Acorralado por la crisis política generada por el freno judicial al aumento de las tarifas de gas y electricidad, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, recibió a los máximos representantes privados de la industria petrolera.

En principio, congeló por 90 días el precio de las naftas, a pesar de que había un acuerdo para subir un 5% este mes y otro tanto en noviembre.

Por otro lado, se convino que para que las refinadoras puedan mantener sin cambio los surtidores, las productoras de crudo reduzcan el precio interno del petróleo:

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- Un 4% en septiembre

- Otro 6% en octubre.

De esta forma, el Gobierno cambia una estrategia que venía desde la era de Cristina Kirchner, sostenida hasta ahora por Mauricio Macri.

La misma consistía en  fijar un precio local (el tipo Medanito a u$s67,50 y el Escalante a u$s54,90) por encima del internacional (hoy en torno a 50 dólares).

En ese plan la idea era "sostener la producción" aún a costa de que los automovilista pagaran más para llenar el tanque.

En la oficina del ministro estuvieron altos directivos de la estatal YPF, de PAE, de la familia Bulgheroni, y de la holandesa Shell, donde Aranguren fue CEO hasta hace un año y medio.

Esta definición es seguida de cerca por un ala del Ejecutivo, que empezó a promover durante las últimas semanas una convergencia del precio interno del crudo.

Incluso economistas liberales del riñón de Cambiemos como el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, y del Banco Nación, Carlos Melconian aseguran que se pagó un costo político para el Gobierno.

Esto, porque tuvo que autorizar una suba del 32% de los combustibles (desagregada en cuatro remarcaciones) y, sin embargo, la inversión en los yacimientos decreció.

Hoy están activos 83 equipos de perforación en todo el país contra los 122 de junio pasado. 

La posición de los productores es otra. "Es verdad, la cantidad de equipos de torre en operación descendió, pero si no se hubiera tomado, la actividad se habría derrumbado", explicaron.

En el compromiso firmado ayer, además, se incluyó la creación de una mesa para discutir la productividad en la industria petrolera, una obsesión del coordinador de la jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui.

Participarán las empresas, el gobierno nacional, los provinciales y los sindicatos, con el objetivo de "readecuar la industria a la situacion del escenario internacional por debajo de los 50 dólares el barril".

Habrá que estar alerta en el clima social en los yacimientos, porque se pondrán sobre la mesa, cambios de regimen laboral, y se revisarán las llamadas "horas taxi" y la "simultaneidad de tareas", entre otras demandas de las grandes empresas del sector.

En la práctica, la decisión de evitar una nueva remarcación en surtidores va a contramano de lo acordado verbalmente con las petroleras en enero.

En ese entonces,  se fijó un cronograma según el cual restan dos subas en surtidores, una prevista para agosto del 5% y la otra similar para noviembre. Por distintos motivos, el Gobierno no está dispuesto a avalar esos incrementos, según Perfil.

En lo político, la crisis por las tarifas no deja margen para aplicar una nueva suba en la antesala de la resolución de la Corte Suprema. Sería tensionar innecesariamente la agenda a días de una decisión clave.