La extrema prudencia que mantienen sobre el blanqueo los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene un motivo de fondo bastante atendible: cumplido un mes del llamado "sinceramiento fiscal", el Gobierno sólo recaudó hasta el momento $42 millones en concepto de impuestos por el total de la exteriorización de dinero o activos que los argentinos tenían en negro.

Una cifra demasiado lejana, por ahora, de los u$s4.000 millones que como mínimo tiene previsto captar el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, hasta el 31 de marzo de 2017.

En los bancos advierten que es prematuro para considerar que el arranque es poco auspicioso, porque hasta la semana pasada la mayoría de ellos no tenía disponibles las plataformas para acceder a la convocatoria fiscal. Con todo, en las mesas advierten que muchos clientes se demoran porque especulan con una eventual reducción del impuesto que deben pagar (hoy es del 10% cuando superan los $800.000).

"Es carísimo: es proporcional a no haber pagado por 10 años el Impuesto a los Bienes Personales. Una barbaridad", se lamentaron en una entidad nacional que, hasta ayer, había cosechado poco menos de un millón de dólares de todos sus clientes. La mayoría, dicen, espera que el Gobierno dé marcha atrás y modifique el gravamen para que el blanqueo se reactive un poco más. "Es lo que pasa siempre: todos miran, esperan y aceleran sobre el final", completó un banquero.

En una de las entidades extranjeras, que pusieron en marcha el sistema hace exactamente diez días, recibieron decenas de consultas, pero abrieron apenas dos cuentas para clientes. Sólo uno de ellos ya realizó el trámite ante la AFIP y llevó las divisas en efecto: depositó apenas u$s20.000.

En la oficina de prensa de AFIP recordaron ayer, ante la consulta de Ambito, que sólo darán las primeras estimaciones después del 31 de octubre, cuando venza el primer plazo: el del blanqueo del efectivo no declarado, previsto para el 31 de octubre próximo.

La recaudación es por ahora tan exigua que en el Gobierno ya consideran que será insuficiente para hacer el primer pago de la llamada "reparación histórica" para los jubilados. Y que es probable que tenga que ser el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES el que deberá realizar los pagos.

Esto a pesar de que la idea inicial había sido afrontar las nuevas sentencias con lo obtenido mediante el "sinceramiento fiscal". Y que, recién una vez después de que esto fuera saldado, se recurriera al flujo que obtiene la ANSES por el rendimiento de los activos de su FGS, que estiman en alrededor de $75.000 millones al año.

Al mismo tiempo, el fondo de la ANSES sufre la descapitalización que le imponen otros "manotazos" estatales: por ejemplo, la decisión del Tesoro de renovar todos los vencimientos de la deuda pública que el FGS tiene en su poder (el Ministerio de Hacienda cuenta con esto para poder cumplir su programa financiero); y, también, el pago que debe hacer a las provincias por las obligaciones asumidas por el fisco.

Sólo por este último concepto, el fondo de los jubilados ya desembolsó $35.000 millones desde julio hasta hoy. Realizó retiros por $12.000 millones de los plazos fijos que tiene en bancos y rescató $10.000 millones de los Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Nada, a esta altura, sorprende demasiado: la Argentina pareció haber entendido ya, después de las últimas décadas, que todo lanzamiento de un plan económico se inicia con un manotazo sobre algún "gran stock".