo proyecto de esta naturaleza, también aquí se incluirá la leyenda de que el origen de los fondos no deberá estar relacionado con actividades como el narcotráfico, terrorismo u otros similares.