La disputa en torno al cobro de regalías que la estadounidense Monsanto exige por el uso de su innovación (la soja transgénica Intacta) -sumada a las quejas por la falta de un marco legal que le asegure a las empresas la propiedad sobre las semillas- sigue alentando las diferencias entre la multinacional y el Gobierno que encabeza Mauricio Macri.

El conflicto ya suma más de cuatro meses desde que cobrara visibilidad el control sobre los granos que la compañía lleva a cabo en los puertos de exportación.

En esta contienda, poco a poco, la balanza parece inclinarse a favor de Monsanto, que ya dejó de reclamar en soledad.

Según confirmaron a iProfesional fuentes vinculadas con la multinacional, la compañía celebró un encuentro con Gustavo Lopetegui, coordinador del equipo económico del macrismo.

El hecho a destacar es que ahora lo hizo en representación tanto de sus intereses como los de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), la cámara de la industria aceitera (CIARA), la Federación de Acopiadores y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En concreto, este reclamo mancomunado implicó para Monsanto el contar, además, con el pleno respaldo de varios "peso pesado" en su disputa contra el Gobierno.

Entre ellos, empresas de la talla de Bayer, Basf, Syngenta, Nidera, Dow o Bioceres. Es decir, con el apoyo de compañías que también desarrollan soja y otros cultivos modificados genéticamente.

"Ahora somos una coalición. Si bien hay un cuarto intermedio, eso no quiere decir que Monsanto haya dejado de aplicar los controles en los puertos", aseguró a iProfesional un importante ejecutivo de la compañía.

El bloque que encabeza Monsanto ofreció concesiones al Gobierno que terminaron siendo rechazadas.

Entre ellas, eliminar el cobro automático (en los puntos de entrega y de exportación) de todos aquellos granos derivados de semillas que no fueron abonados en bolsa.

Al mismo tiempo, abrió el juego a que el testeo sea llevado a cabo por organismos del Estado y no por la empresa y que los productores sean informados en caso de que se detecten ilegalidades, para así poder ejercer sus derechos.

"No hemos planteado inconveniente alguno en que la supervisión la haga el Estado. Pero la realidad es que hasta ahora nos dijeron que no, más allá de lo que han publicado distintos medios. A partir de ahí, todo se volvió a empantanar", confirmó la fuente.

El directivo remarcó que el Gobierno no quiere modificar las condiciones de los exportadores porque, en definitiva, se estarían movilizando mercaderías en infracción, en violación de las patentes de Monsanto.

"El Estado debería permitir la inclusión de una cláusula con los ‘traders' para que se nos informe cuándo alguien entrega soja de la que no fue abonada la patente. También en esto los funcionarios se pronunciaron en contra de nuestra propuesta", señaló. 

Al finalizar el último encuentro, Monsanto y sus "coalición" se retiraron de las negociaciones muy disconformes y con una postura clara y firme: no acordar.

Por su parte, la empresa Syngenta sostuvo que está a favor del debate y de la necesidad de una nueva ley de semillas en la Argentina.

Fuentes de la empresa señalaron a iProfesional que "no forma parte de una coalición con Monsanto u otra empresa del sector en su negociación con el Gobierno por el mantenimiento del cobro de la regalía en la venta del grano".

La compañía suiza privilegia, en cambio, un debate amplio, consensuado y de largo plazo, a través de una nueva ley de semillas garantice el recupero de la inversión para todas las tecnologías del sector, sean eventos transgénicos o nuevas variedades de genética convencional

Irse de Argentina ¿una posibilidad?Desde el año pasado, Monsanto viene bregando para que ruralistas le paguen regalías por el desarrollo e innovación incluidos en sus semillas.

Al ver que la gran mayoría de los cargamentos no estaba en regla, entonces comenzó a hacer la supervisión por su cuenta en los puertos.

El Gobierno vetó esa supervisión compulsiva que venía haciendo. Entonces, la firma redobló su ofensiva anunciando que cancelaba por completo los lanzamientos de nuevos productos en la Argentina.

Tal decisión implicó la suspensión de la soja modificada genéticamente que iba a presentar, bautizada con el nombre de "Xtend". Se trata de una semilla que combina resistencia a los herbicidas glifosato y dicamba.

La salida a escena del producto, pensado por Monsanto para potenciar la expansión del cultivo en nuevas zonas agrícolas, estaba pautada para septiembre.

Pese a su disconformidad con el Gobierno, el directivo consultado por iProfesional tildó de "ridículas" las versiones que daban cuenta de que la compañía iba a quemar o a destruir sus reservas de Xtend.

"¿A quién se le ocurre que con la inversión que hemos llevado a cabo podemos llegar a tomar una decisión así?", expresó.

Añadió que el producto Xtend aún no ha sido aprobado para uso comercial en la Argentina y que cualquier accionar que se quiera realizar con la semilla requiere de la aprobación del INASE.

El desarrollo de Xtend le insumió a Monsanto un desembolso cercano a los u$s350 millones. Buena parte de ese monto se destinó a pruebas en las provincias de Buenos Aires (Pergamino) Santa Fe y Córdoba.

Además de descartar la quema de semillas, el directivo reconoció que la compañía estudia retirarse totalmente del mercado de soja si el Gobierno no flexibiliza su posición ante los pedidos del ahora "bloque semillero".

"Dejar de operar en la Argentina es una posibilidad que estamos evaluando", aseguró, al tiempo que expresó que "si no están dadas las condiciones, puede repetirse lo sucedido en 2003".

El directivo no descarta que la multinacional se vaya de la Argentina si no se le es reconocido sus derechos a cobrar por su invención.

"Esta opción está sobre la mesa de análisis, más allá de que sea la última a tomar", remarcó.

"Necesitamos una respuesta en el corto plazo y esa respuesta no está viniendo, más allá de que el Gobierno tenga en sus planes una futura nueva ley de semillas para definir criterios", añadió. 

Detalle del conflictoDesde el año pasado, previo acuerdo con exportadores, la compañía lleva a cabo en los puertos un monitoreo de los cargamentos de granos para detectar el uso "pirata" de su innovación.

En caso de detectar que la soja entregada no figura entre las bolsas comercializadas por la firma, entonces procede a cobrar una tasa de u$s15 por tonelada a quienes entregan esos granos.

Hace más de un mes, tras la fuerte oposición contra la multinacional entablada por entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Ministerio de Agroindustria dictó la resolución 140 por la que obligó a Monsanto a homologar su sistema de monitoreo.

Fuentes de esa cartera señalaron que las resoluciones dictadas son válidas para esta empresa como para cualquier otra que quiera ejercer un sistema de chequeo. "Que se sientan amenazados pasa por cuenta de la empresa", manifestaron desde el Gobierno.

A contramano de la decisión de Agroindustria, la compañía no llevó a cabo ni un solo trámite y, lo que es más, continuó con las supervisiones.

Del lado de los exportadores, la reacción no se hizo esperar. Agricultores Federados Argentinos (AFA) notificó que por el momento mantendrá sin liquidar un stock superior al millón de toneladas de la oleaginosa.

Este volumen representa un importante monto -$4.000 millones- que no se comercializará y del cual no se cobrarán retenciones. 

AFA es el noveno exportador de soja del país y viene creciendo. Ante el temor de que la decisión de no exportar granos se haga extensiva a otros jugadores de la cadena, Agroindustria se mantuvo firme en la postura de no permitir el monitoreo por parte de Monsanto.

Este conflicto se suma a la disputa que la cooperativa mantiene con esta compañía desde el año pasado, a raíz de la campaña de soja en el Noroeste del país, que derivó en una contienda judicial en los tribunales de Salta.

En 2015, la multinacional demandó a AFA por infringir su patente por la tecnología Intacta, dado que comercializó soja de esa variedad sin licencia. La causa todavía está en proceso.Predominio de un giganteMonsanto es la comercializadora de toda la tecnología aplicada a la soja que hoy se vende en la Argentina.

Su invención llega a los productores a través de las semillas que luego desarrollan compañías como Don Mario y Nidera.

La firma introdujo su primera (semilla) transgénica en 1996. Lo hizo a través de RR -"Roundup Ready"- que incorporaba resistencia al glifosato, elaborado también por la empresa.

Luego de seducir a todo el sector rural con productos genéticamente modificados, se focalizó en la obtención de regalías por la innovación tecnológica aplicada a los cultivos.

Sin embargo, cuando Monsanto quiso exigir "su parte", fue demasiado tarde: nunca se le reconoció la patente de la RR en la Argentina, por lo que no pudo obtener ingresos derivados de su invención.

Fue así que, a modo de compensación, la firma orientó su negocio a la comercialización de agroquímicos, de la que pudo obtener ganancias millonarias.

En instancias previas al lanzamiento comercial de otro producto -en este caso Intacta-, la firma no quiso volver a pasar por la mala experiencia que debió transitar en los años 90.

Es por eso que en 2014 comenzó a ajustar los controles de las exportaciones con el propósito de erradicar la "piratería" de su nueva genética.

En este contexto, comenzó a negociar acuerdos con los exportadores para poder revisar todos los cargamentos de soja que salgan de la Argentina y así detectar el uso de biotecnología no abonada.

En otras palabras, buscó establecer un control privado sobre los envíos al mundo con el fin de poder cobrar por su innovación.