La pelea que la oposición busca dar en la Justicia y las críticas que se desencadenaron esta semana por el uso de la base de datos de la ANSES por parte de la Secretaría de comunicación, no detienen al Gobierno de Mauricio Macri, en donde ya se trabaja en la elaboración de otros convenios con distintas dependencias del Estado para que sean usados para su política comunicacional.

La base de datos de la ANSES contiene un importante almacenamiento de información de la mayoría de los argentinos. Pero hay otras dos organismos que también llegan a cubrir datos de la casi la totalidad de la población y son el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el PAMI y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A ellas también busca llegar la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación que depende del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Por ello, en medio de la polémica, las distintas áreas legales del Gobierno avanzan en el borrador de convenios con estas dependencias. Con la AFIP, el contrato en el que se trabaja tiene distintos agregados, ya que varios de los datos de la cartera que comanda Alberto Abad, poseen secreto fiscal.

Con la información del Renaper, la Secretaría de Comunicación poseerá los datos filiatorios de los más de 43 millones de argentinos. Según el propio ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda sólo aproximadamente 600 mil habitantes aún no tienen DNI.

Pero además de esta información, con la implementación del nuevo DNI durante la gestión kirchnerista, quienes lo tramitaron podían dejar su número de teléfono y email para ser contactado. Estos datos se sumarán a los millones de emails, telefonos fijos y celulares que se obtienen con la ANSES (diez millones de contactos).

Nuevos sectores de la oposición se sumaron a los cuestionamientos por la resolución del oficialismo de acceder a datos personales del Estado, luego de la denuncia penal presentada por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por “violación de secretos” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

En diálogo con Perfil, la diputada por el Frente Renovador, Graciela Camaño, desestimó los argumentos de Cambiemos: “No se sustenta en los hechos que el Gobierno quiera hacerse de esta información. El oficialismo ya posee una estructura de medios en el manejo de redes sociales lo suficientemente grande para comunicar sus acciones”.

Camaño aseguró que su bloque va a utilizar “todas las herramientas legislativas” para poder dar marcha atrás con esta resolución. En la causa judicial también fue denunciado el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso.